Crimen de Melani Mansilla: llegaron libres a juicio pero se fueron con las esposas puestas

La orden de colocarle las esposas cayó mal a "Titi" Pereyra y "Bunda" Silva, los dos acusados y ahora condenados, por la muerte de Melani Mansilla, de un disparo en la cabeza, la noche del 20 de marzo de 2018 en las calles de Barranquitas Oeste. También sus abogados se sorprendieron por la medida cautelar impuesta por el tribunal, que en un fallo unánime los condenó a 18 años de cárcel.

El veredicto se conoció este martes por la mañana y fue leído por le presidente del tribunal de juicio Gustavo Urdiales, quien junto con sus pares José Luis García Troiano y Susana Luna declararon a Mauricio Ariel Pereyra (28) y Jonatan Federico Silva (26) culpables como coautores del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego.

La sentencia fue el resulta de un debate oral iniciado a fines de septiembre y que tuvo la particularidad que tanto Pereyra como Silva llegaron en libertad, luego de haber transitado los tres años posteriores al crimen en prisión preventiva.

Violencia narco

"La resolución fue condenatoria y por la calificación que nosotros habíamos solicitado", dijo el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Andrés Marchi, que aunque se mostró conforme con el fallo, fue cauto al decir que todavía faltan los fundamentos "para ver qué consideraciones realizó el tribunal", especialmente atento que habían solicitado 24 años de condena.

Consultado acerca de la prisión preventiva, "es una cuestión que nosotros planteamos al momento de alegar en la apertura y lo insistimos en el alegato de clausura", reconoció. "Entendimos que correspondía y el tribunal lo ha receptado", marcó el Dr. Marchi.

En cuanto a la dinámica del juicio, el fiscal Estanislao Giavedoni destacó que si bien "fue un juicio con testigos concretos que fueron con exposiciones diferentes" a las realizadas apenas ocurrido el crimen de Melani "logramos demostrar la existencia de las contradicciones y entendemos que eso ha sido ponderado por el tribunal".

El representante del MPA enmarcó el caso "en una situación de mucha violencia, en pleno barrio Barranquitas, signado por la venta de estupefacientes" y en una "zona donde estaban radicados muchos búnkers de drogas, con lo cual también es importante destacar que con esto se logra un aportar, un poco más de tranquilidad del barrio", cerró.

Mientras la dupla Marchi-Giavedoni solicitó la condena para ambos en los alegatos de clausura realizados la semana pasada, las defensas a cargo de los abogados particulares Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano -por Pereyra- y del Servicio Público, Martín Durando e Ileana Echaniz -por Silva-, reclamaron la absolución de culpa y cargo para ambos, aunque más no sea por el beneficio de la duda.

Tiro en la cabeza

Dos semanas después, los jueces parecen haberse inclinado por la hipótesis fiscal, que considera probado que fueron Pereyra y Silva quienes la noche del martes 20 de marzo de 2018, abrieron fuego desde la esquina de calle Bolivia y Laguna del Desierto, en dirección a la casa de los Acosta, una familia con la que claramente mantenían una vieja disputa.

Melani Antonella Lorena Mansilla (20) estaba en la vereda de Laguna del Desierto 4430 tomando una gaseosa con un amigo, el menor de los hermanos Acosta, cuando desde unos 80 metros, en la esquina noroeste se alcanzaron a ver los fogonazos.

Uno de los disparos impactó en la cabeza de la joven, que fue asistida y trasladada al hospital Cullen, donde falleció en horas de la madrugada del 21 de marzo. Fue una bala del calibre 22 la que se había incrustado en el parietal derecho, y según los peritos balísticos se corresponde con las cuatro vainas servidas halladas desde donde los atacaron.

Aunque no se descarta que las defensas formulen recursos de apelación (por un lado para cuestionar la prisión preventiva, pero también el veredicto), la sentencia pone punto final a un capítulo de violencia abierto aquella noche, que dejó expuesto el clima de zozobra que viven los vecinos, ajenos a las rencillas de los grupos de familia que regulan la violencia armada y el negocio de la droga.