La fiscalía se mostró "muy conforme" con la condena a los exjefes de la Policía de Santa Fe

Este jueves pasado el mediodía culminó el juicio oral y público a los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Odriozola y Rafael Grau, quienes fueron condenados como jefes de una organización criminal que defraudó al Estado provincial durante 2015 y principios de 2016.

El tribunal compuesto por los jueces Celeste Minniti -presidenta-, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert resolvió de forma unánime, condenando a los excomisarios a la pena de 6 años y medio de prisión efectiva. Además, los magistrados les impusieron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años y una multa de $90.000, cuyo pago deberá acreditarse cuando el fallo quede firme.

Grau y Odriozola contaron con la representación de las defensoras públicas Ileana Echaniz y Virginia Balanda, respectivamente. Aguardarán a conocer los fundamentos del tribunal, que se darán a conocer en las próximas semanas, para definir si apelarán.

Lo mismo harán los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes a priori se mostraron “muy conformes” con la decisión de los jueces.

Odriozola y Grau llegaron a juicio acusados de haber liderado una asociación ilícita para defraudar al Estado mediante la comisión de maniobras ilícitas en la reparación de móviles policiales y la compra de repuestos.

“Más que conformes”

Tras escuchar la sentencia, los fiscales hablaron afuera de la sala 6 de los tribunales de Santa Fe. “Por el desarrollo en sí del juicio, incluso el resultado con el veredicto, estamos más que conformes”, indicó Hernández.

Desde el MPA señalaron que esperarán a leer los fundamentos de la resolución para evaluar qué decisión tomar respecto de la pena, ya que “nosotros consideramos que era justa una pena de 9 años”. Sin embargo, la condena impuesta fue de seis años y medio.

Sin embargo, destacaron que el tribunal “receptó todas las calificaciones legales propuestas”, es decir, jefe de asociación ilícita y defraudaciones. “La verdad es que estamos muy conformes con el resultado”, destacó el fiscal.

En cuanto a la solicitud de prisión preventiva realizada durante los alegatos finales, la cual fue rechazada este jueves, “el tribunal evidentemente entendió que no existía el riesgo de fuga”.

Posible apelación

La otra propuesta fiscal rechazada por los jueces fue la de que los condenados realicen una reparación económica al Estado provincial, el cual resultó afectado por un monto que actualizado supera los 250 millones de pesos.

“Eso no está del todo resuelto. Lo que hizo el tribunal fue rechazar porque entiende que la legitimación de la reparación del daño en el Código Procesal de Santa Fe la tiene la parte querellante, o eventualmente la víctima”, pero no la fiscalía. Por ende, la Provincia podrá, si así lo desea, solicitar por su parte la reparación.

"En principio tenemos que esperar todos los fundamentos. La fiscalía tiene la posibilidad de apelar tanto el monto de la pena como la prisión preventiva o incluso el rechazo de la reparación del daño".

Modus operandi

La Dra. Ilera señaló que “había mucha evidencia documental y su presentación tenía una complejidad particular, pero se pudo sortear y tuvo buena receptividad por parte de los jueces”, además de “mucha evidencia de declaraciones testimoniales, de los celulares y la declaración de otros coimputados en la causa -ya condenados- que declararon como testigos con obligación de decir verdad”.

Durante el debate se expuso “cómo era la maniobra y a quién se reportaba desde el tiempo que se llevaba adelante”, con lo cual y se receptó la figura de la asociación ilícita también. En sus alegatos finales, la fiscalía escribió el modus operandi de la banda:

La mecánica delictiva consistía en la simulación de reparaciones de móviles policiales y la adquisición de repuestos inexistentes. Los fiscales explicaron que Odriozola y Grau, "en uso de su potestad jerárquica", dispusieron los medios para ejecutar los planes criminales, "habilitando el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintiendo las actividades ilícitas desplegadas".

Esto incluía la "designación o ratificación de personas de confianza en áreas estratégicas, refrendando los documentos necesarios para cubrir la maniobra, omitiendo el debido control de lo realizado por su subalterno, pertenecientes a la asociación". Los exjefes firmaban los cheques y convalidaban las facturas y rendiciones de cuentas para dar una "apariencia de licitud" a las operaciones.

Ahora, resta conocer qué valoración de la prueba hicieron los jueces. Sus fundamentos serán informados a las partes en las próximas semanas.