Acordaron entregar siete perros a hogares de guarda

La fiscal de Maltrato Animal, María Gabriela Arri mantuvo una reunión con proteccionistas, en la que se acordó el traslado de siete perros -retenidos en el marco de una causa penal- a hogares de guarda, a los fines de mejorar su atención y calidad de vida. Del encuentro participaron la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Lorena Arber y la abogada Natalia Pallavicino, por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados.

Bajo el lema “Se van del vivero” las proteccionistas informaron a través de un comunicado en redes sociales, el acuerdo alcanzado en fiscalía. “La decisión por la cual Tacuara, Umma, Tronco, Malevo, Dorotea, Mia y Jackson definitivamente dejen el vivero municipal de la ciudad de Recreo, está cada vez más próxima”, anunciaron. Asimismo, dejaron en claro que como no son parte en la causa, se trata de un pedido “extra judicial” y que ello no menoscaba el derecho de los propietarios a seguir reclamando por otra vía.

Los nombres hacen referencia a los siete perros que desde diciembre del año pasado permanecen alojados en condiciones no óptimas, en un canil en el Vivero Municipal de dicha ciudad. La jauría fue incautada por decisión judicial, luego de que atacaran a un vecino en calle Menchaca al 400, en la misma zona donde a mediados del año pasado fue hallado el cuerpo del pequeño Diego Román; y donde a lo largo de 2019 se produjeron al menos cuatro ataques, dos de los cuales sus víctimas decidieron accionar penalmente contra los dueños de los animales.

Diálogo abierto

“Es de público conocimiento que las condiciones en las cuales se encuentran alojados los siete perros son inadecuadas e insostenibles”, indica el comunicado. Y si bien las proteccionistas reconocen “la gravedad de la situación”, decidieron presentar a la fiscal Arri, “una propuesta para que puedan ser trasladados a hogares de familias responsables en carácter de guardadores judiciales; esto significa, que dichas familias brindarán un lugar de residencia apropiado, atención veterinaria y cuidados de manera temporal hasta el momento en que se disponga el destino final de los mismos mediante una resolución judicial”.

La propuesta tuvo buena recepción en la fiscalía, que la semana pasada ordenó inspeccionar cada uno de los domicilios sugeridos por la Protectora, a los fines de que se garantice un sitio de alojamiento seguro y sin riesgos para terceros. De hecho, una de las condiciones para la guarda era que en los domicilios no hubiera niños.

A propósito de la conversación instalada entre la asociación civil y el Ministerio Público de la Acusación, indicaron que “esta reunión nos muestra el convencimiento de la fiscalía que los animales deben egresar de allí porque las condiciones son inapropiadas, tal es así, que esta propuesta, que formalizamos por escrito, es el resultado de un dialogo iniciado hace ya un tiempo con la misma fiscal Arri”.

También aclararon que por el momento, “no es posible que sean restituidos a su familia”, hasta tanto no se resuelva la situación legal que involucra a sus titulares. No obstante, desde la institución procuraron “proponer personas de cercanía, para que los animales no pierdan el contacto afectivo que tanto necesitan”, finalizaron.

Causa penal

El juez Gustavo Urdiales rechazó a fines de mayo un pedido de devolución presentado ante la Justicia por los dueños de ocho perros -uno fue devuelto por su precario estado de salud-, secuestrados en diciembre pasado en la ciudad de Recreo, por las denuncias de dos de tres vecinos que fueron mordidos en diferentes oportunidades en 2019. Para ellos se realizó una audiencia, en el marco de una causa penal por lesiones contra dos miembros de la familia Reyes, que vive en un predio ubicado en calle Menchaca al 400, al noreste de Recreo, el mismo donde fue hallado el cuerpo de Diego Román hace casi un año y existen firmes sospechas de que pudo haber sufrido un ataque en jauría. “Los perros en sí y tal como están, en jauría, constituyen un peligro para la sociedad”, sostuvo el magistrado.

La fiscal de Maltrato Animal, Gabriela Arri, se negó entonces al reintegro de los animales aduciendo que el predio “sigue sin contar con las medidas de seguridad” necesarias; e hizo referencia ala peligrosidad de los mismos estando en grupo. En dicha oportunidad, la fiscal dijo que los perros se encuentran bajo el cuidado de la Unidad Regional 1, y que “hay constancias en el legajo de que ninguna organización proteccionista aceptó a los animales”. Esto último disparó la reacción de la Protectora, que la semana pasada alcanzó el acuerdo para la guarda.

Además, refirió que “el secuestro de los animales se ordenó en el marco de una investigación penal preparatoria” contra Iván Reyes (52) y Norma Elena Vega (44), contra quienes el 14 de mayo se presentó la acusación, en la que se solicita pena de prisión efectiva (dos años y medio) por el delito de ‘lesiones culposas’ en dos hechos, y el decomiso de los animales”.