La UIF será querellante en la causa por la cueva financiera en Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario confirmó la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en la causa que investiga a Ángel Yamil Benavídez y a cuatro personas más por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, entre otros delitos económicos.

La causa inició en septiembre de 2023, cuando en el marco de una causa de la justicia provincial la policía allanó un departamento del Puerto de la ciudad de Santa Fe, y descubrió que allí funcionaba una cueva financiera.

La última novedad en la causa federal es que la Justicia desestimó el recurso de apelación presentado por los abogados José Augusto Monge y Fernando Dante Monge -a cargo de la defensa de Juan Emilio Gastaldo-, al que adhirió el defensor Ignacio Alfonso Garrone -por Benavídez-, quienes cuestionaban la participación de la UIF como parte acusadora en la causa.

La UIF, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, "es el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Cuestión controvertida

La controversia resuelta por la justicia federal rosarina, más precisamente por el tribunal integrado pro los magistrados Silvina María Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, se centró en la interpretación de las normas jurídicas que regulan la intervención de la UIF en procesos penales.

La defensa argumentaba que la actuación de la UIF debía limitarse a casos de narcotráfico, financiación del terrorismo o delincuencia organizada trasnacional. Sin embargo, el tribunal rechazó esta interpretación restrictiva, sentando un precedente para la lucha contra los delitos financieros.

La defensa de Gastaldo apeló la decisión de permitir la participación de la UIF como querellante, alegando que "en cuanto de lavado de activos éste no resulta ser achacado y reprochado a Gastaldo, por lo que, en términos subjetivos, se encuentra excluido de su ámbito y campo de aplicación".

No obstante, la Cámara Federal de Rosario desestimó este argumento, señalando que "la situación particular de Gastaldo, imputado únicamente por su intervención en el delito de información financiera no autorizada, tampoco resulta obstáculo en la potestad de querellar reconocida al organismo".

Esto, debido a que "la conducta se encuentra inmersa en un entramado delictivo facilitador para que las ganancias obtenidas fueran luego volcadas al mercado legal a través de la actividad de otros coimputados en la causa, relación que permite justificar el legítimo interés de la UIF para ser constituida como parte en el proceso".

El tribunal también rechazó el argumento de la defensa sobre una supuesta desigualdad procesal, afirmando que "la intervención del querellante no persigue las mismas funciones y fines que asisten a este Ministerio Público, pues no reemplaza ni desplaza su rol como titular de la acción penal pública, sino que lo complementa en función de sus propios intereses".

Con esta confirmación, la UIF podrá participar activamente en la causa judicial comandada por el Fiscal Federal Walter Rodríguez, y los fiscales coadyuvantes Milagros Traverso y Diego Orzuza Kock, quienes solicitaron la elevación a juicio.

Dicha cuestión aún no fue resuelta debido a que al momento de la presentación había dos recursos interpuestos ante la Cámara de Apelaciones de Rosario que aún no habían sido resueltos. Uno era la querella de la UIF.

La causa

La investigación inició en septiembre de 2023 cuando la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a un departamento ubicado en una torre del Puerto santafesino. Buscaban electrodomésticos, hallaron un botín. A partir de allí intervino la Justicia Federal.

En el lugar detuvieron a Benavídez y secuestraron 45 millones de pesos argentinos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales, junto a 39 tarjetas de débito y documentación que daba cuenta de movimientos bancarios (depósitos y transferencias).

El 31 de octubre de 2024 la Fiscalía Federal dio por concluida la investigación y acusó a cinco personas: Benavídez, quien estaba en el departamento cuando descubrieron la cueva financiera; la contadora María Laura Miassi, quien era pareja del "turco"; Raúl Adrián Manonellas; Juan Emilio Gastaldo; y Carlos Raúl Quartucci.

Los fiscales les atribuyeron diferentes roles en el marco de la realización de "actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicados a operaciones de lavado de activos". Las mismas se desarrollaron entre septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2023, cuando la cueva del Puerto fue allanada.

Los delitos

Benavídez, ex funcionario municipal y ex asesor del Consejo Deliberante, está procesado por "intermediación financiera no autorizada", "defraudación por el uso de una tarjeta de débito falsa en concurso ideal con el delito de falsificación de tarjeta de débito" (39 hechos), "lavado de activos de origen ilícito agravado por la habitualidad", y "recepción de bienes provenientes de un ilícito penal".

Recientemente le concedieron la prisión domiciliaria, supeditada al pago de una fianza no menor a 900 millones de pesos.

El resto de los involucrados fue acusado por su participación en algunos de los delitos atribuidos a Benavídez.