Las primeras audiencias imputativas por los allanamientos realizados el 6 de marzo en la ciudad de San Javier permitieron formalizar acusaciones contra 17 personas vinculadas a tres organizaciones dedicadas a la venta minorista de estupefacientes. Dos de las detenciones se concretaron dentro de establecimientos carcelarios y policiales y otras tres personas continúan prófugas.


































