Este jueves, el caso que conmocionó a la ciudad de Santa Fe en la Navidad de 2020 llegó nuevamente ante la Cámara de Apelaciones. Esta vez, se discutió la apelación de la condena a Francisco Mario Sánchez por el homicidio de Luciano Nicola.
La defensa espera que revoquen la sentencia a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Luciano Nicola, mientras la querella insiste en la legitimidad del proceso. Los padres de la víctima de 19 años volvieron a reclamar Justicia.

Este jueves, el caso que conmocionó a la ciudad de Santa Fe en la Navidad de 2020 llegó nuevamente ante la Cámara de Apelaciones. Esta vez, se discutió la apelación de la condena a Francisco Mario Sánchez por el homicidio de Luciano Nicola.
En la audiencia, presidida por el camarista Alejandro Tizón, se discutió la sentencia del juez Lisandro Aguirre, que halló a Sánchez responsable del “homicidio culposo agravado” del joven de 19 años, atropellado en la Ruta Nacional 168 la mañana del 25 de diciembre de 2020.
El defensor Martín Montegrosso busca revertir el fallo que impuso a su cliente una pena de 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación para conducir, cuestionando tanto la legalidad de la acusación privada como la valoración de las pruebas de cargo.
El caso Nicola marcó jurisprudencia a nivel local, ya que llegó a juicio mediante una querella privada, luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidiera archivar la investigación. La familia de Luciano impulsó la causa junto a los abogados Juan José Patiño, Martín Scurato y Sergio Fabbro.
Durante el debate oral y público, los acusadores lograron probar que Sánchez conducía bajo los efectos del alcohol y a una velocidad que no era la apropiada para las circunstancias del momento.
La defensa de Sánchez centró su estrategia en cuestionar la constitucionalidad del rol de la querella cuando el Estado, a través de sus fiscales, decide no acusar. Según el abogado defensor, el derecho penal debe ser exclusivamente público y la participación de un acusador privado en estas condiciones es "contraria a todos los preceptos constitucionales".
Asimismo, la defensa insistió en la teoría de la "autopuesta en peligro" por parte de Nicola, quien caminaba por la ruta tras la desarticulación de una fiesta clandestina. "Hay una autopuesta en peligro de la víctima que no puede ser achacada al imputado, toda vez que no hubo posibilidad de prever este peligro", sostuvo Montegrosso ante el juez de cámara.
El abogado también volvió a cuestionar la validez del test de alcoholemia realizado a Sánchez, que arrojó 1,5 g/l, alegando la falta de un acta de extracción formal y la ruptura de la cadena de custodia.
Desde la otra vereda, el Dr. Patiño rechazó de plano cada agravio. Explicó que la legitimidad de la querella privada está amparada por el Código Procesal santafesino y por el "principio constitucional de acceso a la justicia".
Para la querella, no hay dudas de la responsabilidad del condenado: "El señor Sánchez violó más de una norma de tránsito. La conducción no fue cuidadosa de acuerdo a la circunstancia del lugar, no tuvo dominio del vehículo, no frenó, no esquivó".
Patiño recordó que, al momento del hecho, había cientos de jóvenes caminando a la vera de la ruta, lo que exigía una "velocidad precautoria" que el condenado ignoró al circular a un promedio de 100 km/h mientras estaba alcoholizado.
El momento más sensible fue la declaración de los padres de Luciano, quienes cuestionaron la falta de humanidad del acusado: "Si tuvo tanta velocidad para irse del lugar, ¿cómo no paró?".
“Esto le puede pasar a cualquiera, al hijo de cualquiera”, insistió el padre de la víctima, “como familia quedamos totalmente destruidos, no sólo murió mi hijo de 19 años”.
Luego, la madre de Luciano dijo que su hijo fue una “víctima inocente de un asesino al volante, un ebrio”, y concluyó: “Me hablan de la justicia divina pero, señor juez, yo quiero que haya Justicia en la Tierra”.
Ahora, la Alzada deberá resolver si confirma la sentencia de primera instancia o da lugar a los reclamos de la defensa.




