El Senado le dio media sanción al acuerdo con los bonistas del 2001

El Senado de la Nación dio media sanción al acuerdo de pago por 171 millones de dólares enviado por el gobierno nacional para resolver reclamos que nacen del default de 2001 y evitar ejecuciones en la justicia extranjera. El proyecto avala la conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, y ahora la iniciativa requiere la votación de Diputados antes del 30 de junio para transformarse en ley.

La aprobación en la Cámara alta fue de 44 votos a favor y 22 en contra, según el registro del recinto, y el debate incluyó reclamos sobre el manejo de la deuda y la responsabilidad de gobiernos anteriores. Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante, afirmó que se trata "de los últimos acreedores de relevancia que le quedan al país", y detalló sentencias previas a favor de esos tenedores.

El acuerdo establece una quita de poco más del 30 por ciento respecto de los montos reclamados y obliga a estos fondos a no iniciar nuevas demandas ni a interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Monteverde explicó que la medida extingue los dos principales litigios pendientes, evita honorarios externos y representa un ahorro para el Estado frente a la continuidad del juicio.

Con la media sanción, el Congreso habilita además el levantamiento de medidas de ejecución y embargos que pesaban sobre activos, incluida la posibilidad de órdenes sobre acciones vinculadas al Estado; la vigencia del acuerdo condiciona la liberación de esas limitaciones una vez que la Cámara baja complete la votación.

Montos acordados

El arreglo fija pagos por 171 millones de dólares, divididos en 67 millones a Bainbridge y 104 millones al grupo encabezado por Attestor, según el texto de la conciliación judicial. El mecanismo operativo se hará por entrega contra pago (DVP), formato internacional que permite simultanear liberación de Fondos y cancelación de bonos.

La negociación incluye una cláusula de standstill que prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en emisiones futuras hasta completar la operación, y asigna a los holdouts la carga de sus costos legales. Las partes esperan que, al concretarse el pago, se dejen sin efecto embargos y medidas cautelares en tribunales de Estados Unidos.

La Justicia norteamericana fijó inicialmente una fecha límite previa que fue extendida hasta el 30 de junio, plazo que el Gobierno busca convertir en ley mediante la sanción definitiva del Congreso para asegurar el cumplimiento del acuerdo.

Negativas y acompañamientos

El debate en el Senado fue breve y estuvo atravesado por la disputa política sobre quién endeudó más al país; varios bloques manifestaron posiciones divergentes sobre la conveniencia del acuerdo y la información disponible sobre la deuda. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, anunció la negativa de su bloque a acompañar el proyecto en tanto el jefe de Gabinete no explique la gestión.

Jorge Capitanich puso reparos y pidió mayor documentación sobre disponibilidad de divisas y prioridad de gastos sociales, mientras que la bancada Convicción Federal acompañó el texto advirtiendo la necesidad de corregir el rumbo económico. Guillermo Andrada afirmó que respaldan el dictamen por considerarlo un ahorro.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, defendió la iniciativa y sostuvo que con la aprobación el Congreso va a "cerrar una herida que tiene 25 años", y remarcó la quita y el levantamiento de embargos como beneficios políticos y financieros.

La consecuencia inmediata es que Diputados debe votar la iniciativa antes del 30 de junio para que Argentina pueda ejecutar los pagos acordados y dejar sin efecto las medidas judiciales en el exterior, un impulso que según el oficialismo buscará mejorar la capacidad de financiamiento del país.