Colapso de la Ruta 1: empresarios arroceros condenados por estrago

En un fallo que marcó precedentes dos empresarios arroceros fueron condenados por realizar construcciones irregulares en un campo, provocando el colapso de la Ruta Provincial N°1, a la altura del Km 190, en enero de 2019. Deberán deshacer las obras y recomponer el terreno, de acuerdo a la Ley General de Ambiente.

La jueza Celeste Minniti dio lectura a su veredicto este martes pasadas las 13, condenando al presidente y vicepresidente y absolviendo a la vicepresidenta de la empresa arrocera "Los Cerrillos S.A.".

Los hermanos Raúl y Rubén Carlen -representados por Sebastián y Néstor Oroño- fueron condenados como coautores de "estrago por inundación dolosa" a 3 años de prisión en suspenso. Además, deberán abonar una multa de $90.000, las costas del proceso y cumplir con una serie de reglas de conducta. Ángela Nini, cuya defensa estuvo a cargo de Mariana Oroño y Alejandro Otte, fue absuelta de culpa y cargo.

La investigación estuvo en manos de las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Mariela Jiménez (actualmente jubilada), Laura Urquiza y Barbara Ilera. Del juicio participó ésta última, junto a su colega Ezequiel Hernández. El bloque acusador se compuso, también, por tres querellas: el Estado provincial y dos particulares damnificados.

Terraplén y canales

La fiscalía se mostró conforme con la resolución de la jueza Minniti, y respecto a la absolución señaló que aguardará a conocer los fundamentos detrás de la sentencia.

"En enero de 2019 colapsó una alcantarilla de la Ruta Provincial 1, más parte de la cinta asfáltica, producto de una gran inundación", explicó Ilera, "lo que se demostró en este juicio es que este colapso se debió a la construcción de un terraplén de grandes dimensiones que resguardaba al predio de la arrocera y sus cultivos, y provocó, debido a un evento climatológico, la inundación de campos aledaños y el daño en la ruta".

Además del terraplén, la acusación se refirió a la construcción de canales de riego y desagüe, los cuales obstruyeron el escurrimiento natural del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación, desviando el agua hacia el río San Javier.

Se llegó a juicio después de años de investigación. Se trató de un debate "muy largo y tedioso, con muchos ingenieros" y profesionales que declararon durante horas. "Fue todo un desafío y desde el Ministerio Público de la Acusación estamos muy conformes con el resultado".

Derecho a un ambiente sano

Hernández destacó que "a partir del pedido de la fiscalía en relación a la Ley General de Ambiente, la jueza estipuló que debía volverse el terreno al estado anterior. Es decir, deben deshacerse todas las obras que causaron estrago".

"Esto se impuso como medida cautelar porque así lo establece la Ley, y así lo entendió la jueza. Es un antecedente particularmente importante porque no hay muchas, me animo a decir a nivel nacional, condenas que hayan tenido en cuenta esto. La afectación, no sólo de los bienes jurídicos particulares -y en este caso también generales, como es la seguridad pública- sino el derecho a un ambiente sano, que está en la Constitución Nacional", concluyó.

Obras y costos

En concreto, Minniti ordenó a los condenados "la realización de todas las obras necesarias y pertinentes a los fines de recomponer el ambiente al estado anterior de las obras realizadas respecto a la afectación de la cuenca del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación". La elaboración del programa "quedará a cargo de la provincia por intermedio de los organismos competentes", debiendo "contemplar parámetros científicos actuales". Además, dispuso que "el costo será afrontado por los condenados y la empresa 'Los Cerillos SA' de manera solidaria".