Procesaron al "Turu" Mendieta como jefe de una organización narco que operaba en el norte de la ciudad

El juez federal Aldo Mario Alurralde procesó con prisión preventiva al narco santafesino Jorge Alberto Mendieta, alias “Turu”, al considerar que existen suficientes elementos para ubicarlo como jefe de una organización dedicada a la distribución de estupefacientes en la ciudad de Santa Fe.

La resolución fue notificada el viernes 13 de marzo en el marco de una causa instruida por los fiscales federales Walter Rodríguez y Milagros Traverso. En el escrito, el magistrado sostuvo que las maniobras investigadas no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema criminal estable que funcionó durante meses y que tenía al imputado como principal responsable.

El procesamiento recayó sobre Mendieta como presunto autor del delito de “distribución de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas”. Además, el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por la suma de ocho millones de pesos.

La decisión judicial llega apenas semanas después de su captura y confirma la hipótesis de la investigación: que el acusado encabezaba una estructura dedicada a la adquisición, fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana en distintos puntos de la zona norte de la capital provincial.

El rol de jefe

En la resolución judicial se describe a Mendieta como el líder y organizador de la red narcocriminal. Según los indicios reunidos en el expediente, era quien tomaba las decisiones clave del negocio ilegal, financiaba la compra de drogas y manejaba los ingresos derivados de su comercialización.

La investigación determinó que el acusado se encargaba de proveer sustancias ilícitas a distintos puntos de venta para su distribución al menudeo. Para reducir su exposición directa, delegaba parte de las tareas operativas en colaboradores de confianza.

Entre ellos se encuentran Antonio Andrés Juárez —alias “Jairo”—, quien guardaba dinero y droga por orden del acusado, además de Daniel y Alejandro Santa Cruz, encargados de vender el material. También fue identificado Fernando Valentín Stival como presunto proveedor de cargamentos de estupefacientes.

Esos cuatro integrantes ya fueron condenados en la causa mediante juicios abreviados realizados ante el Tribunal Oral Federal, lo que reforzó la hipótesis de que Mendieta ocupaba el rol central dentro de la organización.

Escuchas y allanamientos

El procesamiento se sustenta en una investigación judicial que incluyó intervenciones telefónicas, vigilancia y una serie de allanamientos realizados el 4 de diciembre de 2024 en distintos domicilios del norte de la ciudad.

Durante esos procedimientos se secuestraron drogas, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares y anotaciones vinculadas con presuntas transacciones ilegales.

Las escuchas permitieron reconstruir parte de la operatoria de la banda y detectar una estrategia utilizada por Mendieta para dificultar el avance de las pesquisas: el uso constante de distintos teléfonos celulares.

En una de las comunicaciones interceptadas llegó a mencionar que utilizaba “veinte teléfonos”, lo que para los investigadores evidenciaba un intento deliberado de evadir controles judiciales.

La fuga y la captura

Otro de los argumentos centrales para justificar la prisión preventiva fue el riesgo de fuga. El magistrado recordó que Mendieta permaneció prófugo durante varios meses, tras declararse en rebeldía en el proceso judicial.

El acusado estuvo evadido desde mayo de 2025 hasta el 24 de febrero de este año, cuando fue capturado en un operativo realizado por la Policía de Investigaciones en el barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe.

Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional y una recompensa de cinco millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad para quienes aportaran datos que permitieran localizarlo.

Tras su detención, fue trasladado a la cárcel de Piñero, donde permanece alojado mientras continúa el proceso.

Un “modo de vida sostenido”

En los fundamentos de la resolución, el juez sostuvo que las evidencias reunidas permiten inferir que la actividad delictiva no era ocasional, sino que constituía la principal fuente de ingresos del acusado.

Según el magistrado, el funcionamiento prolongado de la red, la cantidad de personas involucradas y la logística detectada permiten concluir que se trataba de un esquema organizado de narcotráfico asentado en la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, el procesamiento consolida la acusación que los investigadores sostienen desde el inicio de la causa: que Mendieta actuaba como el cabecilla de una estructura dedicada al tráfico de drogas que operó al menos entre mayo y diciembre de 2024 en distintos barrios del norte de la capital provincial.

Planteo de la defensa

La defensa de Jorge Alberto “Turu” Mendieta, integrada por los abogados Claudio Torres del Sel y Julieta Carnaval, planteó objeciones durante la audiencia indagatoria respecto de la calificación legal utilizada por la fiscalía para imputar al acusado.

Según expusieron ante el juez Alurralde, la acusación que presenta a Mendieta como presunto jefe de una organización dedicada a la distribución de drogas no sería consistente con otras decisiones adoptadas previamente en el mismo expediente.

Los defensores señalaron que varios de los imputados en la causa —entre ellos algunos de los presuntos colaboradores del propio Mendieta— ya fueron condenados mediante acuerdos de juicio abreviado por el delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes, una figura penal distinta y de menor gravedad que la actualmente atribuida al detenido.

Desde esa perspectiva, sostuvieron que si el resto de los integrantes de la supuesta estructura fue juzgado bajo esa figura, resultaría contradictorio que el presunto líder sea indagado por un delito diferente dentro del mismo marco fáctico.

En función de ese argumento, la defensa planteó que la imputación y ahora el procesamiento deberá revisarse y adecuarse al encuadre jurídico ya utilizado en la causa, señalando que la calificación escogida por la fiscalía podría generar inconsistencias dentro del propio proceso judicial.