Moderno House: la nueva imputación y las cautelares se discutirán el 5 de octubre

La investigación por las presuntas estafas cometidas en Santa Fe y alrededores, a través de la firma Moderno House, tendrá una nueva instancia el próximo 5 de octubre. Ese día, en horario a definir, se realizará la audiencia imputativa solicitada por la fiscalía y, luego de un cuarto intermedio, se analizarán las medidas cautelares que pesan sobre Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi.

La definición surgió este martes durante una audiencia multipropósito realizada en el Anexo de Tribunales de Santa Fe, ante el juez Lisandro Aguirre. El encuentro había sido convocado para resolver planteos formulados luego de la suspensión de la audiencia imputativa que había sido prevista para el 10 de septiembre.

La fiscal Jésica Bernard, junto con Ezequiel Hernández, lleva adelante la investigación, mientras que José Ignacio Chigal representa a la querella. Segovia es defendido actualmente por Jorge Qüesta, mientras que Dos Santos Rizzi cuenta con el Dr. José Nanni de Rosario.

Nuevo esquema

Qüesta asumió la defensa de Segovia pocos días antes de la audiencia en la que la fiscalía pretendía formular una nueva imputación. Según explicó el abogado, debido al volumen del expediente y a la cantidad de evidencia digital incorporada, la defensa solicitó un plazo para acceder y analizar la totalidad de las actuaciones.

A partir de ese pedido, el juez dispuso suspender la audiencia y entregar a la nueva defensa la totalidad de la prueba. La decisión fue recurrida mediante planteos de revocatoria tanto por la defensa como por la querella, que fueron incluidos entre los temas de la audiencia de este martes.

Mientras tanto, la fiscalía había solicitado que se revisaran las medidas cautelares que mantienen a los dos imputados en libertad. La audiencia imputativa y la revisión de esas medidas habían sido fijadas inicialmente para fechas diferentes.

Finalmente, luego de las presentaciones de las partes, se acordó concentrar ambos actos en una misma jornada. Primero se realizará la audiencia imputativa y, después de un intervalo de menos de dos horas, se analizará la situación cautelar de los acusados.

Situación de los imputados

Segovia y Dos Santos Rizzi permanecen actualmente en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país. Según explicó Qüesta, con el archivo de la investigación esas restricciones quedaron sin aplicación práctica y, tras el desarchivo, la fiscalía pretende revisar nuevamente la situación procesal de ambos.

Un antecedente inmediato se produjo a comienzos de septiembre, cuando se realizaron cinco allanamientos vinculados con la causa. Uno de ellos tuvo lugar en el domicilio donde residía Segovia. De acuerdo con lo relatado por su defensor, durante el procedimiento se secuestró incluso su documento de identidad.

En ese contexto, la fiscalía había solicitado que Segovia fuera declarado en rebeldía y que se librara una orden de captura. El planteo no fue admitido por el juez, quien consideró que el imputado se encontraba a derecho.

Para la defensa, ese antecedente forma parte del escenario que deberá analizarse al momento de discutir las medidas cautelares. La fiscalía deberá precisar entonces qué medida solicita para cada uno de los imputados y fundamentar su pedido.

Reapertura de la causa

La investigación comenzó en 2024, a partir de numerosas denuncias contra Moderno House, firma que funcionaba sobre avenida Facundo Zuviría al 6600. Los denunciantes aseguraron haber entregado ahorros para la construcción de viviendas prefabricadas que finalmente no fueron terminadas o entregadas.

En una primera etapa, la fiscalía había atribuido a los responsables presuntas "estafas reiteradas". Sin embargo, luego de que fracasaran las instancias de mediación en el Área de Solución Pacífica de Conflictos, en abril de 2025 el fiscal que llevaba adelante el expediente dispuso su archivo.

La hipótesis de entonces era que los incumplimientos denunciados constituían un conflicto contractual y no una maniobra delictiva iniciada desde la captación de los clientes. La decisión fue confirmada por la Fiscalía Regional.

La querella recurrió esa resolución y el planteo llegó hasta la Fiscalía General del MPA. El 29 de mayo de este año, María Cecilia Vranicich ordenó desarchivar las actuaciones y reasignarlas a la fiscal Bernard, al considerar que todavía debían producirse medidas de prueba para determinar si existió una conducta delictiva desde el comienzo de las contrataciones.

Con la reapertura de la carpeta judicial se incorporaron nuevas evidencias y nuevos reclamos. A valores de 2024, el perjuicio económico había sido estimado en unos 27 millones de pesos.

Ahora, la investigación ingresará en una nueva etapa: el 5 de octubre, la fiscalía deberá precisar los nuevos hechos que atribuye a los dos acusados y, posteriormente, fundamentar las medidas cautelares que considere necesarias.