Colapso de la Ruta 1: la fiscalía quiere enjuiciar a los empresarios acusados

Luego de que la defensa de los empresarios acusados por el colapso de la Ruta 1 presentara un recurso para que se revea la posibilidad de cerrar la causa a través de suspensiones de juicio a prueba, se realizó la audiencia en la Cámara de Apelaciones. Tanto la fiscalía como las querellas se opusieron al planteo.

El juez Sebastián Creus presidió el acto, que comenzó a las 8.30 de este viernes 13 de mayo y se prolongó durante más de una hora. Primero escuchó al Dr. Néstor Oroño, representante de los empresarios acusados (Rubén Arnoldo Carlen, Raúl Francisco Carlen y María Ángela Nini, presidente y vicepresidentes de "Los Cerrillos S.A.").

La pretensión de la defensa es resolver el conflicto penal a través de probations, las cuales incluirían una reparación económica a las víctimas (el Estado provincial y dos productores agropecuarios particulares). Esta sería a través de la entrega de kilos de arroz.

Ínfimo crecimiento

Las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera están al frente de la investigación, en el marco de la cual acusaron a los empresarios de "estrago doloso", "daño calificado" y "daño simple".

En concreto, se les atribuyó haber construido -y mantenido- un terraplén y canales irregulares en uno de sus campos, ubicado a la vera de la Ruta 1, en zona rural de Colonia Teresa (Departamento San Javier). Estos habrían causado, tras las abundantes lluvias de enero de 2019, la explosión de una alcantarilla de la zona y, por ende, el derrumbe de la cinta asfáltica que estaba sobre esta.

"Debido a las construcciones ilegales que realizaron los acusados, quedaron incomunicadas varias localidades, lo cual impidió tanto el tránsito de personas como el traslado de animales y de productos", advirtió la fiscalía. El colapso de la Ruta 1 ocurrió el sábado 19 de enero de 2019, y tras una semana de trabajo, recién el 28 de enero se recuperó la transitabilidad del lugar.

Durante la audiencia de apelación, la fiscalía manifestó su oposición a la suspensión de juicio a prueba propuesta, asegurando que "la posibilidad de resolver este conflicto a través de una solución no punitiva –como es la probation– no se corresponde con la magnitud del daño que causaron los empresarios con su accionar delictivo". "Por eso rechazamos este planteo", de la misma manera que lo hicieron los tres querellantes.

"Mientras que en un eventual juicio oral y público solicitaremos penas de cinco años de prisión y multas por un total de $ 270.000, la defensa ofreció evitar esa instancia a cambio de kilos de arroz que los empresarios estarían dispuestos a donar a una entidad de bien público". Pero "la propuesta de los acusados es hacer esa donación 'en la medida de lo posible'".

El MPA consideró que "la reparación propuesta tiene un valor ínfimo en relación a los perjuicios sufridos por otros ciudadanos y por el Estado provincial a raíz de las conductas ilícitas". "Si bien el daño económico será calculado por la Querella, está documentado que el Estado debió destinar por lo menos 34 millones de pesos al arreglo de alcantarillas y tramos de la ruta deteriorados por los delitos que investigamos", mencionaron las funcionarias.

Informe incompleto

Durante la audiencia también se trató el recurso de apelación presentado por el MPA en relación a un informe técnico ofrecido por la defensa como medio de prueba, que fue aceptado en la audiencia preliminar por el juez de primera instancia Héctor Candioti. "Cuando fue enumerado entre los elementos que respaldan a los empresarios investigados, el documento estaba incompleto", sostuvieron.

"Entendemos que no puede valorarse como medio de prueba un escrito cuyo contenido y pertinencia se desconocen"; además, "la defensa dio cuenta de la producción del informe apenas dos días antes de la audiencia preliminar, lo que obstaculizó toda posibilidad de control y la proposición de testigos especializados", añadieron las fiscales.

Tras haber escuchado a las partes, el juez Creus deberá resolver y brindar sus fundamentos por escrito. Si rechaza el requerimiento de la defensa para que los acusados sean beneficiados con suspensiones de juicio a prueba, se deberá desarrollar el juicio oral y público en los tribunales de Santa Fe. La programación de la fecha de inicio del debate y el sorteo del tribunal serán realizados oportunamente por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

La acusación

En cuanto a los hechos investigados, el MPA recordó que "los acusados levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa", y detalló que "los montículos de tierra llegaron a tener dos metros y medio de altura".

"Desde 2007, las personas investigadas construyeron sin autorización canales de riego y desagüe y un canal de derivación de alrededor de tres kilómetros de largo con desembocadura en la cuneta oeste de la RP1. Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y provocaron una desviación de caudales hacia el río San Javier", explicó la fiscalía.

"En enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y a que se destruyera un tramo de la ruta luego de que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 superara ampliamente su capacidad".

"Las construcciones ilegales produjeron daños materiales en una vivienda y la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria que dirigen los acusados". Asimismo, se destacó que "las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa".

Medioambiente

Desde el MPA se cuestionó que "la defensa pretenda desacreditar la grave afectación al medio ambiente que los acusados generaron en favor del lucro propio".