Jóvenes qom santafesinos denuncian persecución policial camino a clases

La comunidad educativa de la Escuela Itinerante de Artes y Oficios de Santa Fe expresó su preocupación por los reiterados hechos de “persecución policial” que sufren sus alumnos, integrantes de la comunidad qom del barrio Las Lomas, en el noroeste de la capital provincial.

“Cada vez que bajan del colectivo para caminar hasta la escuela, los para la policía, los hacen poner las manos sobre el capot del patrullero, les revisan los celulares y les hacen pasar un mal momento”, contó Celina Veloteri, directora de la institución ubicada en calle Belgrano 3585, en barrio Candioti Norte.

Según las autoridades, los controles “ya no son casos aislados, sino reiterados en el tiempo”. “Tenemos que salir a buscarlos y siempre encontramos la misma escena: los alumnos con las manos sobre el patrullero, sus pertenencias desparramadas y los vecinos mirando, con el estigma que eso genera”, agregó Veloteri.

Cacheos y controles

En distintos puntos de la ciudad, los cacheos preventivos policiales forman parte de los dispositivos de control callejero destinados a detectar armas, drogas o elementos vinculados a delitos. Los procedimientos suelen realizarse en avenidas o zonas de alta circulación, con móviles identificables y agentes uniformados que detienen al azar a peatones, motociclistas o automovilistas.

Durante los operativos se solicita documentación, se revisan bolsos o vehículos y se realizan palpaciones superficiales, en presencia de testigos o mediante cámaras corporales. Aunque el Ministerio de Seguridad los justifica como medidas de prevención del delito, su aplicación despierta debates sobre la eficacia y el respeto a los derechos individuales.

Un espacio de aprendizaje y contención

La Escuela Itinerante —una organización civil sin fines de lucro creada en 2019— ofrece capacitación en distintos oficios y funciona, además, como un “punto de encuentro”. Allí se dictan talleres de carpintería, cerámica, herrería, serigrafía, costura, tejido y bioconstrucción, entre otros.

A la institución asisten jóvenes y adultos de varios barrios de la ciudad y del área metropolitana, muchos incluidos en programas provinciales como Nueva Oportunidad (Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano) y Barrio Cultura Cotidiana (Ministerio de Cultura).

Pero los hechos que denuncian —insisten los docentes— afectan especialmente a los alumnos qom de Las Lomas.

“Los paran sistemáticamente”

“Cuando bajan del colectivo en Facundo Zuviría y Mariano Comas para venir caminando hasta la escuela, los paran sistemáticamente los policías”, relató Pablo Martínez, maestro de carpintería y miembro de la comisión directiva, que varias veces debió acompañar a los jóvenes en los procedimientos.

“En las siete cuadras que separan la parada del colectivo de la escuela los han llegado a parar tres veces, por lo que tardan más de una hora en llegar”, explicó. “En cada detención les piden los DNI, les revisan los celulares y no pueden decir nada, porque muchos son qom parlantes, aunque casi todos hablan castellano. Es una humillación tremenda”.

La última situación ocurrió el 4 de septiembre, el mismo día en que los alumnos habían terminado de restaurar los bancos de otra escuela. “Estaban felices, hicimos fotos y a los diez minutos los paró la policía. No pudieron decirnos por qué. Solo hablaron de un protocolo de seguridad”, contó Veloteri.

“Ningún alumno tiene antecedentes”, remarcó Martínez. “El único antecedente es que los para todo el tiempo la policía cuando salen de su barrio. Por eso muchos ya no quieren venir al centro: se sienten observados, no se animan ni a entrar a un bar”.

“Tienen incorporado que hay lugares de la ciudad por donde no pueden transitar libremente”, añadió la directora.

Reunión y reclamos

Ante la reiteración de los hechos, la escuela pidió una reunión con las autoridades. El encuentro se realizó el 23 de septiembre en barrio La Loma, con la participación de los caciques de las tres comunidades qom locales (Las Palmeras, Santo Domingo y Las Lomas), representantes de la Dirección de Pueblos Originarios —con su titular, Víctor Debattista—, miembros de la Escuela Itinerante y funcionarios de los ministerios involucrados.

“Nos habían dicho que también iba a sumarse Raúl Ballejos, del Ministerio de Seguridad, pero no vino”, señaló Veloteri.

Para intentar evitar nuevos episodios, la escuela confeccionó remeras identificatorias con el logo institucional, aunque los docentes aseguran que las detenciones continúan. “Cada vez que los paran, debemos llamar al 911 para dejar constancia del número de móvil y que quede asentado”, explicó la directora.

“Lo conversamos todo el tiempo para que no se normalice”, agregó. “La discriminación es doble: por ser jóvenes y por ser originarios. Lo que debe cambiar es la educación de la sociedad, porque ellos caminan por acá desde antes que nosotros”.

El marco legal

Las facultades de la policía santafesina para demorar personas están contempladas en el Artículo 10 Bis de la Ley Orgánica (N° 14.258), reformada en diciembre de 2023 durante la gestión de Maximiliano Pullaro. La norma permite la demora “hasta tanto se constate la identidad” de personas sobre las que hubiera sospechas o indicios de vinculación con un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificadas. El plazo no puede superar las seis horas corridas.

El año pasado, la Justicia provincial rechazó un habeas corpus del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) que cuestionaba la constitucionalidad de esa facultad policial.

La respuesta oficial

“La policía de la provincia ha aumentado significativamente su proactividad en la calle desde el inicio de nuestra gestión”, sostuvo la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, ante la consulta de El Litoral.

“Esto se refleja en la cantidad de identificaciones de personas y vehículos realizadas en la vía pública, cuyo objetivo principal es chequear y detectar, a través de los sistemas Cóndor (provincial) y Sifcop (federal), si las personas o vehículos tienen pedidos activos de captura o secuestro emitidos por la Justicia”.

Según datos oficiales, en lo que va de 2025 se realizaron más de 289.000 identificaciones de personas y más de 100.000 de vehículos en toda la provincia.

“Si el DNI está en regla y no hay novedades en los sistemas, las personas siguen su camino. Solo si existe un pedido activo, se da intervención a la autoridad judicial”, explicó Coudannes.

Consultada sobre las denuncias de la Escuela Itinerante, la funcionaria señaló: “No hemos recibido comunicación formal de esa institución. Nuestro equipo territorial siempre está dispuesto a escuchar y atender las inquietudes, como lo hacemos con todas las organizaciones con las que trabajamos a diario”.