Designaron a Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación

El Gobierno nacional oficializó la designación de Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación, un cargo clave dentro de la estructura del Estado argentino.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de una serie de decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el marco de una reorganización interna del área judicial del Ejecutivo.

La Procuración del Tesoro es el organismo encargado de representar legalmente al Estado nacional y de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo en cuestiones de relevancia institucional. Con este nombramiento, Amerio reemplaza a Santiago Castro Videla, quien se desempeñaba en el cargo desde 2025 y continuará dentro de la estructura como subprocurador.

Un cambio dentro del área de Justicia

La designación de Amerio se produce en el contexto de cambios en el Ministerio de Justicia tras la llegada de Juan Bautista Mahiques a la conducción de esa cartera. En ese proceso de reestructuración se dispusieron modificaciones en distintos cargos del área, entre ellos el de la Procuración del Tesoro.

El nombramiento se formalizó mediante los decretos 141, 142 y 143 de 2026, publicados en el Boletín Oficial. En esas normas se aceptó la renuncia de Amerio como secretario de Justicia y también su salida como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, funciones que desempeñaba hasta ahora.

En paralelo, el Gobierno designó al abogado Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Estas decisiones forman parte de una reorganización que busca redefinir el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia y sus organismos vinculados.

Según fuentes oficiales, Amerio asumió formalmente sus funciones el 6 de marzo. Su llegada a la Procuración del Tesoro implica pasar a encabezar el cuerpo de abogados que asesora al presidente y defiende los intereses del Estado nacional en tribunales locales e internacionales.

La Procuración del Tesoro tiene un rol estratégico dentro de la administración pública, ya que interviene en litigios de alto impacto económico e institucional, además de emitir dictámenes jurídicos sobre decisiones del Poder Ejecutivo.

El rol del organismo

El nuevo procurador del Tesoro tendrá bajo su responsabilidad la coordinación del equipo de abogados del Estado y la definición de estrategias jurídicas en causas que involucran al país. Entre los temas que se encuentran en agenda se destacan litigios internacionales y disputas judiciales vinculadas a decisiones económicas del Estado.

Uno de los casos que concentra mayor atención es el relacionado con la expropiación de la petrolera YPF, un litigio que se tramita en tribunales internacionales y que podría tener un impacto significativo en las finanzas públicas. La Procuración del Tesoro participa activamente en la defensa del Estado en ese proceso judicial.

Además de intervenir en litigios, el organismo tiene la función de asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo en decisiones administrativas y regulatorias. Sus dictámenes suelen orientar la interpretación legal de políticas públicas y proyectos normativos impulsados por el Gobierno.

En este contexto, el Ejecutivo decidió mantener dentro de la estructura de la Procuración a algunos de los funcionarios que ya formaban parte del organismo. Entre ellos se encuentra el propio Castro Videla, quien continuará como uno de los subprocuradores. La nueva estructura contempla la existencia de tres cargos en esa categoría.

Amerio llega al cargo tras desempeñarse como secretario de Justicia, posición en la que participó en el impulso de distintas iniciativas vinculadas a reformas en el sistema judicial y a políticas orientadas a modernizar la gestión del área.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo del nombramiento es fortalecer el perfil político y técnico de la Procuración del Tesoro en una etapa considerada clave para la defensa jurídica del Estado. El organismo se encuentra involucrado en causas de gran relevancia económica y también en el análisis legal de medidas impulsadas por la administración nacional.