“Cuando la víctima de una estafa virtual llega ante un juez no está en igualdad de condiciones con la entidad financiera”

Matías González Bertero es un joven procurador santafesino miembro de un destacado estudio jurídico familiar de la capital provincial, donde trabaja desde los 18 años, en sus épocas de estudiante. Recientemente, presentó una ponencia en el XXXV Encuentro Panamericano de Derecho Procesal realizado en Panamá, en el marco del 50 aniversario del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. El trabajo, que apunta a los derechos de las personas físicas y jurídicas que son víctimas de estafas virtuales a través de sistemas online de entidades financieras, le valió una mención y una beca para especializarse en la Universidad Nacional de Rosario.

“Siempre me interesó el tema, en el que las personas son muy vulnerables y necesitan ayuda. En todos los casos que se ven a diario, las modalidades son las mismas. Los estafadores ganan la confianza de las víctimas para luego vulnerarlas, vulnerar sus cuentas. Con estrategias muy pensadas logran que las personas les entreguen sus contraseñas para hackear el sistema y perpetrar las estafas”, señaló el profesional.

“Para acceder ilegítimamente a las cuentas de bancos y billeteras virtuales, los delincuentes aplican siempre una ingeniería social muy avanzada. En los últimos días, lanzaron por Facebook una nueva, la de un fondo de ayuda para gente necesitada que atribuían a un futbolista de primer nivel internacional, supuestamente por pedido de su padre en el testamento. Mucha gente cayó en ese engaño”, lamentó.

González Bertero señaló la importancia de verificar las direcciones web en las que se ingresa antes de poner claves. “Muchas veces los estafadores construyen ‘páginas espejo’ para ‘chupar’ los datos sensibles. Cuando uno piensa que está entrando en su perfil, en realidad está entregando las llaves de sus cuentas”.

Si bien la situación parece difícil de prevenir, el profesional destaca que las entidades financieras pueden tomar recaudos para evitar que se perpetren los delitos. “Las entidades tienen forma de saber cuando se realiza algún movimiento inusual en una cuenta. Si una persona entra al homebanking un sábado a la noche, cambia contraseña, saca un préstamo y lo transfiere en diez minutos es una señal de alerta que la entidad puede y debe atender. Las firmas financieras tienen las herramientas para percibir si el movimiento de un cliente es habitual o no. Tienen que poner frenos, medidas para validar ciertas operaciones”, enfatizó.

En otro tramo de la charla, analizó que a la hora de apoyarse en la ley de defensa del consumidor no sólo deben ser consideradas usuarias las personas físicas, porque las jurídicas también lo son. “Del otro lado nos encontramos a un proveedor, una empresa especializada en esa rama. La entidad financiera conoce toda la información y es dueña del sistema que se usa para hacer las operaciones. Todos estamos atados al homebanking para hacer cualquier operación. Ya nada se hace físicamente. Los dueños del sistema tienen la responsabilidad de tomar todos los recaudos para que no se cometan delitos en él. Están lucrando con ese servicio. En la vereda de enfrente está el usuario, que puede ser físico o jurídico, que sí o sí necesita utilizarlo”, explicó el procurador.

“Algunas instituciones -agregó- actúan tratando de ser ágiles con la respuesta a sus clientes, pero otras hacen todo lo contrario. Una persona que es estafada sufre un vicio de la voluntad. No saben lo que hacen. Caen en una ingeniería social muy trabajada que aplica el delincuente. Yo hice mi ponencia sobre consumos digitales y el debido proceso. Me basé en cómo se afronta toda esta problemática dentro de un proceso civil”.

Desigualdad

El profesional remarca que cuando surge un problema y la situación llega a la Justicia las partes no se encuentran en igualdad de condiciones y en eso se debe poner foco. “Toda la información sobre lo sucedido la tiene la entidad financiera, que dice que el consumo no fue producto de una estafa sino una operación bien realizada por su cliente. ¿Cómo hace el juez para poner a las partes en pie de igualdad? Los bancos te inundan de información pero en un formato que sólo ellos pueden entender”.

“En mi desarrollo, expliqué la importancia de que ambas partes tengan acceso a la misma información a través de una pericia informática, que debe ser hecha por un profesional especialmente capacitado, que deberá llevar al llano los datos de la operación. Obvio que después cada parte podría presentar sus reparos. La problemática es solucionable. El usuario, a través de la ley de defensa del consumidor, tiene derecho a exigir un trato digno, a que su problemática sea debidamente atendida, que se le informe -entre otras cosas- y que esa información sea entendible”, puntualizó González Bertero.

Respecto de su ponencia, el profesional contó que profesionales del derecho de toda Latinoamérica se reunieron en un congreso realizado en Panamá, en el marco de los 50 años del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. “Conté con la prestigiosa doctora Betiana Ferrari como tutora. Primero tuve que clasificar en Argentina, luego defendí mi trabajo ante un jurado”.

Sugerencias

El especialista enumeró finalmente una serie de consejos para tener en cuenta para no caer en trampas:

1. Nunca entregar claves, token, códigos SMS o códigos de recuperación. Un banco puede verificar identidad, pero no necesita que el consumidor le dicte su contraseña o token para “cancelar una transferencia”.

2. No entrar al banco desde links recibidos por WhatsApp, SMS, correo o redes sociales. Abrir directamente la aplicación oficial.

3. Desconfiar de la urgencia. “Tenés que hacerlo ahora”, “te están vaciando la cuenta”, “pasame el código para cancelar el préstamo”… son mecanismos típicos de ingeniería social.

4. Ante la sospecha, cortar la comunicación y contactar a la entidad por los canales oficiales.

Por otra parte, si el fraude ya ocurrió, hay que actuar inmediatamente: bloquear accesos, cambiar claves desde un dispositivo seguro, comunicarse con el banco o la billetera, desconocer formalmente las operaciones y obtener número de reclamo.

También es clave guardar toda la prueba: capturas, chats, números telefónicos, mails, comprobantes, destinatarios de las transferencias y horarios. No borrar conversaciones.

Es imprescindible realizar la denuncia penal.

Controlar posteriormente la situación crediticia, porque algunas maniobras incorporan préstamos que después generan deuda e información financiera negativa.