El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un nuevo ofrecimiento de recompensa para intentar avanzar en una investigación judicial vinculada al narcotráfico y al crimen organizado en la provincia de Santa Fe.
La recompensa es para quienes aporten información que permita detener a un hombre con pedido de captura por una causa de narcotráfico y por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Santa Fe. Cómo funciona el sistema, quiénes pueden brindar datos y qué garantías ofrece el Programa Nacional de Recompensas

El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un nuevo ofrecimiento de recompensa para intentar avanzar en una investigación judicial vinculada al narcotráfico y al crimen organizado en la provincia de Santa Fe.
La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y establece el pago de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita localizar y detener a un hombre con pedido de captura vigente.
Más allá del impacto que genera el monto ofrecido, la resolución también vuelve a poner en primer plano una herramienta que suele generar dudas entre la población: cómo funciona el Programa Nacional de Recompensas, quién puede aportar información y de qué manera se protege la identidad de quienes colaboran con la Justicia.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 762/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de un pedido formulado por la Unidad Fiscal Rosario, que lleva adelante una investigación por delitos vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Según la resolución, la recompensa está destinada a quienes puedan aportar datos que permitan capturar a Diego Nicolás Blanco, conocido por los alias "Nico" o "Pipo", sobre quien pesa una orden de detención vigente desde el 30 de junio de 2026.
El expediente judicial indica que el hombre está imputado por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico agravado de estupefacientes, además de encontrarse formalmente investigado por otros hechos graves, entre ellos un homicidio.
La causa también lo vincula con la presunta captación violenta en la vía pública de una persona identificada como Gastón Montenegro, quien posteriormente fue hallado sin vida. Estos hechos forman parte de la investigación que tramita ante la Justicia Federal con asiento en Rosario.
Desde el Ministerio señalaron que el ofrecimiento de una recompensa se realiza a pedido del Ministerio Público Fiscal, tal como prevé la Ley Nacional 26.538, que regula este tipo de mecanismos para colaborar con investigaciones penales complejas.
Una de las principales dudas que suelen surgir cuando se anuncian este tipo de medidas es cómo puede colaborar un ciudadano sin poner en riesgo su seguridad.
La resolución establece que cualquier persona que posea información útil y que no haya participado en los hechos investigados puede comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas llamando gratuitamente al 134.
La normativa también aclara que no toda comunicación genera automáticamente el pago del dinero.
Para que la recompensa sea abonada, la información brindada debe resultar relevante para la investigación y permitir concretar la captura de la persona buscada. Posteriormente, la autoridad judicial interviniente debe emitir un informe sobre el mérito de esos datos antes de autorizar el pago correspondiente.
Otro aspecto importante para quienes evalúan aportar información es la protección de la identidad.
La resolución dispone expresamente que la identidad del informante será preservada durante todo el procedimiento, una medida prevista precisamente para incentivar la colaboración ciudadana en investigaciones vinculadas con organizaciones criminales.
Los especialistas recomiendan algunos pasos básicos para colaborar de manera responsable:
No intentar localizar ni enfrentar a una persona con pedido de captura.
No difundir versiones no verificadas en redes sociales.
Comunicar únicamente información concreta y verificable.
Utilizar exclusivamente la línea oficial 134 para realizar el aporte.
Evitar compartir públicamente datos que puedan entorpecer la investigación.
Este procedimiento busca que toda la información llegue directamente a las autoridades judiciales y de seguridad encargadas de la causa.
La resolución también ordena que las fuerzas federales y el propio Ministerio de Seguridad difundan el afiche oficial de búsqueda en distintos medios de comunicación para ampliar el alcance del pedido de colaboración ciudadana.
En paralelo, el Gobierno dispuso que la recompensa tenga vigencia en todo el territorio argentino, de modo que cualquier persona que cuente con información relevante pueda colaborar sin importar la provincia donde resida.





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