“Amenazas a funcionarios y visita del Papa”: las razones que llevaron a militarizar Olivos

“La Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar”, dijo el presidente Javier Milei el domingo en una entrevista a un medio televisivo. No solo eso: también advirtió que entre el año pasado y lo que va de 2026 fueron deportados “30.000 terroristas: “Son gente que se infiltra de otros países para tratar de dinamitar el modelo argentino", alertó.

Como era de esperar, el tema despertó reacciones e interrogantes de todo tipo apenas se propagó en medios y redes, y llegó a la habitual conferencia de prensa que el vocero presidencial Adrián Ravier organiza los martes en Casa Rosada.

A partir de los dichos del funcionario, habrá más preguntas: los cambios en Olivos “obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV (prevista para noviembre) que nos implica cambios en seguridad”, dijo.

Es más: Ravier profundizó en esa línea y habló de un “cambio en el eje de la política nacional”. Así, “lo que refiere a la protección de la Quinta de Olivos y de Casa Rosada requiere de medidas de seguridad al Presidente. Casa Militar se está haciendo cargo de toda residencia en la cual el Presidente esté. Esto implicó cambios de personal”, dijo el vocero.

Sobre qué funcionarios habían recibido amenazas y de qué tipo no amplió.

“Infiltrados” y “terroristas”

Sobre los “30.000 terroristas deportados” también hubo una seguidilla de consultas a Ravier, dentro de las cinco preguntas que se admiten en cada rueda de prensa de los martes.

En este tema, el vocero se remitió a informes del Ministerio de Seguridad para ofrecer detalles, no sin antes asegurar que hasta diciembre de 2023 “las fronteras de la Argentina eran un colador”, de los cambios en la reforma migratoria.

“Hoy estamos protegiendo nuestras fronteras y estamos analizando nuestros ingresos”, en el marco de un cambio en la política de Estado en materia de seguridad.

De la región

Así, según informes de la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se contabilizan 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026, en los cuales el 72,3 % responde a extranjeros que fueron rechazados o no admitidos por tener “perfiles de riesgo, penas detectadas o que no cumplen con los requisitos para ingresar”. El 21,7 % son de Brasil; 21 % de Paraguay; 18,8 % de Bolivia; 5,5 % de Chile y el 5,3 % de Colombia. El resto son de otros países.

En relación con los expulsados y deportados, son personas extraditadas o con alerta roja de Interpol. En este caso, el 24,4 % son de Paraguay; 18,1 % de Perú; 17,9 % Bolivia; 15,1 % Chile, y 8,7 % de Colombia. El resto pertenecen a otros países.

Las cifras de Ravier no llegan a los 30 mil mencionados por el Presidente el domingo, dato que se explica, según el vocero, en que “incluyó casos anteriores al 1° de diciembre de 2025 que es lo que contabiliza este informe”.

Acerca de si las nuevas medidas de seguridad en las residencias del mandatario tienen relación con la supuesta actividad terrorista de quienes tuvieron negado su ingreso al país, Ravier consideró que “son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o que por distintas razones no ingresan”, aportó.