Qué declaró el médico que atendió a Lucio Dupuy

Un médico, tres enfermeras y dos policías relataron este martes lo ocurrido en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre del año pasado, cuando Lucio Dupuy (5) fue llevado en grave estado por la pareja de su madre para que fuera atendido, al declarar como testigos en el juicio que se les sigue a ambas mujeres por el crimen, informaron fuentes judiciales.

La tercera audiencia del debate oral que se les sigue a Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, y su pareja, Abigail Páez, en el Centro Judicial de Santa Rosa, giró en torno a lo sucedido cuando la segunda acusada llegó con el niño en estado crítico al hospital.

Los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora escucharon primero a uno de los policías que aquella noche estaba cumpliendo funciones en el centro asistencial, quien relató lo que pasó cuando los vecinos y Páez ingresaron con Lucio, describió cómo vio a la víctima una vez que había fallecido y detalló la posterior llegada de la madre del niño al lugar.

Luego testificaron un médico y tres enfermeras, quienes respondieron preguntas sobre qué personal atendió a Lucio, qué procedimientos y prácticas médicas se realizaron, el tipo de lesiones que tenía y qué explicaciones dio Páez acerca de lo que había pasado.

El último testigo fue un policía del área de Niñez que concurrió al Hospital Evita y participó de las diligencias posteriores a la muerte de Lucio y de los allanamientos efectuados luego.

De la jornada del debate participaron además las fiscalas Verónica Silvana Ferrero y María Mónica Rivero y el fiscal Marcos Sacco; los defensores públicos María Silvina Blanco Gómez y Pablo De Biasi -en nombre de Páez y Valenti, respectivamente- ; el querellante José Mario Aguerrido, en representación del padre de Lucio, Christian Dupuy, y la asesora de niñas, niños y adolescentes, Graciela Massara.

La acusación del Ministerio Público Fiscal contra la madre de Lucio es "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

En tanto a Páez se le imputa el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente.

La querella, en el alegato de apertura, adhirió a las calificaciones legales del MPF, aunque añadió que también existió la agravante de odio de género para el homicidio.

Por su parte, en la primera jornada del juicio, la defensa de la madre de Lucio dijo que la mujer "no fue la autora material" del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna, mientras que la abogada de Páez, su pareja, rechazó la acusación y dijo que ella "procuró evitar" su muerte.

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, hasta donde las acusadas fueron trasladadas procedentes de la Penitenciaría 1 de San Luis, donde cumplen sus prisiones preventivas.

Es que cuando se conoció el caso el 26 de noviembre del año pasado los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.

"En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así", había dicho a Télam el forense Juan Carlos Toulouse antes de iniciarse el debate.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.