La Justicia convocó al “DT” del vivero de marihuana de Arroyo Leyes para que declare en juicio

El juicio oral por el vivero de marihuana de Arroyo Leyes transita su etapa final. Sólo se espera la declaración de un último testigo para cerrar la etapa probatoria y pasar a los alegatos y la consecuente lectura del veredicto.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, integrado por los camaristas Ricardo Moisés Vázquez -presidente-, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, reanudará la actividad el próximo miércoles 22 de octubre, a las 9.30, según se informó en la última audiencia de la semana pasada.

Allí se acordó citar al ingeniero agrónomo Pedro Velloso, quien aparece en la documentación presentada ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) como “director técnico”, una figura creada a los fines de hacer un seguimiento del programa e intermediar entre el licenciatario y el ente oficial.

Asesoramiento inicial

Tal como lo definió otro testigo, que en 2024 se desempeñaba en el INASE como ingeniero a cargo del Programa de cannabis sativa, el DT es quien “patrocina el emprendimiento”. De hecho en su perfil de redes sociales se presenta como: “Director técnico de criaderos de cáñamo y cannabis”.

El declarante, por entonces empleado del órgano fiscalizador de semillas, destacó que los directores técnicos “son corresponsables de la actividad del criador”, sin embargo al ser convocado “no supo indicarnos qué actividad estaban haciendo”. De hecho, al parecer “ignoraba la actividad que estaban realizando en el predio”, sostuvo.

Según el expediente judicial, existe documentación donde consta que el ingeniero Velloso había prestado servicios de asesoramiento inicial al abogado Osvaldo Ceresole, quien hoy es el único que enfrenta el juicio.

Velloso había presupuestado el trabajo que, además del nexo con el ente oficial, incluía honorarios por el seguimiento del proyecto y viáticos por traslado y estadía en Santa Fe para asistir al vivero; pero la comunicación entre ambos profesionales se habría discontinuado rápidamente.

Último testigo

Dicho accionar por parte de Ceresole, que era quien contrataba y pagaba los servicios, vendría a confirmar la hipótesis fiscal de que la documentación presentada no era más que una pantalla para asegurar la impunidad del emprendimiento delictivo orientado al narcotráfico.

No obstante, fue el propio Ceresole -quien ejerce su propia defensa junto con el Defensor Público Oficial, Fernando Sánchez- quien habría insistido para que el “DT” comparezca en juicio.

Como el interés de la defensa contó con el aval del fiscal general Martín Suárez Faisal, el tribunal ordenó que Velloso sea convocado a declarar en calidad de último testigo, mediante el sistema de teleconferencia.

Una vez concluído el acto, el juicio pasará a un cuarto intermedio para la exposición de los alegatos, en los que se estima que la fiscalía pedirá pena de prisión para Ceresole, quien busca que el tribunal declare su inocencia. El veredicto está previsto para ese mismo miércoles.

Los investigadores

Mientras tanto, el TOF escuchó la semana pasada a cinco testigos, entre ellos dos referentes nacionales del Departamento Técnico del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, como el comisario inspector Eduardo Guillermo Cidre y la subinspectora Gabriela Belén González y un perito de Gendarmería Nacional, entre los miembros de la fuerza pública.

Entre los civiles declararon un vecino del predio ubicado al este de la ruta provincial Nº 1, altura del km 19, donde estaba montado el vivero; y el titular de la empresa que proveía fertilizantes y abonos a Ceresole.

Los jefes de PFA confirmaron que ellos estaban investigando el vivero antes de que Prefectura Naval redactara un informe con la “noticia criminis” al pasar por el predio iluminado. La investigación estaba a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez y la alerta de prefectura los obligó a apurar las medidas para asegurar la evidencia.

Tanto Cidre como González, brindaron al tribunal una explicación amplia con los pormenores de la investigación que llevaron a cabo y que permitió desactivar la empresa criminal que cultivaba más de 2.000 plantas de marihuana, en invernaderos a campo y en un vivero indoor en la ciudad de Santa Fe.

Fertilizantes y abono

En cuanto al funcionario de GNA realizó -a pedido de la autoridad judicial-, un peritaje comparativo entre la marihuana secuestrada en los domicilios allanados el 13 y 14 de febrero de 2024, con la que se estaba produciendo en ambos viveros. La coincidencia entre ambas muestras refuerza la teoría fiscal de que la marihuana tenía como finalidad la comercialización para consumo.

Por último, los jueces escucharon al titular de la empresa encargada de la producción de abonos y fertilizantes para el cultivo de cannabis sativa y proveedor de Ceresole para el vivero de Arroyo Leyes..

El testigo ratificó que el abogado era su cliente y que sólo mantuvo con él una relación estrictamente comercial. Dijo que sabía que existía una autorización a nombre de Ceresole para poder producir y consideró a la industria del cannabis medicinal como “incipiente” en el país.

A propósito de las dimensiones del invernadero, el proveedor de Ceresole reconoció que las dimensiones de una sala de cultivo suelen ser mucho menores al terreno empleado en Arroyo Leyes y que como se trata de una industria cercana al narcotráfico, lo primordial es tener la documentación en regla.

Juicio abreviado

El juicio oral contra el abogado santafesino Osvaldo “Patato” Ceresole (57) comenzó el pasado 1 de octubre en el TOF local. Si bien el caso tenía otros siete implicados, todos ellos optaron por evitar el juicio oral, acordando condenas bajo la modalidad de juicio abreviado.

Las audiencias de viso se hicieron antes de que comenzara el debate contra Ceresole, que fue el único que no aceptó una condena y prefirió defender su inocencia en juicio. El resto cerró acuerdos con penas que van de 2 a 4 años de prisión y cuya sentencia se dará a conocer una vez finalizado el debate principal.

El caso se remonta al 13 y 14 de febrero de 2024 cuando fue allanado un predio rural de casi cuatro hectáreas, ubicado en Arroyo Leyes, donde se secuestraron 1.531 plantas de cannabis sativa, gran cantidad de insumos para cultivo, armas y municiones. Además, se secuestraron 575 plantas más en un invernadero indoor en la ciudad de Santa Fe, en calle Santiago del Estero al 3600.

El caso tiene la particularidad de que lo que se presenta como un “vivero narco” estaba avalado mediante certificados del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en el marco de la ley 27.350, que regulaba los usos medicinales, científicos o terapéuticos del cannabis.