Construir una cárcel en General López, un proyecto que comenzó una década atrás

El traslado de 40 detenidos de Alcaidía de Melincué a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Pieñero, reavivó un proyecto que lleva una década en carpeta: construir una cárcel en el extremo sur de la provincia de Santa Fe.

El primero en reflotar la iniciativa fue el propio gobernador provincial Maximiliano Pullaro en su última visita a Venado Tuerto. En el mismo sentido se pronunciaron la subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli. Sin embargo, el primero en hablar sobre la creación del Instituto Penitenciario Nº 12 en el departamento fue el entonces senador provincial y hoy ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, allá por el año 2014.

La historia

En noviembre de 2014, a través de la Ley 13.447, se habilitaba al gobierno santafesino, a cargo de Antonio Bonfatti, a disponer de fondos para ampliar cárceles en la provincia y construir, tras el pedido del senador Lisandro Enrico, el Instituto Penitenciario Nº 12, una importante obra pensada para alojar a unos 160 presos, misma cantidad que venía teniendo la Alcaidía, aunque con una infraestructura precaria y prácticamente abandonada.

Ya hacia 2015, el proyecto comenzó a tomar cada vez más fuerza, llegando incluso a evaluar posibles predios que pudieran contener este edificio y cumpliera con los requisitos básicos de accesibilidad. Allí surgieron como opción, lotes ubicados sobre la ruta 93, entre Melincué y Miguel Torres.

La obra incluía cuatro pabellones de dos pisos, con espacio cada uno para 40 reclusos -uno por celda- bajo la modalidad "celular". Para ello se requería de un predio de cuatro hectáreas, con doble cerco perimetral; además de contar con servicios para la atención primaria de la salud, escuela, talleres, espacios para esparcimiento y salón de usos múltiples.

A su vez, sumaba ocho celdas para resguardo físico y "Cámara Gesell". Según se estimaba, se debían incorporar cerca de 100 empleados del Servicio Penitenciario para que el lugar funcione con normalidad, significando fuentes de empleo para el departamento General López.

El consenso político que se había logrado en aquel entonces se encontró con posturas opositoras de un grupo de vecinos de Melincué, quienes no tardaron en mostrar su disconformidad, considerando que la construcción de una cárcel podía afectar el proyecto turístico que viene sosteniendo la localidad a partir de su riqueza natural e historia, y que derivó en la generación de emprendimientos gastronómicos y complejos de cabañas para recibir a la gente que llega a disfrutar de la tranquilidad de esta comuna sureña.

Durante varios meses hubo reuniones en Melincué, donde se fueron brindando más precisiones sobre la unidad penitenciaria y respondiendo las consultas e interrogantes de los ciudadanos. Ya en aquel entonces se empezó a barajar la posibilidad de convocar a un plebiscito para conocer la opinión de toda la comunidad.

Los reparos impuestos por estos vecinos obligaron en aquel entonces a pensar en otras alternativas, incluso aparecieron localidades interesadas en albergar la institución, descubriendo en este proyecto una posibilidad de fuentes de empleo y desarrollo. Una de ellas fue Miguel Torres, cuyas autoridades se mostraron dispuestas a evaluar la iniciativa y trasladar la inquietud a sus habitantes.