Corenosa pidió por rutas anegadas y advirtió por los certificados de obras

Gustavo Capeletti | campo@ellitoral.com

El Consejo Regional Económico del Norte Santafesino sesionó en el marco de la 64° Exposición Rural de Tostado y alumbró un crítico comunicado respecto del estado de la red vial del norte santafesino.

Entre los asuntos tratados en el encuentro, el de la situación caminera norteña ocupó el centro del debate entre los miembros representantes de las instituciones socias que decidieron exigir a las autoridades gubernamentales la urgente restitución de la transitabilidad de las rutas nacionales, provinciales y distritales de los departamentos del norte provincial.

En el documento, los integrantes de Corenosa reflejaron la “gravedad de la situación y el abandono que sufren miles de pobladores de nuestro norte santafesino, que llevan más de ocho meses incomunicados”.

Al respecto, reclamaron a las autoridades gubernamentales, ministeriales y a los responsables políticos de los territorios departamentales de General Obligado, Vera y 9 de Julio, la “urgente restitución de la transitabilidad inmediata y sostenible de las rutas nacionales, provinciales y distritales de cada departamento”.

“No solo destacamos la importancia de la transitabilidad de estos caminos para la actividad económica y productiva de la región, sino también la importancia social”, puntualizaron, para graficar a continuación que “ya que en reiteradas ocasiones son la única forma de llegar a un hospital, trasladar a un enfermo a un centro de atención primaria o de mayor complejidad, o de poder concurrir a una escuela”.

Sobre el eje del planteo, señalaron que “es notable y vergonzoso el deterioro de las vías de comunicación que a diario deben ser transitadas por los productores y habitantes de la zona que, en muchos casos, hasta se ven imposibilitados de hacerlo”. E insistieron con que además de tener importancia social, estos caminos tienen un gran interés desde el punto de vista económico y productivo.

Precarios e intransitables

Luego, manifestaron la “enorme preocupación el estado de abandono y el desinterés de las autoridades”, a las que les reiteraron el pedido en carácter de urgente de recuperación y mantenimiento de: Ruta 13, entre Ruta 32 y Ruta 31, pasos precarios; Ruta Canal Tramo 3, de Los Amores a Villa Ángela, alcantarillas deterioradas; Ruta 100, alcantarillas deterioradas; Ruta 31, tramos intransitables al oeste de Intiyaco, cerca del kilómetro 65, cortada; Ruta 295-s:, tramo Villa Ana-Los Tábanos; Ruta 261-s: tramos intransitables, del Yugo Quebrado hasta Km 60, y puentes precarios en los kilómetros 46 y 49; Ruta 87-s, estado precario entre Malabrigo y Estación El Toba.

En el detalle, fueron incluidas la Ruta 35, transitable precariamente desde Mojón de Fierro a Cuatro Bocas, y semitransitable desde Cuatro Bocas hasta Chaco; la Ruta 32, con estado precario de la 95 hasta la 13.
También los accesos a los pueblos desde la Ruta 35 que se encuentran precariamente transitables, a saber: 290-s Pozo Borrado, 292-s Villa Minetti, 293-s Santa Margarita; 294-s El Nochero; 285-s Estación Pini.
Y los tramos: Ruta 290-s, desde la Ruta 35 hasta la Ruta 13, precariamente transitable; Ruta 77, desde la Ruta 98 hasta la Ruta 32, en regular estado; Ruta 40, desde la Ruta 98 a la Ruta 13, poco transitable; Ruta 95, desde Ruta 2 hasta Ruta 17, prácticamente no existe.

Mantenimiento

En cuanto al mantenimiento de rutas pavimentadas, se citó a las rutas nacionales 11 y 98, es estado precario en toda su extensión; Ruta 2, en el tramo Esteban Rams- Huanqueros; y la Ruta 95, en el tramo San Bernardo.

Tras enumerar el acuciante cuadro de la trama caminera regional, los componentes de Corenosa consideraron necesario advertir a los gobernantes y alertar a la población que, si se desaprovecha el período de buen clima en la zona, entre los meses de septiembre y octubre para realizar los debidos trabajos, la “situación de incomunicación se verá notablemente agravada cuando inicie la temporada de lluvia”.

Por último, solicitaron el “efectivo control” sobre los certificados que se emiten desde la DPV a comunas y municipios por la ejecución de tareas de reparación y mantenimiento de los caminos rurales, dado que cobran la tasa por hectárea, como así también pidieron la práctica de algún mecanismo de control que “garantice la aplicación directa y total de esos fondos, que no pueden tener otros destinos más que la manutención de las conectividades viales”.