Abogado y policía condenados por intentar extorsionar a un preso en Santa Fe

Condenaron a un abogado y un policía santafesinos por haber intentado extorsionar a un preso, cuya libertad ya había sido dispuesta por una fiscal. Le dijeron que estaba "complicado" y solicitaron dinero.

Por este hecho, ocurrido en 2017, el juez Pablo Busaniche condenó este viernes al abogado Sebastián Gervasoni y al policía Martín Horacio Herrera, ambos de 42 años. La pena impuesta fue de 2 años y 8 meses de prisión condicional, más una inhabilitación especial para ejercer durante el mismo tiempo de la condena y una multa.

"Tentativa de extorsión calificada por ser cometida con ánimo de lucro y abusando en el desempeño de su profesión" fue el delito acusado por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, quienes se mostraron conformes con que la condena haya sido en los mismos términos.

Gervasoni contó con la asistencia del defensor público Sebastián Moleón, mientras que a Herrera lo representó el abogado particular Sebastián Oroño durante el juicio penal. El debate comenzó el viernes pasado y concluyó este 10 de abril, con la condena.

Situación "complicada"

La maniobra extorsiva desplegada el 3 de julio de 2017 fue "para obtener el pago de 10.000 pesos de esa época, que era mucho dinero", explicó Hernández.

El 2 de julio policías de la Comisaría 9na aprehendieron a una pareja por tentativa de robo. La mujer fue enviada a Tránsito de Mujeres mientras que el hombre fue alojado en la Comisaría 4ta, ya que el penal de la novena estaba lleno.

Al día siguiente, una fiscal dispuso la libertad de la pareja. Un oficial de la novena se trasladó hasta donde estaba alojada ella, y tras hacerla firmar un documento le comentó que también liberaría a su pareja.

La mujer arribó a la Comisaría 4ta antes que el policía. Cuando éste llegó, dio aviso de la disposición fiscal. Herrera y Gervasoni, "ocultándole esa información, intimidándolo diciéndole que de ninguna manera iba a recuperar la libertad si no le pagaban, consiguieron que esta persona les diera una carpeta con la documentación de una motocicleta y un teléfono celular, prometiendo ir a buscar el dinero a su casa para luego dárselo".

Le dijeron que su caso estaba "muy complicado", pero que ellos tenían contactos para ayudarlo.

Billetes "marcados"

Cuando el hombre se fue a su casa y habló con su pareja, decidió acudir al Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Lo escuchó la fiscal Mariela Jiménez (actualmente jubilada), quien lo mandó a asuntos internos e inició la investigación", sostuvo Hernández.

Fue entonces que se organizó una "entrega controlada", de la que participó personal de asuntos internos, que presenció el momento en que el abogado recibió el dinero. En ese mismo momento Gervasoni fue aprehendido. En su billetera tenía los billetes que habían sido previamente judicializados, "marcados".

El derrotero judicial se extendió hasta mayo de este año, cuando finalmente comenzó el juicio oral y público.

Miedo

Antes de la lectura del veredicto, la víctima volvió a declarar ante el juez Busaniche, esta vez respecto al impacto que tuvo el hecho en su vida.

"No fue únicamente para mí el problema, sino para mi familia. Ocasionó no poder salir a ningún lado, miedo a que pase lo mismo", sostuvo el hombre, "me trajo el problema de las convulsiones, por el estrés, por andar nervioso y preocupado por los chicos".

Tras conocer el veredicto, el fiscal subrayó que "incluso debieron mudarse, retirarse de la ciudad. Es algo que solemos escuchar, lamentablemente, en las víctimas de violencia institucional que deben mudar su centro de vida porque sienten que cada vez que ven un policía, es el que les pego o, en este caso, que los extorsionó.

Respecto a la condena, desde la fiscalía vieron favorable que el magistrado receptara todas las calificaciones legales. Respecto a la pena, "es menor a la que habíamos solicitado, vamos a evaluar cuáles son los caminos a seguir una vez que conozcamos los fundamentos del veredicto".

Cuando el fallo adquiera firmeza, los condenados deberán fijar domicilio, se les impondrá la prohibición de mantener contacto por cualquier medio con la víctima y su pareja, y deberán someterse a la supervisión del Patronato de Liberados