La defensa advirtió la situación del policía Muga que se quitó la vida en la cárcel de Coronda

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Santa Fe presentó un extenso informe institucional tras el suicidio del policía César Omar Muga, preso en la Unidad Penitenciaria Nº1 de Coronda desde agosto del año pasado, acusado por el femicidio de su esposa.

El documento oficial expuso las reiteradas advertencias realizadas ante la Justicia y el Servicio Penitenciario sobre el grave riesgo que atravesaba su salud mental, así como las acciones promovidas para evitar un desenlace fatal.

Según el escrito al que accedió El Litoral, Muga se encontraba bajo la asistencia técnica de la defensora pública Leticia Feraudo y presentaba desde el inicio de la causa un cuadro de profunda vulnerabilidad psíquica, con antecedentes de depresión, ansiedad, ideación suicida persistente e intentos previos de autólisis.

Estas circunstancias habían sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales desde las primeras etapas del proceso, incluso a través de declaraciones de sus hijas, quienes solicitaron tratamiento psiquiátrico y advirtieron que el encierro podía derivar en un suicidio.

Tres evaluaciones

La Defensa -a través de un informe realizado por la Dra. Lucía Narvaez-, detalló que el imputado fue evaluado en tres oportunidades por la Junta Especial de Salud Mental de la Provincia, cuyos informes coincidieron en señalar la existencia de un riesgo cierto e inminente de que atentara contra su vida.

Los especialistas concluyeron que el cuadro se agravaba con el paso del tiempo, que el ámbito penitenciario no reunía las condiciones necesarias para su abordaje terapéutico y que resultaba imprescindible su internación en un efector de salud mental adecuado.

Ante ese escenario, el MPD promovió reiterados pedidos de asistencia psiquiátrica, solicitó traslados y presentó acciones de hábeas corpus correctivo para resguardar la integridad psicofísica del detenido.

Sin embargo, las medidas requeridas no se concretaron y los planteos defensivos fueron rechazados, pese a la existencia de informes técnicos que recomendaban la internación y alertaban sobre un riesgo vital previsible.

Hábeas corpus

El último hábeas corpus fue tratado el 19 de enero de 2026, apenas dos días antes del fallecimiento del interno. En esa audiencia, la Defensa volvió a insistir en la necesidad de una internación urgente, mientras que desde el Servicio Penitenciario se sostuvo que Muga recibía medicación y control dentro del penal. El juez interviniente rechazó el planteo.

El 21 de enero, el Ministerio Público de la Defensa tomó conocimiento del deceso de Muga dentro de la unidad penitenciaria.

Frente a ello, el organismo expresó su “profundo pesar” y afirmó que el caso evidencia una grave falla del deber reforzado de cuidado que el Estado tiene sobre las personas privadas de la libertad, en particular cuando existen indicadores claros y documentados de riesgo suicida.

En su exposición, el MPD sostuvo que actuó con la máxima diligencia exigible y que el resultado fatal no puede atribuirse a una inacción defensiva, sino que pone de relieve falencias estructurales del sistema judicial y penitenciario.

Además, advirtió sobre la gravedad institucional del hecho y el impacto que genera en relación con la protección de los derechos y la vida de las personas detenidas en contextos de encierro.

El femicidio y la causa penal

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 1 de agosto de 2025 en una vivienda de la ciudad de Santa Fe, cuando César Omar Muga atacó a tiros a su pareja en el ámbito del hogar. Durante el episodio, también resultó herida una de las hijas de la mujer, que intentó intervenir.

Tras el ataque, Muga sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y fue trasladado al Hospital Cullen, donde permaneció internado bajo custodia policial.

La víctima fue derivada al hospital Iturraspe en estado crítico y permaneció internada varias semanas. En ese período, el 6 de agosto de 2025 se realizó la audiencia imputativa en la que Muga fue acusado inicialmente de tentativa de femicidio y otros delitos.

El 11 de agosto de 2025, durante la audiencia de medidas cautelares, se le dictó prisión preventiva y fue trasladado a un centro carcelario, pese a los planteos de la defensa relacionados con su estado de salud mental.

Con el fallecimiento de la mujer, ocurrido semanas después del ataque, la fiscalía recaratuló la causa como femicidio. El 2 de octubre de 2025, en una nueva audiencia imputativa, Muga quedó formalmente imputado por homicidio doloso calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Desde entonces permaneció detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, donde se encontraba alojado al momento de su deceso, informado el 21 de enero de 2026.