Nuevo condenado por un caso de trata de persona en Santo Tomé

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El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 9 años de prisión a Aníbal Damián Romero, por haber mantenido cautiva durante cuatro meses a una joven madre, a la que obligó a prostituirse en Santo Tomé, bajo la amenaza constante de dañar a sus tres pequeños hijos que eran utilizados como rehenes. Por el mismo caso, la pareja de Romero, Marcela Beatriz Miño, fue sentenciada a 8 años de prisión domiciliaria en un juicio oral realizado en noviembre de 2016.

La sentencia de Romero se conoció el 16 de agosto y sus fundamentos fueron comunicados el viernes siguiente por el sitio oficial www.cij.gov.ar del Centro de Información Judicial (CIJ). En esta oportunidad, el tribunal estuvo integrado por los jueces rosarinos Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Omar Digerónimo, quienes encontraron a Romero autor responsable del delito de “trata de persona con fines de explotación sexual, agravada por haber mediado violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad y por la consumación de la finalidad de explotación” en perjuicio de EEF.

Hospitalidad y engaño

El calvario que debió atravesar la víctima tuvo su inicio en ocasión de celebrarse el Año Nuevo de 2014. Ese 31 de diciembre, una amiga la invitó a pasar las fiestas con su familia en Santo Tomé, en el barrio Villa Adelina, donde vivían Romero y Miño. La joven mujer, que apenas si tenía dinero para pagar el alquiler de una pieza en el barrio Centenario, donde vivía con sus tres pequeños hijos, aceptó la invitación, que enseguida se convirtió en una promesa de progreso y bienestar.

La primera semana de enero de 2015 transcurrió en los mejores términos, hasta que sus anfitriones la intimaron para que se prostituyera, para mantener a sus hijos y como contraprestación por haberle dado casa y comida. La llevaron a la ruta 19, en las inmediaciones del km 2,5 en cercanías del peaje de acceso a la autopista. Allí ofrecía sus servicios sexuales desde el mediodía y hasta la noche, bajo la estricta vigilancia, especialmente de Aníbal Romero, también conocido por su apodo de “Tanga”. “Siempre había alguien vigilándola”, sostuvo el tribunal, que basó su análisis en la declaración que la mujer hizo durante el primer juicio, que además fue coincidente con las versiones anteriores en sede policial y fiscalía.

Sin documentos

Le exigían $ 1.500 diarios y la revisaban de pies a cabeza para que no se guardara la plata. Mientras tanto, sus hijos se quedaban al cuidado de Miño, en la casa de calle Castelli 4036 de Santo Tomé, donde sufrían habituales malos tratos y faltas de cuidado. Los niños “eran usados como elemento de coacción para que no se escapara”, a punto tal que “le decían que si se escapaba la iban a matar a ella y a los niños”, sostuvo el tribunal.

Como si esto fuera poco, Romero le quitó a EEF el documento de identidad y la tarjeta mediante la cual cobraba un subsidio para la compra de alimentos -tarjeta de Ciudadanía- y la asignación universal -AUH-; además de la documentación de sus tres hijos. Por eso, el día que pudo escapar, lo hizo “sin llevarse ninguna pertenencia ni documentación”.

Según recordó la víctima durante su exposición en el juicio oral contra Miño, fue el 24 de abril que logró fugarse, porque era el día en que la provincia depositaba el dinero en la cuenta, y en forma fortuita “Romero y su pareja se habían ido al supermercado sin llevarse a los chicos”.

Advertidos de lo ocurrido, los Romero salieron en su búsqueda. La misma noche de su huida la buscaron en la casa de su hermana, que vivía en el mismo barrio. La amenaza hizo que desde allí se fuera a la casa de una amiga al barrio Centenario, pero “también allí la buscaron”. Entonces fue a parar a la casa de sus primos, donde también fue buscada, pero alcanzó a llevar a sus hijos a un dispensario médico y realizó los trámites para renovar los documentos.

Detenido y condenado

Fue entonces cuando se enteró de que “la estaban buscando para matarla”, por lo que recién entonces realizó la denuncia, la cual fue ratificada a comienzos de septiembre de 2015 en la Fiscalía Federal.

El 4 de noviembre de 2015, el juez federal Nº 2 de Santa Fe ordena la detención de Aníbal Romero y Marcela Miño, y el allanamiento de la casa de calle de Villa Adelina, donde sólo fue hallada la mujer. Dos semanas después, Miño fue procesada por graves delitos, por los que finalmente llegó a juicio.

El 9 de noviembre de 2016 el tribunal integrado por los jueces Luciano Lauría -presidente-, María Ivón Vella y José María Escobar Cello condenó a Miño a 8 años de prisión domiciliaria por “trata de persona con fines de explotación, agravada por haber mediado violencia, amenazas, abuso de situación de vulnerabilidad y por la consumación de la finalidad de explotación”. Entre tanto, la policía detuvo a Romero el 20 de octubre de 2016, en el marco de un robo y diez días después fue procesado por trata de personas. Como ya habían emitido opinión, los jueces Lauría, Escobar Cello y Vella se inhibieron para intervenir en el nuevo juicio, por lo que se convocó a los jueces de Rosario.

Durante el debate, realizado el pasado agosto, la fiscal auxiliar Natalia Palacin, solicitó 9 años de cárcel para Aníbal Romero, pena que finalmente fue impuesta por los miembros del tribunal.