Condenan a dos policías y a un mecánico por narcotráfico en San Javier

En una sentencia que expone una vez más los vínculos entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a dos oficiales de la Policía de Santa Fe y a un mecánico de San Javier por su participación en una red de comercialización de estupefacientes que operaba en la región.

La sentencia N° 123/25, firmada por el juez José María Escobar Cello, establece penas de tres años de prisión para los policías Javier Orlando Nardoni (41) y Matías Germán Hernández (41), y dos años de prisión en suspenso para Cristian Germán Barrios (45), oriundo de Goya, Corrientes, y domiciliado en San Javier, donde trabajaba como mecánico.

Los tres fueron hallados culpables como partícipes secundarios de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, agravados en el caso de los funcionarios públicos.

Los allanamientos

La investigación se inició en septiembre de 2021, cuando agentes de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) comenzaron a seguir los movimientos de varios sospechosos vinculados al narcomenudeo en el barrio Pizarro de San Javier.

La pesquisa identificó como principales distribuidores a Walter Quiroga y Juan Ramón Centurión, y a partir de allí se desplegó un entramado de conexiones que involucraba a policías, vecinos y revendedores.

Tras meses de vigilancia y escuchas telefónicas, el 29 de noviembre de 2022 se realizaron múltiples allanamientos -en total fueron 19-, la mayoría en San Javier; pero también en Santa Fe, donde se hallaron 3 kilos de cocaína dentro de una casilla rodante, en un lavadero de barrio Mayoraz, donde se cree que funcionaba una “cocina”.

En tanto que en la vivienda de Javier Nardoni, ubicada en calle Teófilo Madrejón, efectivos de Prefectura Naval incautaron 39 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon, elementos con restos de droga y dinero en efectivo. Nardoni fue detenido poco después en Colonia San José.

En el domicilio de Matías Hernández, ubicado en calle Esperanza al 1300, los agentes encontraron 0,3 gramos de cocaína, dos plantas de cannabis sativa, semillas, armamento, dispositivos electrónicos y hasta un chaleco de la Policía de Santa Fe. También fue detenido ese mismo día.

Por su parte, en el taller mecánico de Cristian Barrios, ubicado en calle Florián Paucke, se hallaron 92 tubos plásticos con restos de droga, marihuana, balanzas, anotaciones y un arma de fuego. Su domicilio particular también fue allanado, y allí se incautaron celulares y tarjetas de memoria.

Las escuchas y el negocio

Si bien en las viviendas sanjavierinas no se halló gran cantidad de estupefacientes, su ligazón con los demás procedimientos y especialmente, las escuchas telefónicas, se convirtieron en parte central de la prueba en su contra.

En una de ellas, Nardoni dialoga con un conocido sobre precios y calidad de la droga: “Está riquísima loco, lo bueno sale cuatro lucas”, decía. En otra conversación con Hernández, éste le pide: “Prepárame dos, bolu”, en referencia a dosis de cocaína.

Barrios, en tanto, también fue interceptado hablando con una mujer —posiblemente su pareja— a quien le pide: “Necesito más para vender”. En otro diálogo con un potencial comprador, ofrece "media G en piedra" a cuatro mil pesos, asegurando que era “la mejor”.

Rol secundario pero funcional

La causa llegó a su fin mediante un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Jimena Caula, los imputados y sus defensores -el defensor público oficial Pablo Vacani y el defensor particular Iván Migno-.

En tal sentido, el juez valoró que los tres acusados no integraban el núcleo central de la organización, ya desbaratada y cuyos líderes ya fueron condenados en 2024. Sin embargo, su participación fue considerada funcional y necesaria para el circuito de venta en la localidad.

“No se infiere que hayan asumido un rol esencial, pero sí una participación secundaria que permitió la circulación de estupefacientes en el ámbito local”, expresó el magistrado.

En el caso de Nardoni y Hernández, el tribunal fue especialmente crítico por su rol como policías: “Tenían a su cargo la prevención y persecución del delito que ellos mismos cometían”, dijo el juez Escobar Cello. “Se valieron de su experiencia como investigadores y del conocimiento del territorio para facilitar las maniobras ilícitas”, añadió.

Condenas y reglas de conducta

Como resultado del proceso, el tribunal resolvió:

Condenar a Javier Orlando Nardoni y Matías Germán Hernández a tres (3) años de prisión, más una multa de 36 unidades fijas, por comercialización y tenencia de estupefacientes agravadas por su condición de funcionarios públicos.

Condenar a Cristian Germán Barrios a dos (2) años de prisión en suspenso, más multa de 22,5 unidades fijas, e imponerle reglas de conducta por dos años, entre ellas fijar domicilio, no ausentarse sin autorización judicial y abstenerse de consumir drogas o relacionarse con personas vinculadas al narcotráfico.

Múltiples condenados

Este fallo se enmarca en una causa federal iniciada en los tribunales de Reconquista e impulsada por el fiscal federal norteño, Roberto Salum, que ya tiene varias sentencias dictadas.

En octubre de 2024, el TOF de Santa Fe condenó a Walter Quiroga, Juan Ramón Centurión, Rafael Soda, Brisa Soda, Daniel Díaz y Roque Cabanqui -ex policía-, por distintos roles dentro de la red criminal, incluyendo producción, tenencia y comercialización de estupefacientes.

El esquema operaba con proveedores, distribuidores intermedios y revendedores barriales, muchos de ellos radicados en San Javier, y con ramificaciones en otras localidades de la provincia.

Una herida abierta

La condena a los policías Nardoni y Hernández vuelve a poner en evidencia un fenómeno que preocupa a las autoridades: la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad provinciales.

Ambos agentes no solo detentaban droga en sus domicilios, sino que utilizaban sus cargos para proteger y facilitar el negocio, generando una doble traición a la sociedad.

El caso de San Javier, aunque de escala local, refleja una problemática extendida en el país: el rol de las “connivencias institucionales” en el sostenimiento del narcotráfico, un delito que sigue avanzando, muchas veces con la complicidad de quienes deberían combatirlo.