Rosario: investigan red de corrupción con fondos para combustible de patrulleros

Una investigación judicial sacude a la fuerza de seguridad santafesina: 13 efectivos policiales y 4 civiles fueron imputados por una maniobra sistemática de corrupción con fondos destinados a la carga de combustible para patrulleros. El esquema habría generado un perjuicio mensual de aproximadamente 45 millones de pesos al Estado provincial durante los últimos diez meses.

El proceso judicial se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el fiscal a cargo presentó pruebas que revelan un entramado de sobrefacturación, cargas de combustible falsas y complicidades internas que involucrarían desde altos mandos policiales hasta empleados de una estación de servicio de la zona sudoeste de la ciudad.

El modus operandi: patrulleros sin uso que "consumían" nafta a diario

De acuerdo con la acusación, el fraude se estructuró principalmente a través del uso indebido de las tarjetas “Visa Flota”, destinadas exclusivamente a la carga de combustible de móviles policiales. Sin embargo, estas tarjetas eran concentradas por algunos agentes, quienes las utilizaban para facturar cargas inexistentes o por montos superiores a los reales.

En muchos casos, los patrulleros figuraban oficialmente fuera de servicio o directamente no se movían de los depósitos, pero registraban consumos diarios de combustible. Un informe de Asuntos Internos señaló que incluso móviles sin GPS –que deberían haber estado activos– permanecían sin funcionar, mientras se reportaban cargas por cientos de litros de nafta.

Uno de los casos más ilustrativos involucra a un patrullero del Comando Radioeléctrico que, con un recorrido estimado para consumir 560 litros, terminó rindiendo 730 litros en sus planillas.

Roles asignados y jerarquía implicada

Entre los principales sospechosos figuran comisarios y subinspectores con responsabilidades clave en logística, distribución de recursos y unidades operativas. También fueron mencionados jefes de secciones como Infantería, Perros y Caballería, quienes habrían participado del circuito de rendiciones falsas o cobro de sobornos.

El fraude no solo habría contado con respaldo interno, sino también con colaboración externa. Cuatro personas vinculadas a una estación de servicio de calle Ovidio Lagos están bajo investigación. Se trata de directivos y empleados que, según la fiscalía, habrían facilitado las maniobras fraudulentas e incluso entregado dinero en efectivo a los uniformados en sobres o cajas.

En uno de los allanamientos, se encontraron más de 300 tarjetas “Visa Flota” y documentación escondida, incluso en una parrilla, aparentemente lista para ser destruida.

Cajas negras, dinero en sobres y tecnología para rastrear la verdad

El uso de dispositivos GPS en los móviles permitió revelar que varias camionetas supuestamente activas no se movieron durante semanas, pese a figurar como si estuvieran en uso. Las pruebas también incluyen escuchas telefónicas, fotos de policías retirando dinero en la estación de servicio, y la detección de equipos de cobro electrónico en domicilios particulares, fuera de toda normativa.

Uno de los imputados, apodado “Pata Corta”, habría tenido en su casa un posnet de la estación de servicio involucrada, y junto a su pareja –también integrante de la fuerza– habría operado parte del circuito de desvío.

Una red coordinada con sospechas que llegan a la jefatura

El fiscal también apuntó a decisiones administrativas que habrían favorecido el esquema, como la reasignación de áreas clave dentro de la estructura policial. Uno de los comisarios implicados habría tenido acceso directo a las partidas provinciales de más de 380 millones de pesos, lo que facilitó la articulación del desvío.

Todos los imputados enfrentan cargos por fraude al Estado, falsificación de documentación pública y asociación ilícita. La acusación continuará este miércoles, con el pedido de prisión preventiva para 16 de los 17 involucrados, salvo una empleada administrativa con participación menor.

El daño al erario público y a la confianza social

El caso no solo representa un golpe millonario a las arcas públicas, sino también un deterioro profundo en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La causa avanza, y se espera que en los próximos días se definan medidas preventivas más severas y nuevas imputaciones, conforme se analicen los datos recolectados.