Condenaron a un hombre que integró dos bandas que cometían estafas inmobiliarias

Un comerciante de 36 años fue condenado por haber integrado dos asociaciones ilícitas destinadas a cometer estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe y alrededores, entre 2014 y agosto de 2024. Se trata de Emiliano Lihuel Chacón. Se le impusieron tres años de prisión condicional y se le ordenó pagar 10 millones de pesos y entregar dos automóviles como reparación del daño causado a las víctimas, así como hacer donaciones a entidades de bien público. Entre otras obligaciones.

También se le decomisó un arma de fuego que tenía ilegítimamente, la cual será destruida. En el legajo, hay otras seis personas imputadas, entre quienes están dos abogados sindicados como organizadores de los grupos criminales. La fiscal Bárbara Ilera está a cargo de la investigación.

La pena

Chacón recibió una pena a tres años de prisión de cumplimiento condicional y fue inhabilitado para tener y/o portar armas de fuego por seis años. Se le impusieron reglas de conducta, entre las que está la prohibición de contacto con víctimas y coimputados.

Además, se le ordenó hacer una reparación económica de 10 millones de pesos que se repartirán entre 18 víctimas. También deberá devolver dos vehículos que personas estafadas le habían dado al momento de los ilícitos como parte de pago de inmuebles que no recibieron.

Por otro lado, se dispuso que Chacón done 500.000 pesos a dos entidades de bien público (cada una recibirá 250.000). A su vez, se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros que será destruida, así como 48 cartuchos del mismo calibre que él tenía en su poder de forma ilegítima.

La sentencia fue resuelta por el juez Sebastián Szeifert, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló este lunes en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal que está a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia es Bárbara Ilera. Valoró que "dos de las víctimas que se constituyeron como querellantes expresaron a través de sus abogados que están de acuerdo con lo dispuesto", y agregó que "todas la personas que sufrieron los ilícitos fueron informadas sobre la condena impuesta a Chacón".

Ilera explicó que "el legajo continúa abierto en función de que hay otras seis personas investigadas por haber sido parte de los grupos delictivos que cometían las estafas", y aclaró que "todas están en prisión preventiva". Resaltó que "entre los imputados hay dos abogados a los que se les atribuyó haber tenido el rol de organizadores".

Ilegal

Ilera afirmó que Chacón integró una asociación ilícita que era dirigida por el abogado Alfonso Eduardo Storni y se mantuvo en el tiempo en forma constante, con diferentes conformaciones en sus miembros, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, cuando se subdividió en dos grupos que continuaron operando hasta agosto de este año.

En tal sentido, mencionó que tras la separación, el condenado pasó a responder al otro abogado imputado, Javier Andrés Cóceres, y añadió que Alfonso Storni siguió al frente de la otra organización.

La representante del MPA aseveró que "a través de las estructuras delictivas, el condenado y sus acompañantes le daban apariencia legal a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no los habían autorizado a ofertar, publicitar ni transferir". Explicitó que "engañaron a personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes".

Según especificó la fiscal, "la oferta se realizaba por medios físicos, como cartelería, y digitales, como publicidades y publicaciones en redes sociales y páginas web con nombres de fantasía que principalmente eran administradas por Chacón".

"Las víctimas eran convocadas a domicilios de la capital provincial en los que los integrantes de las asociaciones ilícitas tenían sedes comerciales: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto", enumeró Ilera. "En esas oficinas, se exhibían planos y documentos relativos a los inmuebles ofrecidos y se proponían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado", destacó.

Además, expuso que "los grupos delictivos falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes", y detalló que "contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales".

"Una vez que las víctimas accedían a concretar el negocio, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración", relató Ilera. "Así, lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas", subrayó.

"En el marco de los engaños, numerosas personas les entregaron a las asociaciones ilícitas dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron", manifestó.

En tanto, puntualizó que "si bien Chacón estuvo involucrado en hechos en perjuicio de 18 víctimas, se estima que hubo alrededor de 100 estafas".

Arma de fuego

Ilera refirió que "el viernes 23 de agosto de este año, Chacón fue detenido en un domicilio en Santo Tomé, donde se le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros y cartuchos del mismo calibre". Al respecto, precisó que "tenía el arma dentro de su ámbito de custodia y sin la debida autorización legal".

Imputados

Las otras personas imputadas en la causa son el abogado Alfonso Eduardo Storni que asumió su defensa, quien tiene 47 años; su hermano, Agustín Mario Storni, quien tiene 44 años y es corredor inmobiliario; un abogado de 49 años llamado Javier Andrés Cóceres; el martillero público de 45 años Diego Marcelo Parisse; un hombre de 68 años, Atilio Domingo Di Mattía, quien está jubilado; y la mujer que cumple prisión preventiva domiciliaria, quien es ama de casa, tiene 49 años y se llama María Fernanda Guerra.