Al cierre de esta edición, continuaba pendiente de una definición en el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat el aumento pedido por la Empresa Provincial de la Energía en la audiencia pública que a ese efecto llevó a cabo la cartera citada, el 7 de enero pasado. Como se sabe, la Epe ha solicitado actualizar sus tarifas en un 25% en dos etapas: un 15% en enero y un 8,5/9% en marzo o abril, según la solicitud de las autoridades de la compañía estatal, pero el tema debe ser definido por la ministra Silvina Frana que pronto tendrá sobre su escritorio una segunda decisión: qué hacer frente al aumento del precio mayorista de la energía eléctrica, una discusión que tiene lugar a nivel nacional y excede a Santa Fe. Debe tenerse presente que el porcentaje solicitado por la Epe corresponde solo a la recomposición de la parte de la boleta que pagan los usuarios correspondiente a la distribución. Además, está el costo del fluido por el que la empresa debe pagar a los generadores a través de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Sociedad Anónima; y los impuestos que no tienen como destino a los ingresos de la empresa. La Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de manera conjunta han convocado para el jueves 17 de febrero a partir de las 8 a una audiencia pública que resolverá los nuevos valores de la generación de la energía eléctrica, de su transporte y de los costos finales para porteños y bonaerenses del conurbano que subsidian todos los argentinos. En la audiencia pública de 2021, Edenor y Edesur informaron que ya tenían un déficit operativo de $ 55.000 millones en conjunto, que soportan los aportes de los contribuyentes de todo el país. Para la Epe (y para los santafesinos) solo influye en sus costos lo que ocurra con los dos primeros subsectores: el que produce energía y el que la lleva de un punto a otro del país a través del Sistema Interconectado Nacional. La discusión tendrá tres partes bien distintas pero tendrá un protagonista en común: los subsidios nacionales que para el Estado nacional pesan cada vez más en su déficit. A diferencia de las dos audiencias públicas por separado que convocó el gobierno nacional para el gas natural por redes, en este caso el llamado fue de ambos: el regulador y el concedente. Diferentes voceros del gobierno nacional han expresado que el aumento no superará el 20%, que no parece suficiente para morigerar el impacto de los subsidios en los números totales del presupuesto (aún en discusión en el Congreso). Si la suba se piensa en términos de una tarifa plana, es decir, para todos los usuarios sin importar sus posibilidades económicas y su situación social la cifra luce baja. La segmentación (que de hecho ya existe en forma de discriminación para los usuarios del interior del país) parece ser la respuesta.