Apenas finalizado el año 2025, que marcó la mitad de mandato del presidente Javier Milei al frente del Ejecutivo nacional, ya se anticipa actividad legislativa para la segunda parte del verano: enero será menos un remanso que un mes de febril rosca política.
Lograda la aprobación del Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre, el gobierno apunta a los primeros días de febrero para que el parlamento argentino reanude el debate, esta vez acerca de la Reforma (o “modernización”) Laboral y la Ley de Glaciares.
Si logra este objetivo, llegará al 1º de marzo, fecha de inicio del período ordinario de sesiones, con varias metas logradas, al menos las que se propuso como prioridad al momento de convocar a extraordinarias desde el 10 de diciembre.
En el último mes del año se aprobó también la Ley de Inocencia Fiscal.
Cambios en el trabajo
En materia laboral, las modificaciones que promueve la Casa Rosada, con resistencias del sindicalismo, tienen a la flamante senadora nacional por CABA, Patricia Bullrich, como la principal espada del oficialismo.
Patricia Bullrich, senadora nacional por CABA y principal espada del oficialismo en la Cámara alta. Foto: Archivo.
Si bien el texto inició su paso por comisiones, en diciembre no estuvieron asegurados los números para que la reforma pase el cedazo del Congreso, por lo que su discusión deberá esperar algún tiempo más y, muy probablemente, traerá consigo conflictos con la oposición y el sindicalismo.
Algunos de los cambios que impulsa el oficialismo, con el apoyo de bloques aliados, consisten en la ampliación de servicios considerados esenciales, lo que redunda en un recorte del derecho a huelga.
Además, se propone la creación de un banco de horas donde se acumularían las extras trabajadas, que el empleado podría utilizar para compensar con días libres o jornadas reducidas; vacaciones fraccionadas y modificaciones sustanciales en el régimen de indemnizaciones.
El otro proyecto con dictamen que podría ser debatido en febrero es el de modificación a la ley de Glaciares. "Está más avanzado, es mucho menos conflictivo", opinó una voz del oficialismo en la Cámara alta, que consideró al texto como "algo impulsado originalmente por las cinco provincias mineras".
Discapacidad
No obstante, que en las agendas de Diputados y Senado no figuren actividades oficiales ni reuniones de comisión, no significa que el debate político se haya “apagado” junto con el primer cuarto de siglo.
El anuncio que realizó este martes el Jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su paso a la órbita del Ministerio de Salud, dejó en el camino un rosario de críticas y no parece que el tema se termine con el último día de diciembre.
En esa línea se pronunciaron Germán Martínez (UxP), Mónica Frade (CC), el socialista Esteban Paulón y Pablo Juliano (Provincias Unidas), entre otros que recordaron que hay en curso una investigación sobre supuestas coimas en ese organismo (ahora disuelto) durante la actual gestión nacional.
A esto se suma la falta de aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó, el gobierno vetó, ambas cámaras ratificaron y Nación decidió no aplicar.
El reclamo de personas con discapacidad se mantuvo durante todo el año y continuará con el anuncio del cierre de la Andis. Foto: Archivo.
Fue un año difícil para el sector que en varias oportunidades debió salir a la calle para reclamar por la falta de actualización de montos de pensiones y prestaciones.
Según datos de Chequeado.com, en 2025 el Gobierno inició un proceso de revisión de las pensiones por discapacidad y suspendió más de 100 mil beneficios.
Es recordada la imagen de Adorni en conferencia de prensa, con la radiografía de la cola de un perro que, según dijo entonces el vocero, había permitido otorgar una pensión por discapacidad. Esa fue una de las “pruebas” que ofreció el gobierno para explicar la baja de un número considerable de pensiones, aunque se supo luego que ésta nunca había sido otorgada.
En octubre de 2025 “el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó la restitución de todas las pensiones, en medio de denuncias por irregularidades en la auditoría oficial. Finalmente, el Gobierno cumplió ese mismo mes la orden judicial”, recuerda Chequeado.
Además, un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó que “en el Presupuesto 2026 figuran 155 mil pensiones menos que en 2025. En tanto, los fondos destinados al pago de estos beneficios caen 18,7% real con respecto al 2025 y un 33,1% en relación con 2023”.
Código Penal
A todo esto, la reforma del Código Penal que estaba incluida en el temario de convocatoria a extraordinarias, no sería tratada antes de marzo, debido a la extensión y complejidad del proyecto.
La propuesta oficial promueve un endurecimiento generalizado de las penas, la no prescripción de algunos delitos graves como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico, e incorpora nuevos delitos, como el cibercrimen con inteligencia artificial, además de una baja en la edad de imputabilidad.