Anularon los procesamientos de los hermanos Schoklender y apartaron a Oyarbide

La Cámara Federal apartó hoy al juez federal Norberto Oyarbide de la causa por el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y anuló los procesamientos de todos los acusados, encabezados por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

De esta manera, la causa vuelve ahora a ‘foja cero‘ y será investigada por el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, quien tiene en sus manos una investigación para determinar la responsabilidad de funcionarios públicos por el desvío de los fondos que llegaron a los bolsillos de la Fundación Madres.

Según informaron a DyN fuentes judiciales, la resolución fue tomada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal quienes -en otras oportunidades- ya habían cuestionado la actuación de Oyarbide.

Los camaristas anularon las declaraciones indagatorias de los 66 imputados a los que citó Oyarbide por entender que hubo una ‘deficiente descripción de los hechos‘ que impedía a los acusados saber de qué defenderse. Dispusieron así el apartamiento del juez por ‘la falta de racionalidad con que la que se ha llevado‘ la causa al considerar que ‘la investigación llevada a cabo no ha seguido una dirección lógica‘. ‘Resulta relevante destacar que los serios defectos que hemos advertido en las imputaciones cursadas no son sino el reflejo de una investigación igualmente defectuosa que, ya desde sus inicios, evidenció un direccionamiento erróneo -o bien, la ausencia del mismo-, que alertaba sobre el riesgo del fracaso de la pesquisa‘, criticó la Cámara.

Tras sostener que en este estado del expediente ‘la verdad permanece oculta‘, la Cámara anuló las declaraciones indagatorias de los 66 imputados a los que citó Oyarbide, entre ellos los Schoklender, los empleados de la Fundación, los financistas y Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres. También nulificó los procesamientos que se dictaron posteriormente.

Oyarbide había procesado a los hermanos Schoklender y al contador Alejandro Gotkin como los jefes de una asociación ilícita por los delitos de ‘defraudación al Estado, asociación ilícita y lavado de dinero‘ por desviar fondos que el Estado le daba a las Madres para construir viviendas sociales, en una causa que se había iniciado en junio de 2011. Se sospecha que a través de la constructora Meldorek se desviaron parte de los 1126 millones de pesos que el Estado le giró a la fundación, entre 2009 y 2011, para la construcción de viviendas sociales.

Los camaristas anularon las indagatorias al entender que tenían una intimación ‘por demás genérica‘ sin las ‘precisiones necesarias‘ que hacía ‘imposible el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los incursos‘. ‘En ninguna de las declaraciones indagatorias constan los nombres de la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita pesquisada y que habrían tenido intervención, de diferentes formas, en los restantes hechos endilgados‘, criticaron.

Los jueces pusieron ejemplo: ‘Ignoramos cuál fue el monto total que el Estado Nacional habría entregado a la Fundación, cuál era su destino específico y qué porción habría sido desviada, de modo que el supuesto perjuicio patrimonial causado a las arcas del Estado aún no está debidamente cuantificado‘. ‘Así las cosas, la deficiente descripción de los hechos que conforman el objeto procesal de esta encuesta y el grado de imprecisión que advertimos en el relato allí contenido torna imposible el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los incursos‘, concluyeron.

Los camaristas llamaron ‘relato‘ a lo que Oyarbide describía en las indagatorias que tenían una ‘confusa redacción de gran parte de sus fragmentos‘. Aunque mantuvo algunas de las medidas de prueba que había dispuesto Oyarbide, la Cámara Federal designó en la causa al juez Martínez de Giorgi, quien tiene la causa en la que investiga si funcionarios públicos cumplieron con los controles de las obras que realizaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo. ‘Los objetos procesales de ambos expedientes no son sino dos caras de una misma moneda‘, entendieron los camaristas y consideraron que se debe tener una investigación que ‘abarque todo el derrotero de los fondos públicos comprometidos‘.

DYN