Proponen abordar el robo de cables como un problema metropolitano en Santa Fe

El robo de cables de energía eléctrica ha sido, en los últimos tiempos, una de las "salidas" que han encontrado muchas personas para hacerse del dinero que no consiguen con trabajo ni changas para poder comer todos los días ya que la crisis económica está golpeando muy fuerte en los sectores medios, pero sobre todo en los más bajos. Un kilo de cobre se vende hoy, de acuerdo con un relevamiento hecho en la web, por unos 6 mil pesos.

De hecho, todos hemos visto en televisión imágenes que conmueven por su crudeza: jóvenes quemados por manipular cables de energía eléctrica sin ningún conocimiento ni protección que terminaron en varios casos fallecidos como consecuencia de las descargas eléctricas que se generan por estas actividades delictivas.

Esto sucede en todas partes y al menos desde hace un par de años. Es habitual ver en determinadas zonas de la ciudad calles y plazas a oscuras como consecuencia del robo de los cables, también de las luminarias y en algunos casos de otro tipo de infraestructura eléctrica, lo que provoca todo tipo de inconvenientes para los ciudadanos, además de agravar el problema de la inseguridad que genera estar a oscuras.

Pero la temeridad de quienes roban cables no se queda en los barrios de la ciudad, donde cometer este delito es más sencillo porque es más "fácil" llegar al objeto del robo, sean los cables o las luminarias.

Los cables que proveen energía en la ruta 168 y en el acceso oeste de la ciudad también han sido robados en los últimos tiempos lo que dejó a oscuras esos caminos donde pasan miles de autos por día con todas las dificultades que esto ocasiona y agravando aún más el problema de le seguridad en zonas que ya la padecían desde tiempo atrás.

Por esta razón, en el Ente de Coordinación del Área Metropolitana han propuesto tratar el tema como un problema no circunscripto a la ciudad de Santa Fe ya que es donde se producen la mayoría de estos robos, aunque en algún caso podría también darse en otra jurisdicción o ser compartidos: por ejemplo empezar en la ciudad capital y terminar en Recreo.

El tema tiene dos abordajes: uno es el policial judicial, del que se encargan las jurisdicciones correspondientes, y el otro el comercial, que es el que se comprometieron a trabajar coordinadamente los responsables de las jurisdicciones vecinas a Santa Fe con el fin de articular los controles necesarios para evitar que el producido del robo pueda reducirse en negocios de sus municipios y comunas.

Otras consecuencias

Pero no solo están las consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas, que son las más severas, sino que además las perjudican por el lado de la economía ya que cada cable, transformador o luminaria que se roba debe ser repuesta por la Empresa Provincial de la Energía que, en la última valuación que hizo a fines de 2023, solo ese año había perdido más de 4 millones de dólares por estos hechos. Estos números hoy son mucho mayores producto de la devaluación y el aumento de la inflación.

De acuerdo con un informe que se publicó en diciembre en toda la provincia hubo 370 vandalizaciones que fueron denunciadas ante el Ministerio Público de la Acusación, que tiene a su cargo la investigación para dar con los responsables.

Se contabilizaron 236 transformadores de distinta potencia robados y se realizaron 27 denuncias de robos de conductores en tramos urbanos que varían entre los 150 y 2000 metros. Además, en 107 ocasiones se vandalizaron subestaciones transformadoras para, en la mayoría de los casos, robar los cables neutros de la misma, dejando sin servicio a usuarios o provocando variaciones de tensión que dañan los electrodomésticos.

Apenas asumido el presidente de la empresa, Hugo Marcucci, destacó que "no se puede pensar estos robos sin incorporar a los desarmaderos y lugares donde se reduce el material. Por eso es que la decisión del gobernador es que sean clasificados como asociaciones ilícitas y que las penas por estas acciones sean más altas".

Controles a la comercialización

El año pasado se creó por ley el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Materiales no Ferrosos con el objetivo de desalentar el robo de cables tanto de energía eléctrica como de telefonía fija que fue reglamentado parcialmente a través del decreto N° 1499.

En el registro deben inscribirse las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de carácter comercial o industrial con metales no ferrosos y funcionará en el ámbito de la Dirección Provincial de Registro de Desarmaderos de Automotores, Chatarrería, Comercio de Compraventa de Repuestos Usados y de Compraventa de Bienes Usados No Registrables (RE.DE.).

Los operativos de inspección, control y eventuales clausuras serán realizados por el personal del RE.DE., se coordinarán en el marco de la Mesa de Coordinación Interinstitucional creada por el artículo 12° de la ley mencionada y contarán con el auxilio de las fuerzas de seguridad provinciales, con la intervención inmediata al Ministerio Público de la Acusación en el caso de que no pueda acreditarse la adquisición de los materiales o sean de utilización exclusiva de servicios públicos, ante las denuncias de robo de cables de cobre y metales no ferrosos.

Asimismo, se prevé la confección de un informe de las denuncias recibidas, las que serán puestas a disposición de los integrantes de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, que estará integrada por representantes de los ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, e Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. También el RE.DE. podrá realizar presentaciones y pedidos de informe al Ministerio Público de la Acusación respecto de las investigaciones que se abrieran y facultado a dictar las normas de ejecución y funcionamiento necesarias para la actividad de la Mesa.

La autoridad de aplicación, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, estará facultada a celebrar convenios con organismos especializados, universidades públicas y privadas y asociaciones de la sociedad civil para realizar de manera conjunta actividades, capacitaciones y proyectos que tengan como objeto concientizar y contribuir a la prevención en la comisión de delitos contra la propiedad cuyo objeto sean los materiales no ferrosos.

También se habilita la firma de convenios de colaboración con el Estado Nacional, los gobiernos provinciales, municipales y comunales a los fines de perfeccionar los sistemas registrales relacionados con el tema.