Un país de contrastes: mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria

¿Cómo es posible que informes de diferentes organismos coincidan en que la pobreza monetaria disminuyó en la Argentina en el último tramo de 2025 y, sin embargo, persisten desigualdades y se profundicen las privaciones?

Un estudio realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina ahonda en esta aparente contradicción y advierte que “la reducción de la pobreza por ingresos convive con el aumento de déficits en el acceso a derechos sociales básicos, como el empleo de calidad, la salud y una alimentación adecuada”.

En esa línea, Unicef Argentina difundió en los últimos días su propio informe sobre la disminución de la pobreza infantil en el país: lejos de sumar datos para celebrar, relevó que en el segundo semestre de 2025 en Argentina, el 42,3% de niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres, mientras que el 9,4% se encontraba por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. La cifra representa una baja respecto del primer semestre de 2024, cuando la pobreza llegó al 67,1% y la pobreza extrema al 27,3%”.

A renglón seguido, advirtió sobre un posible “rebote” para el primer tramo de 2026 alentado, entre otros factores, por la caída de los ingresos y el ajuste fiscal.

Según revela ahora la UCA, entre 2017 y 2025 “se evidencia un incremento del déficit en casi todos los indicadores de acceso a derechos, a excepción de servicios y condiciones de la vivienda”.

En síntesis, en el escenario reciente, “la mejora relativa observada en la tasa de pobreza por ingresos entre 2024 y 2025 no constituye evidencia de un cambio estructural en las condiciones de vida”.

Ahora bien, entre 2024 y 2025, mientras la tasa de pobreza por ingresos revierte su tendencia –se reduce la proporción de hogares que no acceden a una canasta básica total- los indicadores de carencias no monetarias dan cuenta de un deterioro en el acceso a derechos sociales (a excepción del correspondiente a tres carencias o más).

De esta manera, “el crecimiento, pero sin inclusión social, con caída incluso de los niveles de pobreza, no es suficiente para alcanzar un efectivo desarrollo y mayor equidad. La elevada proporción de hogares en condición de privaciones económicas y sociales debe reconocerse como un problema estructural de la Argentina”.

Las principales carencias

El estudio, realizado por Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Miranda Correa, hace foco en el carácter “multidimensional” de la pobreza, “en tanto permite considerar el acceso directo a recursos, bienes, servicios, funcionamientos o capacidades que no se reducen al ingreso monetario”.

Esto ocurre porque, si bien se incluyen indicadores de ingresos monetarios, “la definición de desarrollo humano y social utilizada es mucho más compleja, y abarca una serie amplia de condiciones económicas y materiales por parte de los hogares”.

Para el análisis del bienestar de los hogares desde una perspectiva multidimensional se evaluaron seis dimensiones de privación o carencias consideradas en el espacio de los derechos sociales y económicos: alimentación, vivienda digna, accesos educativos, salud, servicios básicos (saneamiento y calidad de vida) y empleo y seguridad social.

Al momento de definir dónde se profundizó la vulnerabilidad de los hogares, se tiene que, entre 2017 y 2025, el mayor deterioro se concentra en dimensiones “especialmente centrales” para las condiciones de vida: alimentación (de 13,1 % de hogares a 18,7 %), trabajo (de 26,7 % a 33,1 %) y acceso a la salud 29,2 a 34,3 %).

Como se ve, la falta de acceso a un empleo decente y/o a un sistema de seguridad social no asistencial alcanza a alrededor de un tercio de los hogares, “lo cual da cuenta de una proporción elevada y creciente de hogares excluidos de los mecanismos de protección”.

En contextos caracterizados por altos niveles de informalidad y precariedad, “amplios segmentos de la población quedan excluidos de mecanismos institucionales de protección frente a los riesgos sociales”.

Claramente, el deterioro en las dimensiones de alimentación, salud y empleo de calidad refleja una mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad, desprotección social y una menor capacidad para afrontar contingencias. Por eso, se entiende que “las deudas sociales pendientes exceden la reducción de la pobreza monetaria”.

En definitiva, se evidencia una brecha persistente entre la mejora o estabilización de indicadores monetarios y una mayor fragilidad respecto a recursos vitales del bienestar.