Las voces peronistas que hablan de golpe y terrorismo

El juicio nominal de la historia reciente es un recurso al que el kirchnerismo acude con pretensión de derechos exclusivos de autor. El “golpe blando” denunciado por Victoria Tolosa Paz contra las empresas concentradas (emergentes del no peronismo) a las que Roberto Feletti les congela precios, remite en apelación emotiva a buenos y malos según la calificación de la vertiente neo setentista del oficialismo. Omite sin embargo los resultados electorales venidos o por venir.

Tal vez la señal de la candidata oficialista en Buenos Aires no sea una buena idea. Lo que siguió a la “inflación cero” de José Ber Gelbard fue el Rodrigazo -mientras el ministro Guzmán dice y repite que no habrá devaluación- en un país que estaba asediado por su propia violencia, devenida en tragedia.

"Es irresponsable suponer que eso puede ser un gesto de terrorismo", dijo Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Fue una respuesta directa a “su amigo” en la provinica de Buenos Airtes, Sergio Berni, quien calificó como “terrorismo” las acciones de los autodenominados mapuches en Río Negro, y le reclamó al presidente que envíe tropas federales.

Que esa palabra se dispare desde tropa propia es toda una molestia. ¿Quién decide qué es terrorismo y qué no? “Solo creo en nuestro proceso propio de lucha revolucionaria hacia la Autodeterminación, la Liberación Nacional Mapuche”, escribió Facundo Jones Huala en una reciente carta pública. “Buscamos Reconstruirnos como Nación para liberarnos”, ratificó, firmando como “Preso Político Mapuche. RAM-MAP. Kuramapu ñi kupan”.

La ley de Seguridad Interior -así como la ley de Defensa y la de Inteligencia- son producto de acuerdos políticos de la República, elevados a políticas de Estado tras la recuperación de la Democracia en 1983. En su artículo 24, la norma dispone que “...el gobernador de la provincia donde los hechos tuvieren lugar podrá requerir al Ministerio de Seguridad el concurso de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dominar la situación”.

Alude a peligros de vida, libertad o patrimonio fuera de las jurisdicciones federales. Es lo que reclamó la gobernadora Arabela Carreras para Río Negro, que el presidente Alberto Fernández negó en una opinada carta a la mandataria provincial, aún cuando hay rutas nacionales cortadas o zonas de parques federales tomados.

A la altura de El Bolsón, un peatón de pueblo originario o foráneo, puede cruzar la cordillera sin que Gendarmería se lo impida. En las provincias limítrofes con países vecinos se asigna el 22% del Presupuesto de Seguridad nacional; las fuerzas federales destacadas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima se llevan un 67% de los recursos del ministerio, según un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

¿Hay un abandono deliberado del Estado nacional -del gobierno- ante la acción de la RAM? Si usan la violencia, reclaman territorio y desconocen a la justicia, interpelan a la Nación; Jones Huala fue defendido por Elisabeth Gómez Alcorta, actual ministra de la Mujer del gobierno nacional. La presidenta y el vicepresidente del Inai, Magdalena Odarda y Luis Pilquiman, fueron señalados en Río Negro por asistir a quienes cortan caminos y toman propiedades, aún cuando la justicia federal ordena desalojos.

Miguel Angel Toma fue diputado nacional, efímero ministro del Interior y jefe de los espías durante gobiernos justicialistas. En dos reportajes de las últimas horas -a Canal 26 y en Radio Mitre- calificó como “sedición” las acciones de la RAM, señaló incluso que ejercen “funciones de Estado” como cobrar peajes en rutas. Pero sobre todo vinculó a Jones Huala con
las FARC de Colombia.

Tras señalar que “los seudo mapuches” que apelan la violencia -son rechazados por buena parte de pueblos originarios de la zona- tienen asesoramiento de los ex montoneros Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, Toma recordó un informe de 2015 del jefe de la Policía de Colombia, José León Riaño, a Carabineros en Chile.

“Confirmó que cuando las fuerzas armadas de Colombia ingresaron 12 kilómetros en Ecuador, hasta un santuario de repliegue de un grupo de las Farc -la narcoguerrilla de Colombia- murió en combate Raúl Reyes, el número 2 de Manuel Marulanda. Le toman la PC a Reyes, la desencriptan, y en el gráfico de contactos vía e-mail estaba Facundo Jones Huala, con contenidos de aportes para formación de cuadros para la lucha insurreccional, y acciones de logística para poder sostener la acción subversiva de esos grupos.

“De manera que cuando se habla de vinculaciones con la guerrilla por parte de estos grupos, más allá de sus relaciones con ex montoneros, aparece claramente la relación con grupos de guerrillas latinoamericanas que fue narcoguerrilla, sin perjuicio de las relaciones de Ram y Cam con Sendero Luminoso”, insistió Toma.

Tal vez las anabolizaciones discursivas en tiempos electorales deban dejarse pasar, de la misma manera que deban ser reforzadas las precauciones de quien ya sabe lo que significa abrir la caja de Pandora. En especial allí donde se juegan yacimientos de energía, minería, control de la plataforma continental, riqueza ictícola y proyección de la Antártida. Y por supuesto, el derecho de los pueblos originarios en el marco de la República democrática y humanista.