Repudio a una amenaza contra la vida del fiscal Leandro Mai

Gustavo Capeletti

Con el título “Repudiamos la violencia amenazas y daños por el solo hecho de cumplir con la ley”, los fiscales y funcionarios de la Fiscalía Regional de la IV Circunscripción Judicial expresaron su más “enérgico repudio” al hecho y expresaron su solidaridad con el Dr. Leandro Mai y sus familiares.

El día 20 de junio en el marco de una audiencia de medidas cautelares celebrada en la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista, el fiscal Mai fue objeto de una “velada y contundente amenaza verbal a su vida por parte del imputado (por un robo) Lagomarsino Agustín Nicolás, hecho que fue presenciado por diferentes testigos”, amén de quedar registrado por las cámaras del lugar, puntualizaron.

Más adelante, en el parte dado a conocer en la tarde de este sábado, los miembros de la Fiscalía Regional del MPA afirmaron que “es función del fiscal perseguir delitos”, y agregaron que “no es posible que el desarrollo de las investigaciones contra una persona pretenda morigerarse o pararse por estos hechos”.

“Este acontecimiento es un nuevo desafío a nuestras funciones, por lo que en el futuro redoblaremos los esfuerzos para resolver los conflictos de la ciudadanía conforme lo contempla la Constitución Nacional”, sostuvieron.

Gravedad

Por otra parte, también pusieron el foco en un hecho de similar gravedad que se produjo en la ciudad de Villa Ocampo el día 19 de junio, donde a raíz de un procedimiento dispuesto por un fiscal y autorizado por un juez, personal policial, móviles oficiales y particulares sufrieron daños de consideración por parte de terceros, solo con el fin de evitar el cumplimiento de la medida.

Al respecto, los representantes en el norte provincial del Ministerio Público de la Acusación abogaron por el “cese de este tipo de situaciones, y que los mismos no se conviertan en una habitualidad que puedan ser un condicionamiento a nuestro trabajo o el de otros estamentos. Ratificamos nuestro compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos”.

En la misma línea, manifestaron que en un Estado de derecho los conflictos deben resolverse dentro del marco de la ley, siendo uno de los pilares en los que se apoya la república es la de la administración de justicia. “El sistema jurídico tiene habilitado canales procesales en donde los ciudadanos son juzgados con las debidas garantías constitucionales.La violencia implica un menosprecio al Estado de derecho, al sistema republicanode gobierno y, en definitiva, a la paz social”, advirtieron, con preocupación.