Llega a la Cámara la causa que investiga la muerte en custodia de Mauro González

Llega a la Cámara de Apelaciones la investigación judicial por el trágico fallecimiento de Mauro Daniel González, quien perdió la vida el 18 de enero de 2026 dentro de un calabozo de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe mientras se encontraba bajo custodia policial.

Tras la maratónica audiencia de medidas cautelares realizada en julio, en la que la jueza de primera instancia Cecilia Labanca dispuso la prisión preventiva para cuatro de los uniformados y la libertad con restricciones para otros dos, la Alzada deberá revisar el fallo.

El camarista Jorge Andrés será el encargado de presidir la audiencia en la que evaluarán las distintas impugnaciones y agravios presentados por todas las partes del proceso. Las defensas técnicas de los imputados Sebastián Bandirali y Facundo Amarillo Bogliolo apelaron la imposición de la prisión preventiva que pesa sobre ellos.

Por su parte, el bloque acusador -conformado por el fiscal de la Unidad Especial de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández, y el abogado querellante Rodolfo Mingarini, en representación de la familia de la víctima- impugnó el rechazo de la prisión preventiva con respecto a la agente del Comando Radioeléctrico Sabrina P.

Aprehensión, traslado y muerte en custodia

El expediente penal reconstruye el derrotero que culminó con el deceso de González. La tarde del pasado 17 de enero la policía acudió a las inmediaciones de las calles Chaco y Hermanos Figueroa, en el noroeste de la capital provincial, debido a que el joven atravesaba una "crisis subjetiva" vinculada a un presunto padecimiento de salud mental o consumo problemático de estupefacientes.

Según la imputación fiscal, los agentes actuaron con un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza, omitiendo la aplicación de los protocolos específicos para esas situaciones, entre ellos, la resolución de convocatoria de personal de salud.

El padre de Mauro, Juan Carlos González, les advirtió desesperado en la calle que su hijo había sido sometido a una compleja cirugía abdominal, algo que según él los policías no sólo ignoraron, sino que pareció incrementar de manera deliberada el ensañamiento con golpes dirigidos a la zona hepática.

La atribución delictiva señala que, tras ser cargado violentamente a la caja de un móvil y golpeado nuevamente con puños, bastones o escopetas durante el camino, Mauro fue trasladado en estado casi inconsciente por la ciudad, pasando de forma negligente por una estación de servicio y la sede de Medicina Legal antes de ingresar a la seccional.

Finalmente, fue arrojado boca arriba dentro de un calabozo de la Comisaría 8va, donde, imposibilitado de reaccionar, falleció por asfixia tras broncoaspirarse al vomitar. La autopsia oficial determinó que la víctima presentaba más de veinte lesiones visibles en todo el cuerpo y la fractura de la séptima costilla derecha.

Nueve imputados

Cuatro policías del Comando Radioeléctrico permanecen en prisión preventiva. Se trata de Lucas Aranda, Melisa Díaz, Sebastián Bandirali y Facundo Amarillo Bogliolo, todos imputados como coautores de “tortura seguida de muerte”. Díaz solicitó recientemente la domiciliaria, la cual fue rechazada por la jueza Labanca.

En el caso particular de Amarillo, el fiscal acumuló un legajo penal independiente por un hecho de noviembre de 2024, en el cual se lo acusa de coautor de “vejaciones”, “daños” y “falsedad ideológica en instrumento público”.

La oficial Sabrina P., imputada también como coautora de “tortura seguida de muerte”, transita el proceso en libertad bajo reglas de conducta. Su excarcelación motivó el actual recurso de apelación de los acusadores al considerar que cumplió idéntico rol que los que sí quedaron tras las rejas.

En la misma situación de libertad se halla el oficial de Infantería Juan Cruz B., acusado de “vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima”, ya que su participación se limitó al momento de la aprehensión inicial en la calle y no formó parte del posterior traslado ni de la custodia en la seccional.

La lista de imputados en libertad se completa con otros tres agentes estatales acusados por conductas omisivas. Los efectivos de Infantería Natalia A. y Santiago I. enfrentan cargos por “encubrimiento agravado” y “omisión de reprimir delitos”, acusados de no haber intervenido ni reportado las acciones de sus colegas tras presenciar el castigo propinado a González en la vía pública.

Por último, también fue imputada una médica de la Policía de Santa Fe, a quien endilgaron el delito de “homicidio culposo” por haber omitido ordenar la derivación hospitalaria del joven y por asentar en su informe sólo 7 de las 22 lesiones visibles que presentaba la víctima.