Harán inspecciones socioambientales a aspirantes y efectivos de la policía de Santa Fe

La detención de una joven policía en la ciudad de Rosario que trabajaba en el servicio de Emergencia 911 y filtraba información a su pareja alojada en la cárcel de Piñero causó preocupación en el Ministerio de Seguridad y derivó en una decisión concreta. Por Directiva Nro. 11 y con fecha 20 de mayo, la cartera ordenó "diseñar e implementar inspecciones socio-ambientales en relación a los postulantes, cadetes, efectivos nombrados en comisión y efectivos confirmados, tanto de la Policía de Santa Fe como del Servicio Penitenciario".

La intención es que a través de estas mini auditorías se puedan "verificar componentes actitudinales que requieran cada uno de los respectivos perfiles funcionales, y detectar comportamientos, patrones de conducta, relaciones sociales, familiares, comerciales o de otro tipo, que puedan afectar negativamente el desempeño de los agentes o la confianza pública en las instituciones de seguridad".

Los protocolos de inspección y el orden de prioridades propuesto en cada caso deberán ser elevados para su aprobación. La disposición, a la que tuvo acceso El Litoral, deja sin efecto "toda resolución, directiva u orden en contrario, al tiempo que se considera vetada toda práctica que directa o indirectamente se oponga u obstaculice el cumplimiento de las citadas inspecciones".

Las tareas aludidas estarán a cargo de la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Asuntos Penales.

El caso

El detonante de la resolución citada fue, como se dijo, la situación escandalosa que involucró a una suboficial de 21 años de la ciudad de Rosario, detenida este lunes mientras visitaba a su pareja en la cárcel de Piñero. El interno está acusado de ser partícipe en la balacera contra un colectivo ocurrido en septiembre del año pasado. Asimismo, se supo que un hermano de la agente será imputado en el transcurso de esta semana a raíz de un ataque a tiros registrado a principios de mayo, contra la casa de Norma Acosta, también en la ciudad del sur.

La joven policía gozaba de licencia por maternidad; de su relación con el interno alojado en Piñero, nació un bebé hace cinco meses. Se le imputa haber filtrado información sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia del 911 que su pareja utilizaba para perpetrar las balaceras.