Juicio a los jefes: declararon Grau y Odriozola y se desvincularon de la acusación

Este lunes fue una jornada crucial para el juicio de la causa denominada como “D4”, que investigó un entramado de corrupción policial, ya que declararon los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Odriozola y Rafael Grau.

Ambos llegaron al debate oral y público acusados de liderar una asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado mediante maniobras ilícitas en la reparación de móviles oficiales y la compra de repuestos, los cuales fueron abonados, pero no existieron.

El primero en hablar ante los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert fue Odriozola, quien cuenta con la asistencia de la defensora pública Virginia Balanda. Durante media hora, el ex comisario realizó un racconto de lo ocurrido durante su gestión e intentó desvincularse de la actuación, haciendo hincapié en que firmaba todo confiado en que habían pasado los controles de instancias previas.

Grau, representado por la defensora pública Ileana Echaniz, habló durante más de dos horas, repasó qué hizo durante los seis meses que estuvo frente a la policía, y luego ahondó en las pruebas producidas durante el juicio. Principalmente, en línea con Odriozola, sostuvo que se firmaban cheques y expedientes "al pasar" y que el deber de control recaía en otros. “Me declaro totalmente inocente”, dijo.

Pagos por servicios inexistentes

La mecánica delictiva atribuida a la asociación ilícita consistía en "facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían", burlando los procedimientos administrativos. Las facturas falsas eran presentadas a un Habilitado, quien emitía cheques que requerían la firma del Jefe provincial de la policía y la confirmación del departamento de Logística (D4).

Una vez cobrados, parte del dinero en efectivo era entregado al Habilitado, y este, a su vez, al jefe provincial, quien "decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos".

El martes 17 de junio será el turno de los alegatos de clausura, momento en que los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera reiterarán su pedido de condena a 9 años de prisión para los ex comisarios. Está previsto que el tribunal dé lectura a su veredicto dos días después, el jueves 19.

Confianza en los controles previos

Odriozola contó que inició su función policial en 1987 y asumió como jefe de policía en febrero de 2013. Describió su gestión de casi tres años como intensamente operativa y enfocada en combatir la criminalidad organizada.

Mencionó el desmantelamiento de bandas como "la banda del Cuello" y "Los Monos". Su trabajo, según relató, implicó una transformación profunda de la policía, incluyendo la reestructuración de la fuerza en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y la creación de nuevas instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía de Acción Táctica.

Odriozola enfatizó que su rol lo mantenía constantemente viajando por toda la provincia y fuera de ella, coordinando acciones y reuniones con fuerzas federales y autoridades políticas, lo que dejaba poco tiempo para tareas de oficina.

Por eso, explicó que los expedientes urgentes, como sanciones o pases a disponibilidad, eran firmados rápidamente, a menudo de noche, sin una revisión exhaustiva debido a la falta de tiempo y a la confianza en los controles previos de las direcciones administrativas. Mencionó que la relación con los "habilitados" era casi nula, ya que todo pasaba por la Directora General de Administración.

El exjefe policial también compartió el impacto personal de su gestión, incluyendo amenazas a su familia que lo llevaron a trasladarlos del hogar. En esa línea, relató que su decisión de retirarse se debió a una cuestión de salud de su esposa, aunque prolongó su estadía en el cargo por las elecciones y la necesidad de una transición ordenada.

Enfocado en la “conducción” de la policía

Por su parte, Grau, que fue jefe de la policía provincial entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, inició su declaración con una firme negación de la acusación que pesa sobre él: "Me declaro totalmente inocente, niego total y absolutamente todos los cargos que se me imputan". Atribuyó su breve período en la jefatura a un contexto de transición política y a problemas de salud.

Grau defendió su gestión argumentando que, desde su asunción, implementó medidas para promover la transparencia y el control, como la designación de contadores de la Dirección General de Administración para fiscalizar las administraciones y la creación de una comisión de inspección y contralor a nivel provincial.

Subrayó que su función era de "conducción" y "dirección" de una institución con más de 22.000 efectivos, no una tarea de oficina centrada en la supervisión minuciosa de cada gasto. Por eso, fue enfático en que la firma de cheques -que lo vincularía a la asociación ilícita- era un "mero trámite administrativo" que concluía después de múltiples controles internos por parte de áreas específicas como la Dirección General de Administración y el Departamento de Logística.

El exjefe desmintió cualquier vinculación con el esquema de defraudación, aportando explicaciones sobre la compra y venta de vehículos personales que, según él, ocurrieron fuera del período en el que se le atribuye haber delinquido o fueron transacciones legítimas y personales.

Durante su extensa declaración, Grau cuestionó la fiabilidad de las pruebas presentadas por la fiscalía, especialmente los “informes contables tardíos” y las declaraciones de condenados en juicios abreviados, argumentando que estos últimos pudieron haber modificado sus versiones para mejorar su situación procesal.