Un estudio revela que Santa Fe aún legisla más para reparar que para prevenir inundaciones

¿Con qué leyes y normas cuenta Santa Fe para prevenir inundaciones? ¿Cuáles son esas herramientas políticas? Y ¿cómo se fueron sucediendo a lo largo del tiempo? Estos y otros interrogantes fueron el campo de exploración de dos investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH UNL). Y las conclusiones a las que arribaron parecieran ser fundamentales de cara al futuro.

“Normativas en relación al riesgo hídrico. Una mirada antes y después del desastre de 2003”, se titula el trabajo de los investigadores Dr. Mario Gardiol (Topocartógrafo) y Mag. Lucila Grand (Ing. en Recursos Hídricos), docentes de la FICH UNL. El mismo analiza la evolución de las normativas vinculadas al riesgo hídrico en Santa Fe y localidades aledañas, tomando como punto de inflexión la catástrofe de la inundación del río Salado en 2003.

“Queríamos saber qué había pasado con las normativas de riesgo hídrico en la provincia y en las localidades de Santa Fe, San José del Rincón y Arroyo Leyes, antes y después de la inundación de 2003, para determinar si este evento tuvo un impacto en ese sentido, y cómo había reaccionado ante esa situación cada una de ellas”, indicó Gardiol.

Cabe aclarar que de las tres localidades, Santa Fe es ciudad desde 1860, mientras que Rincón lo es desde 2013, en tanto que Arroyo Leyes es una comuna, desde 1990. Estas variables fueron tenidas en cuenta a la hora de analizar las normas.

A partir de un relevamiento histórico, se describe cómo desde la época colonial se registraron crecidas recurrentes en los ríos Paraná y Salado, con impactos sobre la población y las infraestructuras. La inundación de 2003, con un pico extraordinario de caudal y consecuencias devastadoras para la ciudad de Santa Fe, puso en evidencia la falta de previsión y la vulnerabilidad del territorio, afectando a más de 369 mil habitantes y generando pérdidas millonarias.

La investigación se basó en un análisis cuantitativo de normativas sancionadas entre 1980 y 2020, en los niveles provincial y local de las tres localidades. “Nos basamos netamente en la información volcada a las páginas web oficiales de cada localidad”, mencionó Gardiol. “La forma de búsqueda fue a través de palabras clave como inundaciones, emergencias hídricas, defensas, lluvia, desastres, etc. Ello nos garantizó contar con una mirada imparcial y científica”, agregó Grand.

Los resultados muestran que se identificaron 104 normas en total, de las cuales 44 fueron sancionadas por la Provincia de Santa Fe. Mientras que las ciudades de Santa Fe y San José del Rincón generaron gran parte de la normativa (30 cada una), Arroyo Leyes no sancionó regulaciones en el período analizado. Además, la mayoría de las medidas se corresponden con acciones de mitigación (67%), es decir, adoptadas tras la emergencia; un menor porcentaje en la emergencia (26%) y en menor proporción las de carácter preventivo (9%).

En las conclusiones, los autores destacan que en Santa Fe predomina una gestión compensatoria, orientada a reparar los daños posteriores, mientras que en San José del Rincón se observa una tendencia hacia normativas prospectivas, enfocadas en la prevención.

“Si uno mira estas conclusiones, dice ‘vivimos rodeados de ríos o al lado del río, tenemos conocimiento y experiencia sobre cómo se comporta el río; y tenemos sólo un 9% de normas vinculadas a la prevención’. Tal vez, deberíamos tener mayores niveles de prevención para tener luego menor porcentaje de mitigación”, reflexionó Grand.

“Para arribar a dicha conclusión tomamos en cuenta los registros de crecidas de los ríos cuando llegaban a los niveles de alerta y evacuación. Luego analizamos lo que había ocurrido con las normas sancionadas 6 meses antes y después de la emergencia (período en el que el nivel del hidrométrico superó el nivel de alerta)”, explicó Gardiol.

De cara al futuro

El trabajo subraya la necesidad de fortalecer estrategias preventivas y de planificación territorial, dado que la mayoría de las políticas se impulsan una vez ocurrido el evento. Además, se señala la conveniencia de ampliar la búsqueda de normas en registros físicos para ampliar la investigación y contar con un panorama más completo de la gestión del riesgo hídrico en la región.

En los últimos años y tras la inundación de 2003, “algo se aprendió, pero nosotros como técnicos pensamos que con todo lo que se sufrió se debería haber aprendido un poco más”, reflexionó Gardiol. “Pero no únicamente por ello. En toda nuestra zona tenemos registros de crecidas de los ríos desde 1700, es decir que siempre hemos sufrido crecidas. Y pese a ello pareciera ser que la sociedad se acostumbró a estas situaciones. A nivel gubernamental se han buscado soluciones, pero debería haber un trabajo más constante”.

Estas conclusiones fueron expuestas por los investigadores en las V Jornadas Nacionales de Línea de Ribera y Riesgo Hídrico, llevadas a cabo en la ciudad de Santa Fe, este jueves y viernes.