Este viernes por la tarde seis policías santafesinos fueron imputados por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida a mediados de enero de este año en una celda de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe.
Cinco de ellos están acusados de “tortura seguida de muerte”. El fiscal del caso atribuyó los delitos e hizo un relato escalofriante sobre los padecimientos de la víctima.

Este viernes por la tarde seis policías santafesinos fueron imputados por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida a mediados de enero de este año en una celda de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal del caso, Ezequiel Hernández, expuso su hipótesis y atribuyó graves delitos a los involucrados ante la jueza Cecilia Labanca, en la Sala 3 de los tribunales de la capital provincial, que quedó chica ante la gran cantidad de asistentes.
La prensa siguió la audiencia desde una sala cercana, a través de un monitor, al igual que casi todos los familiares de la víctima (sólo tres de ellos fueron autorizados para estar en el recinto).
Los acusados son Lucas A., Melisa D., Sebastián B., Facundo A., Sabrina P. (todos ellos del Comando Radioeléctrico) y Juan Cruz B. (del Cuerpo Guardia de Infantería).
Todos ellos fueron detenidos el miércoles por orden del fiscal Hernández. Este viernes, sólo el último participó de manera presencial de la audiencia. El resto, lo hizo de manera virtual.
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación pedirá que los imputados permanezcan en prisión preventiva en una audiencia de medidas cautelares que fue fijada para el miércoles de la semana próxima.
El trágico hecho comenzó durante la tarde del 17 de enero en la zona noroeste de la capital provincial, más precisamente en inmediaciones del cruce de calles Chaco y Hermanos Figueroa.
En base a lo que sostiene la fiscalía, los oficiales Lucas A. y Melisa D. fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 para contener a Mauro González, quien atravesaba una “crisis subjetiva” por un presunto padecimiento mental o de consumo problemático de estupefacientes.
Hernández tiene indicios para sostener que, lejos de seguir los protocolos establecidos para estas situaciones, los agentes desataron un “uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”. González fue sujetado con violencia, arrojado al piso y esposado.
Según esa reconstrucción, poco después llegaron a la escena otros uniformados: Sebastián B., Facundo A., Sabrina P. y Juan Cruz B., entre otros. Ellos, en lugar de controlar la violencia aplicada, colaboraron en la privación ilegítima de la libertad de la víctima.
Mientras Mauro permanecía en el suelo con las rodillas ensangrentadas, dos policías le presionaban con las rodillas y los pies las zonas dorsal y abdominal.
La investigación habría determinado que los efectivos arrojaron a Mauro a la caja del móvil policial Nº 12.808. Allí le presionaron la cabeza, le flexionaron las piernas a la fuerza y continuaron ensañándose con su zona hepática.
"Tuvo una cirugía abdominal", llegó a advertirles desesperado Juan Carlos González, el padre de la víctima, intentando frenar ese castigo.
Para el fiscal, la advertencia no solo fue ignorada, sino que pareció incrementar deliberadamente el ensañamiento de los policías, quienes además le colocaron un segundo par de esposas sumamente ajustadas.
Recorrido
El traslado comenzó con la oficial Melisa D. al volante y Lucas A. custodiando a la víctima en la caja. De cerca, los seguía el móvil de apoyo Nº 12.829.
Al llegar a la altura de Teniente Loza al 7100, los patrulleros detuvieron su marcha por casi dos minutos.
En ese intervalo, el suboficial Facundo A. descendió de la unidad de apoyo y subió a la caja donde yacía Mauro.
Entre Lucas A. y Facundo A. -asegura la fiscalía- volvieron a arremeter contra el joven indefenso y esposado, propinándole golpes de puño y atacándolo con un bastón o una escopeta ante la mirada cómplice de sus compañeros.
Hernández señaló que las autopsias y peritajes revelaron más de 20 lesiones visibles en todo el cuerpo y la fractura de la séptima costilla derecha.
El dolor de intensidad máxima y el daño interno provocaron un deterioro hemodinámico y metabólico rápido, dejando a González prácticamente inconsciente.
Pese a su estado crítico, los agentes decidieron no llevarlo a un hospital.
En su lugar, realizaron una insólita y negligente escala en una estación de servicio YPF (en el sudeste de la ciudad) y luego en la sede de Medicina Legal de la U.R. I., en pleno centro.
Finalmente, el derrotero terminó en la Comisaría 8va. (en el sector noreste).
Mauro fue arrojado boca arriba (en decúbito dorsal) dentro de un calabozo, completamente solo y en grave estado. Fue allí donde se produjo el desenlace fatal: el joven vomitó estando inconsciente y, al no poder moverse ni defenderse, falleció por asfixia tras broncoaspirarse.
La investigación judicial apunta directamente al abuso de funciones y la total indiferencia de los uniformados.
Para el fiscal, Melisa D., Lucas Gonzalo A., Sebastián Daniel B., Facundo Sebastián A. y Sabrina Mailén P. previeron y aceptaron este trágico resultado, mostrando un absoluto desprecio por la vida humana. Todos ellos fueron imputados como coautores de tortura seguida de muerte.
Además, Facundo Sebastián A. también fue acusado formalmente como coautor de vejaciones -cuatro hechos en concurso real-, daños y falsedad ideológica en instrumento público, todo ello en concurso real.
Por otra parte, a Juan Cruz B. se le atribuyó la coautoría de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
La familia de la víctima es querellante en la causa y es representada por el abogado Rodolfo Mingolini.





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