Queja unánime del Senado frente a la ola de violencia

La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas una declaración -votada por unanimidad- en la que se expresa su preocupación por los hechos de violencia que han sufrido los santafesinos, en los últimos días, tanto contra la vida como la propiedad privada.

Los jefes de los tres bloques acordaron antes de la sesión un texto en el que -sin medias tintas- se habla de la “ola de violencia” y se repasan las estadísticas sobre asesinatos en la provincia (con especial foco en Rosario y La Capital), así como los reiterados ataques a productores agropecuarios, en particular, silobolsas.

En la declaración merece un párrafo aparte el crimen del ex concejal de rosarino, Eduardo Trasante. En nombre del interbloque de la oposición, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) habló de la ausencia de resultados en la gestión del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y pidió dejar de lado el seguimiento de sus declaraciones altisonantes para insistir sobre un número temible: los homicidios ya son más de 200 en la provincia.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud habla de “una epidemia” en la criminalidad cuando se supera la tasa de 10 asesinatos cada 10 mil habitantes y advirtió que en Rosario esa proporción se ha superado, con el 13,1 y que La Capital se acerque tanto con el 7,6 cada 10 mil.

El legislador subrayó que el crimen del ex edil de Ciudad Futura conmociona a toda la provincia y volvió sobre los aspectos más salientes de su trágica historia: al pastor le mataron dos hijos, en 2012 y 2014 y fue ultimado “por dos sicarios que ingresaron a su propiedad a las 3 de la tarde y se fueron caminando sin mayores sobresaltos hasta abordar un vehículo”. Michlig reclamó que haya justicia, al tiempo que destacó: “pretendemos que se esclarezca cuanto antes ese trágico hecho y que el ministro de Seguridad tome conciencia de lo que está ocurriendo”.

Sain, sin defensa

El radical hizo una autocrítica al decir que en la Cámara “todos los senadores hemos estado siempre preocupados por la inseguridad, desde hace años” pero “hoy lo estamos más aún”.

Por otra parte, destacó que sorprenden por su violencia y por las pérdidas que provocan los delitos en zonas rurales. “Veíamos hasta hace poco que este problema era lejano, de la Provincia de Buenos Aires y ahora vemos que ocurre en todo el territorio santafesino”, lamentó.

El discurso de Michlig -en videoconferencia- sirvió tanto para argumentar en favor del proyecto de declaración que toda la Cámara hizo suyo (ningún senador del oficialismo defendió al ministro), como para explicar las razones de un pedido de informes, que presentó junto a su correligionario Lisandro Enrico (UCR-General López) que reclama precisiones sobre el fenómeno de las vandalización y/o robo de granos en silobolsas. Expuso el caso de dos productores de San Cristóbal que explotan un campo que en términos rurales no es grande, tiene 150 hectáreas y está dedicado al ganado. Les destrozaron sus silobolsas y el sorgo que contenían era suficiente para los próximos siete meses: estaba valuado en unos 600 mil pesos. “No les robaron nada, es muy extraño”, subrayó respecto de los móviles al tiempo que mencionó posibles razones “ideológicas”.

“Se ataca a los que producen, a los que dan trabajo, a los que generan divisas que necesita el país”, destacó.

El senador subrayó que el pedido de informes pregunta al ministro si existe un registro respecto de cuántos han sido los ataques de esta naturaleza, si hay un mapa de ellos, si se han reforzado zonas, si se ha dado más elementos a la Guardia Rural Los Pumas y si existe alguna política provincial para enfrentar “esto que parece ser una moda”.

“Lamentablemente, solo advertimos del ministro declaraciones altisonantes y se niega a trabajar con los senadores, con los intendentes y con los presidentes comunales. Le decimos que estamos dispuestos a ayudar a colaborar con su ministerio para que haya una respuesta desde el Estado. No nos gusta tener que decirles a los productores atacados que en el ministerio de Seguridad tenemos las puertas cerradas”, expresó.

El opositor subrayó que el Senado santafesino toma al problema de la inseguridad como un asunto que está por sobre las diferencias partidarias, recordó que cuando al Frente Progresista le tocó gobernar la provincia nunca su bloque intentó ocultar los reclamos y ponderó la decisión política de sus pares del justicialismo de aprobar por unanimidad la declaración.

Redes y servicios

La Cámara de Senadores acordó votar una preferencia para tratar, dentro de dos sesiones, el mensaje del Poder Ejecutivo que pretende convertir a la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM en Santa Fe Redes y Servicios SAPEM, mediante una profunda modificación de la Ley 13.527.

El mensaje del gobernador Omar Perotti añade a la Sociedad Anónima con Participación del Estado Mayoritaria que había sido diseñada para obras de gas y de energías verdes otros desarrollos, vinculados con la conectividad y las comunicaciones.

La iniciativa del Ejecutivo se discutirá en tres comisiones: de Economía, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Cambia los artículos 1, 3, 20, 21 y 26 de aquella norma, que nació en marzo de 2016.

Marcón y un operativo antibanderazo

El senador por General Obligado, Orfilio Marcón, lamentó en una extensa oposición durante la telesesión de la Cámara alta, que el gobierno provincial haya organizado un operativo de control que buscó perjudicar a la manifestación contra la intervención de Vicentin, en la ciudad de Avellaneda.

El radical subrayó que no hubo el mismo celo en los controles por la pandemia para llegar a Reconquista (donde hubo otra manifestación a favor de las autoridades nacionales y la expropiación de esa firma).

Marcón dijo que el jefe de la policía, comisario Sarnaglia, le dijo que los controles serían con el mismo procedimiento en ambas manos del puente que une a esas ciudades. Pero el senador subrayó que “no fue así” y que “los controles se hicieron solo en dirección norte-sur”, para perjudicar al banderazo opositor.

Expresó que por primera vez desde que comenzó la pandemia “se pidió a los automovilistas los permisos de circulación que se emiten a nivel nacional” y que la policía se ubicó allí solo una hora y media antes de que comenzara la protesta.