Por unanimidad, tras su paso por comisiones, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción una reforma al Código Procesal Penal que amplía los destinos posibles de los bienes que el Estado ha logrado quitar a los delincuentes. La idea es que en lugar de quedar expuestos a la destrucción por el paso del tiempo o el desguace y el hurto, los vehículos incautados puedan quedar en manos de las municipalidades, las comunas y también los organismos descentralizados y los cuerpos de bomberos voluntarios con personería jurídica.


































