Por su parte, el subsecretario Legal y Técnico, Juan Manuel Delbianco, manifestó: “Esta política pública se focaliza en uno de los aspectos que hacen al derecho a la vivienda, que es garantizar a cada persona la seguridad jurídica en la tenencia de su hogar, brindando una protección legal contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas que puedan afectar el derecho tutelado. Esta política vino a dar respuesta a las familias que se encontraban imposibilitadas de regularizar la situación jurídica de su vivienda, ya sea por qué no existen los medio legales para hacerlo o porque los remedios jurídicos existentes no le son accesibles”, afirmó.