Boliches, cementerio, cuidacoches y una batería de pedidos de informes

En la última sesión de Concejo local, llamó la atención la cantidad de comunicaciones —pedidos de informes— que se aprobaron, algunos mediados con discusión en el recinto, otros con aprobación consensuada en forma previa. Los temas sobre los cuales los ediles requirieron detalles al Ejecutivo surgieron, en su mayoría, de la coyuntura periodística, es decir, de acontecimientos que estuvieron en las planas de diarios, portales de noticias y emisoras radiales.

El tema boliches se llevó tres comunicaciones sancionadas. Franco Ponce de León (FPCyS) le planteó al Ejecutivo saber qué pasó en un local bailable ubicado a la vera de la Ruta 168, donde aparentemente ocurrió un hecho de violencia y abuso de autoridad en la madrugada del domingo 21 de julio. “Circuló un video en el que se puede ver cómo en la salida del boliche, y personal de seguridad golpea a un joven de 22 años hasta que él mismo cae al piso con importantes lesiones”, advierte la norma en sus fundamentaciones.

Ante esto, se requirió saber si el local se encuentra debidamente habilitado; si el personal de seguridad está registrado (conforme normativa vigente); si la Municipalidad tomó algún tipo de intervención ante ese acontecimiento, y si se está dando cumplimiento a la Ordenanza N°11.598 (que versa sobre control de admisión y permanencia de público en general en eventos y espectáculos musicales, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes, etc.), entre otros puntos.

Los ruidos molestos que se generan desde un local nocturno de barrio Candioti Sur (ubicado en Sarmiento y Fr. Santa María de Oro) también despertó inquietud en el edil y motivó una solicitud. Se le pidió al Gobierno local que informe si este local se encuentra habilitado; la franja horaria para su funcionamiento y si ésta se respeta; y si el Municipio tomó algún tipo de intervención ante los reclamos efectuados por los vecinos de la zona con relación a las molestias ocasionadas.

Sergio Basile, también edil frentista, requirió que se informe sobre lo recaudado en concepto del Servicio de Estacionamiento Ordenado Medido (Seom) en las zonas delimitadas para locales bailables. En este punto, pidió saber si se cumple la Ordenanza Nº 11685, que en su artículo 26 (inciso a) se asigna un 80% de lo recaudado a la Secretaria de Control, porcentaje que deberá ser destinado al mejoramiento de la zona de confiterías (colocación de cámaras de videovigilancia, por ejemplo).

Cuidacoches

Desde el oficialismo, Carlos Suárez (UCR-Cambiemos) apuntó a la problemática de los cuidadores de vehículos. Aludió a los episodios ocurridos los días 27 y 28 de julio, donde se vieron involucrados cuidacoches en hechos violentos y de amedrentamiento a vecinos. Le pidió al Ejecutivo gestiones ante el Ministerio de Seguridad provincial, para que éste informe sobre las actuaciones realizadas por el personal policial y dé detalles sobre los correspondientes procesos penales.

Recordó Suárez que hay una ordenanza sancionada que regula esta actividad informal. No obstante, “nosotros planteamos que no es regulando la misma como se abordarían estos hechos, sino cumpliendo las normas que ya existen, arbitrando los diferentes mecanismos que dispone el Estado: así se desalentaría a los violentos. Los vecinos tiene derecho a con libertad elegir el lugar permitido para estacionar y no debe esta decisión ser la posibilidad de que estén sometidos a situaciones de daños o amenazas”, advirtió.

Cementerio y subastas

Por su parte, Ignacio Martínez Kerz (Bloque PJ- Santa Fe) requirió datos al Ejecutivo sobre el estado edilicio y patrimonial del Cementerio Municipal. Pidió tener certezas sobre si se cumplimentó lo dispuesto por una Ordenanza (la Nº 10.794), que establece una evaluación de los panteones existentes en la Necrópolis local, “con el fin de destacar aquellos que por su valor arquitectónico, patrimonial o histórico merezcan tutela” del Estado local.

También, demandó saber si se creó el Museo Ancestral a Cielo Abierto en el Cementerio (de acuerdo a una norma vigente), y “si se realizaron trabajos de recuperación y restauración de panteones, mausoleos o todo otro tipo de monumento o construcción con valor patrimonial, artístico o histórico”, entre otros puntos.

El concejal frentista Leandro González cargó las tintas sobre las ventas de inmuebles en el entorno de la Terminal de Ómnibus. Le requirió al Ejecutivo precisiones sobre los beneficiarios de la subasta de los inmuebles —que eran propiedad del Estado Nacional— y que fueron dispuestos para la venta.

Así, pretende saber cuáles fueron los ingresos percibidos por el Municipio por la venta de estos terrenos, y los ingresos percibidos por Nación; la asignación —o reasignación presupuestaria— a partir del dinero que haya ingresado en el Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) indicando el destino de estos fondos “mediante la realización de la correspondiente consulta al Estado Nacional”.

Súper TC2000 y Tren Urbano

Laura Mondino (FPCyS) se metió en la polémica por el Súper TC2000 en la ciudad, que al final no se llevará a cabo este año. ¿Qué pidió saber al Municipio? Que éste informe sobre fondos presupuestados (fijados en el Presupuesto Municipal 2019) para el Proyecto Circuito TC 2000, por $ 9.123.400. Si estos fondos fueron reasignados a otros fines, “el detalle pormenorizado de montos y programas a los cuales fueron derivados y, de no haber sido asignados, cuáles serían los posibles destinos a otorgarles, y que éstos sean evaluados por el Concejo”.

Su par de bloque Marcelo Ponce insistió saber sobre la situación del tren urbano: la cantidad de viajes realizados durante 2018 y en el primer semestre del año 2019 (si es que los hubo); si no funcionó el tren, pidió el detalle de los motivos; el listado del personal municipal destinado al funcionamiento del servicio y del personal externo a la Municipalidad, copias de convenios con entidades nacionales y con la empresa prestataria del servicio etc.

También, Ponce pidió el detalle de gastos de funcionamiento, mantenimiento e inversión realizados a la fecha. En este punto intervino el edil justicialista Juan C. Cesoni, quien dio una extensa exposición con los cálculos propios de cuánto costó el tren a las arcas municipales, desde la adquisición de las unidades. Aseguró que desde febrero de 2011 hasta abril de 2017, el costo de ese subsistema (hoy no está operativo) fue de U$ D 3.865.045,19 (unos 150 millones de pesos a valor dólar de 2017).