La Corte confirmó cadena perpetua para un integrante del Clan Puccio

El Litoral

DyN

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua y el cómputo de la pena para uno de los integrantes del denominado "Clan Puccio".

Se trata de Guillermo Fernández Laborda, de 72 años, quien admitió haber cometido los crímenes de los empresarios Emilio Naum y Ricardo Manoukian, ambos víctimas de la actividad del "clan".

La Corte, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ratificó sendas decisiones que aplicaron la pena máxima que establece la ley argentina a Fernández Laborda.

Además, quedó firme la decisión de darle por cumplida la condena el 28 de marzo de 2022.

Laborda fue detenido por primera vez en octubre de 1985 y desde entonces, con algunas interrupciones, está preso.

En 2007 recuperó la libertad, pero al poco tiempo fue nuevamente detenido en una causa por "defraudación", ya que se estableció que mediante identidades falsas obtenía créditos bancarios que nadie pagaba.

Por ese hecho fue condenado a tres años y medio de prisión, y fue declarado reincidente.

Fernández Laborda apeló la extensión de la condena ante la Cámara Federal de Casación Penal y el fiscal Javier De Luca dictaminó a su favor, al entender que el integrante de la banda de los Puccio "lleva en prisión casi 40 años (los últimos 4 años lo fueron por una pena de 3 años y 6 meses) y no tiene una fecha cierta de cuando procederá el agotamiento de su pena".

Además, destacó que "el caso de Fernández Laborda se ha decidido en base a una ley más gravosa no vigente al momento de comisión de los hechos que motivaron su condena a prisión perpetua (sentencia del año 1999) unificada con una condena a una pena temporal por un delito cometido con posterioridad, que no puede modificar la ley aplicable".

Pero los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky rechazaron el recurso, por lo que Fernández Laborda llegó hasta la Corte Suprema mediante una "queja" interpuesta por la defensora oficial, Graciela Galván.

El máximo tribunal, en su último acuerdo, dejó firme la sentencia y el cómputo de la condena.