El abogado detenido por el vivero narco de Arroyo Leyes pidió una notebook para estudiar el expediente

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe resolvió este lunes habilitar el ingreso de una notebook al lugar de detención donde se encuentra alojado el abogado Osvaldo Ernesto Ceresole (56), procesado junto con otras seis personas, como miembro de la banda que administraba un vivero narco en el pueblo costero de Arroyo Leyes.

Se trata de una “resolución interlocutoria” que responde a un pedido del Defensor Público Oficial, Fernando Sánchez, quien co-asiste a Ceresole, que desde hace más de un año cumple prisión preventiva en la Delegación Concordia (ER) de la Policía Federal Argentina (PFA).

El Dr. Sánchez cuestionó una decisión del 15 de abril, mediante la cual se negó el ingreso de una notebook con acceso a internet al lugar de detención, que sería para “uso exclusivo en su defensa material”, dijo.

Derecho de defensa

El tribunal, integrado por los jueces Elena Dilario, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, había rechazado el pedido señalando que “ello no vulnera el derecho de defensa”; sin embargo para su representante, el dispositivo le permitiría al preso “contar con la posibilidad de examinar las actuaciones a través de la provisión de copias del expediente” hoy informatizado en su totalidad.

Argumenta que “durante la instrucción se le autorizó la entrega de copias en formato digital” amparado en el proceso de “despapelización del expediente judicial”; y que aunque el planteo no está contemplado en la Ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) su prohibición “se traduce en un impedimento en contraste con la garantía de defensa en juicio”.

Por último, apuntó al uso “controlado y monitoreado por las autoridades del establecimiento”.

Inmediato traslado

En respuesta al planteo defensivo el Fiscal General Martín Suárez Faisal dictaminó por la negativa del recurso de reposición, manteniendo su postura inicial al considerar que “no vulnera el derecho de defensa en juicio consagrado en el art 18 de la CN ni en los tratados internacionales; y que los nuevos argumentos vertidos por la defensa no llegan a justificar lo peticionado”.

El fiscal recordó que “si bien Ceresole es abogado y posee matrícula federal, no se ha admitido su auto-defensa, por lo que autorizar el ingreso a su lugar de detención colisionaría con el derecho de igualdad del resto de las personas que atraviesan un proceso penal en prisión preventiva”.

También recordó el MPF que la causa en la que se lo investiga a Ceresole se encuentra a plazo para ir a juicio oral y que por ello “debería requerirse su traslado a la Unidad 36 de Coronda del Servicio Penitenciario Federal, por razones de proximidad”.

Para reforzar el planteo recordó la Resolución 357/24 del 29 de octubre de 2024, mediante la cual la Cámara Federal de Casación Penal de Rosario “exhorta a los jueces a que adopten medidas inmediatas” para que “las personas privadas de su libertad en establecimientos de las fuerzas de seguridad nacionales sean alojadas en establecimientos adecuados del SPF”.

Autodefensa

Los jueces analizaron el derrotero judicial de Ceresole, quien en un primer momento tuvo defensa particular, y luego pidió ejercer su autodefensa, asistido por el defensor oficial.

El tribunal remitió a la norma que admite la “autodefensa” (artículo 104 del CPPN) “siempre y cuando ello no obste a la normal sustanciación del proceso” y en el particular señaló que “es abogado, y posee matrícula federal, lo que permite incorporarlo como interviniente en el expediente del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales Lex 100”.

Advierten los magistrados que su condición de encierro podría conspirar contra el ejercicio de defensa, por lo que dispone que lo asista un abogado oficial, al menos hasta poder contar con identificación electrónica judicial a los fines de poder ser debidamente notificado.

Mientras tanto, al no existir “prohibición expresa” en la ley “se habrá de autorizar a Ceresole a ingresar a su lugar de detención, una notebook, con conexión a internet –a su costa y cargo- exclusivamente destinada a la realización de tareas atinentes a su defensa”.

Además, pone en cabeza de la PFA para “que disponga y reglamente lo necesario para que el nombrado pueda acceder diariamente” al uso de una notebook durante un lapso diario “no inferior a dos horas, y bajo su estricto control y monitoreo”.

Sobre el traslado

Por último, también hizo lugar al planteo de fiscalía para que Ceresole sea trasladado en lo inmediato al penal “Eusebio Gómez” de la ciudad de Coronda.

Los jueces Dilario, Escobar Cello y Lauría recordaron que el abogado procesado se encuentra detenido desde el 15 de febrero de 2024 y que en dos oportunidades -en septiembre y octubre del año pasado- las autoridades judiciales solicitaron su traslado.

Y que en el marco de las actuaciones administrativas caratuladas “Cupo Ceresole”, se oficie “con carácter de urgente” el traslado a dependencias del SPF.

Siete implicados

La causa que tiene como implicado al abogado Ceresole fue elevada a juicio entre febrero y marzo. La investigación, por el hallazgo del denominado “vivero narco de Arroyo Leyes” del 13 y 14 de febrero de 2024, cuenta con siete procesados.

En cabeza de la banda figura Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel (35) como “organización del tráfico de estupefacientes”, a partir de los allanamientos de dos viveros: uno de 4 has. en el km 19 de la Ruta 1, en Arroyo Leyes, donde se hallaron 1.531 ejemplares de cannabis sativa; y otro, con 575 plantas indoor, en una propiedad de calle Santiago del Estero al 3600, en la ciudad de Santa Fe.

Ceresole se encontraba inscripto en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) que lo autorizaba a producir marihuana con fines medicinales, lo que era utilizado como “fachada” para llevar a cabo la empresa criminal.

Los demás detenidos son Mauricio José Zambón (32); Adrián Cesar Poncio Nerbutti (42); Tomás Francisco Benítez (26); Napoleón Sebastián Cardo (28) y Gastón Celestino Persoglia (25) por el presunto cultivo de estupefacientes para su posterior comercialización, la tenencia de armas de fuego sin autorización y el hurto de energía.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Walter Rodríguez y Milagros Traverso, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe.