Cómo habría tratado de cubrir su "rastro" el acusado de descuartizar a Lucas Caraballo

Lucas Rafael Caraballo tenía 38 años y se ganaba la vida como "profe" de Danza. Era oriundo de la ciudad entrerriana de Paraná, pero a fines del año pasado se domiciliaba en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Desapareció la noche del 25 de diciembre de 2024. Fue asesinado y desmembrado.

Sus restos fueron hallados días más tarde, ya en enero de este año, en un bañado del río Salado, detrás del Hipódromo de la capital provincial. Por su estado, la identificación del cuerpo no fue tarea sencilla. De hecho, todavía resta saber el resultado del estudio de ADN, pero los investigadores no tienen dudas de que se trata del cadáver de Lucas.

El caso es dirigido por la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. Por el crimen, esta semana fue imputado Ever Jesús Pacheco, un hombre de 34 años que es propietario de la casa que alquilaba Caraballo.

Además, era su vecino, porque residía en la planta alta del mismo edificio. Cuando los detectives que investigaban la muerte de Lucas ataron cabos y lo tuvieron en la mira fueron a buscarlo, pero este sujeto ya estaba en prisión.

Los antecedentes de violencia que tiene el acusado son reveladores.

El 4 de septiembre de 2023 él fue a cobrar un alquiler machete en mano. Amenazó a su inquilino y llegó a lastimar una de sus manos. La policía intervino por llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911 y Pacheco -que se resistió al arresto- terminó en prisión.

Por el incidente, fue condenado a tres años de prisión de ejecución efectiva. Esto le costó su trabajo de guardiacárcel, porque el Servicio Penitenciario lo pasó a disponibilidad.

"En pedacitos"

Luego de ocho meses, Pacheco recuperó su libertad de manera condicional, pero a principios de este año su expareja lo denunció por gravísimos delitos ocurridos en un contexto de violencia de género: privación Ilegitima de la libertad, lesiones leves dolosas y abuso sexual gravemente ultrajante en forma reiterada.

Ella contó que el hombre la obligó a mantener relaciones sexuales y la amenazó con cortarla en pedacitos que iba a tirar al río si lo abandonaba.

Pacheco nuevamente terminó tras las rejas, pero para la fiscalía antes había cometido el atroz asesinato de Caraballo.

La hipótesis de los investigadores apunta a que la víctima fue asesinada en la vivienda de Pacheco. Peritajes que se hicieron para buscar restos genéticos hallaron rastros de sangre en distintas partes de la casa.

Los uniformados también encontraron en el lugar varios muebles que pertenecían a Lucas. Pacheco aseguró que su inquilino se los había dejado como parte de pago de un alquiler adeudado.

Siempre en base a lo que sostiene la fiscalía, entre la noche del 25 de diciembre de 2024 y la madrugada del 26 Pacheco le reclamó por el pago del alquiler a Caraballo y terminó matándolo. Luego, lo desmembró, cargó casi todos sus restos en una valija y tomó un remís "trucho" para descartarla donde fue hallada días más tarde.

Nunca aparecieron los brazos. Los habría quemado y ocultado en otro lugar para que no puedan reconocer el cuerpo por las huellas dactilares o algún tatuaje. Pacheco también habría destrozado la dentadura de la víctima con el mismo fin. Todo esto habría sido reconocido por el mismo imputado a una mujer que ahora participa en la causa como testigo.

Mensajes falsos

Pacheco reconoció que vio a Lucas la noche de su desaparición. Él aseguró que le entregó sus muebles como parte del pago del alquiler y se marchó porque se mudaba a Buenos Aires.

Los investigadores sostienen que el acusado se quedó con el celular de Caraballo y envió algunos mensajes para despistar a sus conocidos. Pero por la sintaxis los receptores se dieron cuenta de que algo raro pasaba. No era la forma de escribir del dueño del teléfono. Afirmaba que se iba a vivir a Buenos Aires, porque había conseguido trabajo allá.

Cautelar de máxima

Este martes se realizó una audiencia de medidas cautelares en la que, por acuerdo entre partes, el juez Gustavo Urdiales le impuso la prisión preventiva.

El MPA estuvo representado por los fiscales Ana Laura Gioria y Estanislao Giavedoni, mientras que los defensores fueron Sebastián Rugn, Nicolás y Diego Martini Guido.