Rufino: piden 6 años de prisión para el Intendente y 4 para su esposa

A raíz de una denuncia realizada por el Concejo Deliberante de Rufino, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó un pedido de elevación a juicio oral contra el actual intendente municipal de esas ciudad, Abel Natalio Lattanzi y su esposa Marisol Raspo, a quienes se los acusa por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “fraude a la administración” (en grado de tentativa).

La pena solicitada es de seis años de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación especial perpetua para el Intendente. En tanto que a Raspo se la enjuiciará por “negociaciones incompatibles con la función pública” en calidad de partícipe necesario, y “fraude a la administración pública” en grado de tentativa en calidad de autor, por lo cual se solicitan cuatro años de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación especial perpetua.

El hecho ocurrió en junio de 2016, ante un llamado de licitación para el transporte y adquisición de piedra dolomítica por parte de la Municipalidad de Rufino por el monto aproximado de 3.000.000 de pesos. A la convocatoria se presentó y se le dio trámite a la oferta de la empresa de transporte de la familia integrada por madre, hijo y esposa del intendente Lattanzi, cuya socia gerente es su esposa. Atento a esto, el Concejo Deliberante de Rufino presentó ante el MPA una denuncia solicitando se investigue la posible comisión de un delito penal.

Nunca ocurrió

Este miércoles el municipio de Rufino difundió un comunicado donde advierte que el pedido de elevación a juicio lo viene solicitando el propio Intendente y su defensa hace aproximadamente 3 años, para “garantizar y hacer uso del derecho a defensa y la presunción de inocencia”, aseguraron.

“En ningún momento, ni el intendente Natalio Lattanzi ni otro funcionario municipal cometieron delito alguno. Tanto los funcionarios que intervinieron en la licitación, como el Intendente, cumplieron con todos los deberes a su cargo. No existieron de parte del Intendente negociaciones de ningún tipo relacionadas con esta licitación”, aclararon en la misiva.

En el mismo sentido, admiten que no hubo desplazamiento patrimonial indebido del municipio a persona o sociedad alguna y que, por lo tanto, no existió fraude ni intento en tal sentido: “Estamos seguros que la justicia respaldará nuestro actuar y nuestra transparencia, la que cada vecino de la ciudad se merece. Sabemos que nuestro trabajo es acompañado por la mayoría de los rufinenses. Por ellos seguiremos esforzándonos día a día y con el claro objetivo de ver mejor a nuestro Rufino”, resumieron.

El Litoral | Transmedia Venado Tuerto