Una investigación por el desvío de armamento hacia el mercado ilegal quedó a un paso del juicio

La persecución de los delitos vinculados con la circulación y el desvío de armas de fuego constituye uno de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación.

En ese marco se desarrolla una investigación que tiene como imputado a un gomero de San José del Rincón y que este martes ingresó en una nueva instancia judicial, con una audiencia de apelación destinada a definir qué prueba podrá ser utilizada en un eventual juicio oral.

La audiencia se realizó durante la mañana en la Sala 11 del tercer piso del Anexo de los Tribunales de Santa Fe y estuvo a cargo del camarista Alejandro Tizón. La causa se encuentra a un paso de la citación a juicio, luego de que la acusación fuera admitida en la audiencia preliminar realizada en julio.

La investigación está encabezada por la fiscal Juliana González, titular del Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego, que funciona en el ámbito de la Fiscalía General desde fines de mayo de 2024 y tiene intervención en este tipo de investigaciones en toda la provincia.

El foco en el circuito ilegal

La pesquisa comenzó a partir del análisis de información sobre legítimos usuarios y personas que habían adquirido varias armas de fuego. En el caso de Mario Nicolás Álvarez, la fiscalía sostiene que su condición de usuario autorizado habría sido utilizada para adquirir armamento que posteriormente terminó fuera del circuito legal.

Según la acusación, Álvarez tenía registradas a su nombre seis armas: dos pistolas calibre .380, una 9 milímetros, un revólver calibre .32 y dos escopetas. Las adquisiciones se realizaron entre 2017 y 2023.

Uno de los elementos que tomó especial relevancia para los investigadores fue que, durante un allanamiento realizado en diciembre de 2025, solamente fueron encontradas dos de esas armas. Otra había aparecido previamente en poder de una persona condenada por un robo cometido en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de una pistola Bersa Thunder calibre .380 que estaba registrada a nombre de Álvarez y que fue secuestrada en julio de 2023 a Brian Alexander Tessi. El hombre había sido detenido luego de un violento robo y posteriormente condenado a seis años y ocho meses de prisión.

Para la fiscalía, ese hallazgo constituye un elemento concreto para sostener la hipótesis de que parte del armamento adquirido legalmente fue desviado hacia el circuito delictivo.

Una estrategia provincial

La investigación forma parte del trabajo específico que lleva adelante el Equipo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego del MPA. Su creación respondió a la necesidad de profundizar la persecución penal de las distintas etapas que intervienen en la circulación ilegal de armamento, desde su adquisición hasta su posterior utilización en hechos delictivos.

En ese marco, la fiscalía trabajó con información proporcionada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a partir de la cual se analizaron registros de legítimos usuarios que poseían cantidades o tipos de armas considerados prioritarios por su poder ofensivo.

La hipótesis acusatoria sostiene que determinados patrones —como la cantidad y frecuencia de las adquisiciones, los calibres involucrados y la capacidad económica de los compradores— pueden constituir indicadores para detectar eventuales maniobras de provisión ilegal.

Discusión en la Cámara

En esta instancia, sin embargo, el debate judicial estuvo concentrado en la prueba que podría llegar al juicio. La defensa de Álvarez, representada por los abogados José Ignacio Mohamad, Luis Massot y Rocío Alberto, cuestionó buena parte del ofrecimiento realizado por la fiscalía.

Mohamad explicó a El Litoral que objetaron “la prueba ofrecida por la fiscalía casi en su totalidad por diferentes motivos”. Entre otros planteos, cuestionaron la condición de cuatro testigos que, según señalaron, son empleados directos del MPA, y objetaron otro testimonio que —de acuerdo con la defensa— recién pudo ser conocido esta semana.

También cuestionaron las testimoniales de oficiales del Renar y de la Policía, al sostener que durante los procedimientos se habría vulnerado el principio de incoercibilidad al requerirle al imputado que indicara dónde estaban las armas buscadas.

Finalmente, objetaron la incorporación de la declaración de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien intervino en la investigación que terminó con la condena de Tessi.

La fiscalía rechazó los planteos y pidió al camarista Tizón que confirme la resolución de la audiencia preliminar. El juez de alzada escuchó a las partes y pasó la carpeta judicial a resolución, que será notificada por escrito dentro del plazo legal.

La decisión determinará si la prueba admitida en primera instancia queda firme y la causa avanza hacia el juicio oral o si la acusación debe ajustar su ofrecimiento. La fiscal González ya anticipó que, en caso de una condena, solicitará para Álvarez una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.