A una semana de que el Congreso nacional vuelva a activarse en extraordinarias, Diego Santilli acelera la recorrida por las provincias con la prioridad puesta en acercar posiciones para lograr apoyos en la reforma laboral.
El ministro del Interior visitará otras dos provincias buscando asegurarse apoyos clave en el Senado donde el oficialismo necesita llegar a 37 voluntades para tratar el proyecto en febrero.

A una semana de que el Congreso nacional vuelva a activarse en extraordinarias, Diego Santilli acelera la recorrida por las provincias con la prioridad puesta en acercar posiciones para lograr apoyos en la reforma laboral.
El Ministro del Interior sumará esta semana viajes a Corrientes y Misiones para reunirse con los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua como parte de los diálogos para el proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
La fecha de los encuentros todavía no está confirmada, aunque desde corrientes se deslizó la posibilidad de que sea entre jueves o viernes, mientras que aún no está cerrado el encuentro con el misionero que viene postergándose desde hace algunas semanas.
La elección de estos dos destinos no es casual. Tanto Valdés como Passalacqua orbitan en espacios aliados al oficialismo libertario como lo son Provincias Unidas y el Frente Renovador de la Concordia.
Si el Gobierno logra sumar respaldos desde esos bloques, la lista de provincias con guiño favorable pasaría a diez: hasta acá, el Ejecutivo ya computa el acompañamiento de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), además de otros acuerdos ya cerrados en la ronda previa.
En la provincia correntina, la negociación viene con matices. El nuevo gobernador Juan Pablo Valdés, hermano del ex mandatario Gustavo Valdés, avisó que el tema no está “automaticamente” cerrado.
Según dijo al ser consultado en el cierre de la Fiesta Nacional del Chamamé, primero va a “debatir los pros y contras” del texto y recién después fijará posición. Y soltó la frase que el oficialismo anota con resaltador: “Hay algunos puntos que nos preocupan”, dijo ante medios locales, y agregó que mirará con atención que “no se violentan los derechos de los trabajadores”.
Esa cautela marca una diferencia con el clima que había culminado la gestión anterior. Días antes de entregar el mando, el exgobernador Gustavo Valdés había recibido a Santilli y anticipó el acompañamiento a las reformas estructurales en reuniones con funcionarios nacionales. Esa diferencia generó el primer ruido público entre ambos a poco más de un mes del cambio de gobierno.
Corrientes tiene un peso propio en el Congreso. El Gobierno necesita en la Cámara alta 37 voluntades sobre 72 para dar luz verde a las reformas. Y, llegado el caso, Corrientes puede aportar votos determinantes: el oficialismo correntino tiene tres senadores —los dos por la mayoría, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y el de la minoría, Mauricio “Camau” Espínola, que se alineó al valdesismo en 2025—. En una votación fina, esos nombres valen oro.
En Misiones, el cuadro es distinto. Santilli también visitó la provincia a fines de noviembre y, según los datos de la negociación, tendría una posición más cercana tanto con el gobernador Hugo Passalacqua como con Carlos Rovira, señalado como el principal ordenador del poder local.
El distrito también puede aportar tres votos que el oficialismo mira con ansiedad. El Frente Renovador puede poner sobre la mesa a Carlos Arce y Sonia Decut, mientras que la banca por la minoría corresponde a Martín Goerling, del PRO.
Pero de aquella visita del ministro, en Misiones se complicó el panorama financiero. De acuerdo a lo que informan medios locales, el gobierno provincial tuvo que desdoblar el pago del medio aguinaldo, lanzó una moratoria impositiva y congeló el pase a planta permanente en el Estado. Por lo que la discusión adquiere ahora una nueva necesidad .
El proyecto ya tiene dictamen que el oficialismo consiguió el pasado 11 de diciembre e incorporó cambios que exigirían sumar más adhesiones para garantizar la aprobación artículo por artículo. Entre esos ajustes figuran la posibilidad de pagar indemnizaciones en pymes en 18 cuotas y la definición de que los sueldos se abonarán solo con dinero en moneda nacional o extranjera.
El oficialismo apunta a llegar con el terreno lo más “limpio” posible a febrero. La intención, según el esquema que manejan en la previa, es que el Senado trate la reforma en las primeras semanas de febrero. En esa estrategia, mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, negocia con la UCR, el PRO y bloques provinciales, Santilli hace el trabajo de base con los gobernadores.
Uno de los puntos que más tensión genera con las provincias es la reducción de alícuotas de Ganancias para las empresas, porque impacta de lleno en sus recursos. El paquete contempla bajar el impuesto a las sociedades del 35% al 31,5%, y los gobernadores aliados advierten que esa disminución implicaría una pérdida de 1,2 billones de pesos para las arcas provinciales. Ahí está el nudo: apoyo político sí, pero no gratis.
En el poroteo, el oficialismo cuenta con 21 senadores propios, a los que sumaría tres del PRO y siete de los diez radicales. Con el respaldo de Sáenz y Figueroa, el Gobierno calcula que podría llegar a 33 votos, aunque todavía necesitaría cuatro más, que podrían provenir de provincias como Misiones, Chubut y Corrientes. Aunque también hay resistencias dentro de la UCR y algunos legisladores provinciales.
Otro tramo sensible es el de la ultraactividad de los convenios: se estableció que se mantendrán por un año las cláusulas normativas (condiciones laborales), pero no las obligaciones, como los aportes solidarios que muchas empresas realizan a cámaras empresariales y gremios. Además, persiste el reclamo de varios bloques por cambios en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, con la discusión abierta sobre que no se solvente con aportes que deberían ir a la Anses.
Además, la mesa política del Gobierno definió este lunes que incorporará al temario de extraordinarias las modificaciones de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que ambos proyectos estarán en la agenda, lo que obligará a ampliar la capacidad de negociaciones en un corto período de tiempo.




