Santa Fe: reglamentaron la ley que busca poner fin a los robos de metales no ferrosos

El Poder Ejecutivo reglamentó seis artículos de la Ley N° 14.191 que dispuso la creación del "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos". El objetivo de la norma es poner fin a los robos de cables de empresas de servicios públicos así como elementos de cobre de dispositivos de seguridad de medidores de esas mismas empresas e incluso de viviendas particulares.

El texto sancionado (art. 2) entiende por metales no ferrosos "a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde éste es componente principal, conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre otros".

La mencionada ley fue sancionada en marzo de este año y fue fruto de un trabajo llevado adelante por la Cámara de Diputados que realizó audiencias en las cinco cabeceras judiciales para discutir proyectos de Oscar Martínez (Frente Renovador) y Lionella Cattallini (PS). Fue en esas audiencias donde empresas de servicios públicos (Telecom, EPE, Litoral Gas, ASSA y servidoras de cables) fueron dando precisiones sobre los daños sufridos en la vía pública y en la prestación de los servicios por los robos padecidos en sus líneas o en sus medidores. Se discutió también la cadena de comercialización originada a raíz del robo en la vía pública. En la audiencia en esta capital, el entonces fiscal regional, Carlos Arietti, llegó a hablar de cientos de negocios no habilitados en la zona de La Capital.

Diputados votó el tema antes del receso del año pasado y el Poder Ejecutivo lo incluyó en Extraordinarias de principios de año y el Senado lo terminó de sancionar en febrero pasado.

Según la reglamentación, el nuevo registro dependerá de la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, chatarrerías, Comercio de compraventa de repuestos usados y de compraventa de bienes usados no registrables (RE.DE) que funciona en el Ministerio de Gobierno y cuyo titular es Mauro Decándido, ex intendente de Carcarañá.

Si bien la nueva norma crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos "en el cual deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de carácter comercial o industrial, sea como actividad principal o accesoria, en forma permanente o eventual con metales no ferrosos", la reglamentación pone ese organismo dentro del RE.DE que viene funcionando desde hace varios años. Pero también dispone que las municipalidades y comunas deberán ajustar los procedimientos de habilitación a ese tipo de establecimientos al registro que ya viene funcionando.

El otro aspecto reglamentado es el referido a la inspección, control y eventuales clausuras. La decisión del Ejecutivo es que la tarea sea coordinada por la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Gobierno pero en el marco de la llamada mesa de coordinación interinstitucional prevista por la misma ley, pero también realizados los operativos por personal del RE.DE. con el apoyo de las fuerzas de seguridad e inmediata intervención del Ministerio Público de la Acusación.

La mesa de coordinación interinstitucional tendrá representantes de los ministerios de Gobierno, Seguridad y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat aunque coordinada por el titular del RE.DE que determinará a propuesta de los integrantes de la misma, las acciones especificas y responsabilidades de los organismos que la conforman. Prevé además que cuando la naturaleza de los asuntos a considerar lo hiciera necesario convocará a legisladores provinciales, otros ministros, secretarios, a las máximas autoridades de los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado Provincial, a integrantes del Poder Judicial de la Provincia, a las autoridades superiores del MPA, a intendentes, presidentes comunales y organizaciones de la sociedad civil.

Por último, la reglamentación faculta al ministerio de Gobierno a celebrar convenios con organismos especializados, universidades públicas y privadas y asociaciones de la sociedad civil para realizar de manera conjunta actividades, capacitaciones y proyectos que tengan como objeto concientizar y contribuir a la prevención en la comisión de delitos contra la propiedad cuyo objeto sean los materiales no ferrosos.

Sobre fines de 2003, la Legislatura dictó la Ley Nº 12243 que creó el Registro Provincial Único de Desarmaderos de Automotores (automóviles, vehículos utilitarios livianos, ómnibus, camiones, tractores, chasis con motor, remolques y semiremolques, carrocerías, motos y motonetas), chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos usados. La norma indicaba claramente que el objeto fijado era "controlar, fiscalizar y monitorear el destino que se le confiere a los bienes enunciados", en vista del delito que crecía en esos años que era el robo de ese tipo de vehículos para introducir autopartes en el mercado.

Ahora se apunta a cortar el circuito ilegal de metales no ferrosos. Ese tipo de robos deja incomunicadas zonas de ciudades por robos de cables de telefonía, de internet o de televisión por cable, pero también afecta medidores de ASSA y de Litoral Gas, según denunciadas escuchadas en Legislatura.

Inhibidores en Piñero

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, brindó detalles de la instalación, período de prueba y puesta en marcha del sistema de inhibición de señal implementado en la Unidad Penitenciaria N°11, ubicada en Piñero. Dicho sistema fue desarrollado por Invap y posee aparatología proveniente de Israel. "Estamos hablando de una erogación cercana al millón de dólares para incorporar esta tecnología que nos permite ya pasar a la etapa de prueba, e iniciar con una fase uno, que es la inhibición total en el interior de la cárcel. Hemos empezado con Piñero, vamos a seguir con Las Flores, Coronda y las otras cárceles de Rosario y todo el ámbito de la provincia", explicó.

A esta nueva tecnología se suman los scanners corporales y arcos detectores de metales. "Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar".