Idas y vueltas de beneficios para un hombre que abusó de su propia hija

Cristian Humberto R. fue condenado a 8 años de prisión por ser autor del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo" y la pena vence el 4 de agosto de 2026. El apellido de este hombre se preserva, para cuidar a la víctima, que es su propia hija. Se dispuso que cumpla la sentencia en la cárcel de Santa Felicia, en el departamento Vera. A fin del año pasado, una jueza del norte provincial le otorgó el beneficio de las salidas transitorias. La fiscal de Ejecución Penal de Santa Fe Rosana Marcolín apeló y ahora la Cámara revocó lo que había resuelto la magistrada en la instancia anterior.

El juez que revisó el fallo fue el doctor José Antonio Mántaras, quien entendió que no se verificaban los requisitos establecidos por ley para otorgar el beneficio.

El caso

Se estima que cuando comenzaron los abusos, la niña tenía 12 años y estaba terminando la escuela primaria. Su papá tenía más de 40. Los ataques siguieron por dos o tres años. "Los padres estaban separados. Ella vivía con la mamá y no quería ir con el papá, pero nosotros la obligábamos a que vaya con él al campo. A nadie se le pasó por la cabeza lo que pasaba cuando ellos quedaban solos", contó la tía de la víctima.

Todo pasó en un pequeño pueblo del departamento San Justo, en el norte de la provincia de Santa Fe. Cuando pudo contar lo que sucedía, la víctima ya era adolescente. Una noche se quebró ante sus hermanas mayores (por parte de madre), que escucharon atónitas lo que la menor de edad les revelaba. El hombre abusaba de ella permanentemente de manera aberrante. Luego de la develación, la joven quedó muda. Por meses, sólo le dirigió la palabra a la psicóloga.

"Lo denunciamos y el juez le dictó una medida de distancia, pero constantemente la vulneraba. En una oportunidad interceptó a mi sobrina, le cortó el paso con la camioneta y amenazó con matar a su mamá si ella seguía acusándolo", recordó.

Cuando la víctima juntó fuerzas, pidió que le realicen la Cámara Gesell. A partir de entonces, la investigación se precipitó y desembocó en un juicio de procedimiento abreviado en el que el abusador fue condenado a 8 años de prisión.

El hombre estuvo recluido en la penitenciaría de Las Flores y luego fue trasladado a la de Santa Felicia, en el norte santafesino.

La pena se cumple en agosto de 2026, pero él comenzó a gozar de salidas transitorias a fin del año pasado. "Sabemos que pasó las Fiestas con su familia, creemos que en otra ciudad. La jueza le otorgó el beneficio, a pesar de que distintos profesionales advertían en un informe 'desfavorable', que no evidenciaba procesos reflexivos, que no comprendía las consecuencias de sus actos y que lo minimizaba, que no entendía lo terrible que es lo que le hizo a una pequeña", relató la tía.

"Desde entonces -agregó- no nos informaron más nada. Sabíamos que él salía y lo hacía seguido, porque hoy todo se conoce a través de las redes sociales. Anduvo por todos lados. Lo vieron hasta en localidad cercanas, a las que 'teóricamente' no podía ir. El control era nulo. No sabíamos cuando entraba ni cuando salía. Hoy mi sobrina tiene 19 años, va a cumplir 20, y sigue con miedo. Se está fortaleciendo, pero es un proceso".

Beneficios

El caso expone una situación por demás de llamativa que se viene registrando en el norte provincial, que beneficia de manera excesiva a condenados por abuso sexual y violencia de género.

Las estadísticas generan malestar en los fiscales Marcolín y Marcelo Fonana (Ejecución), que ven como sujetos sentenciados por estos graves delitos rápidamente obtienen salidas transitorias por hasta 72 horas semanales, cuando el máximo establecido es el de 48. Sólo se otorgan los tres días en casos muy excepcionales.

Por ley, para que un preso pueda comenzar a solicitar los llamados "egresos anticipados" debe tener cumplida al menos la mitad de la condena. Además, tiene que ser analizado por profesionales para determinar que haya realizado un proceso reflexivo, que registre el daño que ocasionó, que no naturalice la violencia, que no consuma sustancias psicoactivas. A esa evaluación la hace el Organismo Técnico Criminológico (OTC) del Servicio Penitenciario. También se evalúa su desempeño laboral dentro de la cárcel y cómo fue su conducta. Por otra parte, las normas exigen que tenga un tutor domiciliado en un lugar alejado de la víctima, con un vínculo genuino con el condenado y que muestre una actitud crítica hacia el delito.

Según estiman los funcionarios del MPA, los informes de la OTC en el sector centro y sur de la provincia son desfavorables en más de un 70 por ciento. O sea, generalmente, desaconsejan las salidas transitorias. Increíblemente, en el norte santafesino, todos los informes de este organismo son favorables y recomiendan el beneficio.

Recientemente, se pudo establecer que en el penal de Santa Felicia, a la función de la OTC la estaban cumpliendo profesionales del Equipo de Acompañamiento para la Reinserción Social, un área creada con otro fin, que es básicamente acompañar al condenado durante su tiempo de reclusión, brindarle contención y asesoramiento, entre otras cosas.

Así, la Justicia muchas veces se encuentra en el norte ante el dilema de dos informes totalmente opuestos, el de la OTC que es favorable, y el de la Junta Especial de Dictámentes, que apunta en sentido contrario. En general, la balanza de los jueces se inclina en favor de los presos y así sujetos peligrosos, que apenas cumplieron poco más de la mitad de su condena, vuelven a la calle, por dos o tres días por semana, con escaso o ningún control.